La propuesta busca llevar gas natural a 15 localidades de siete regiones, pero el regulador advierte diferencias entre las viviendas potencialmente beneficiadas y las conexiones efectivamente comprometidas.

La ampliación de la distribución de gas natural hacia 15 localidades de siete regiones del centro y sur del país enfrenta observaciones de Osinergmin. El proyecto impulsado por Cálidda contempla la construcción de más de 3.700 kilómetros de redes y una inversión cercana a los US$600 millones para extender el acceso al gas natural proveniente de Camisea.

La iniciativa comprende zonas de Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Junín, Puno y Ucayali, donde una parte importante de los hogares continúa utilizando balones de gas para sus actividades domésticas.

El proyecto contempla plantas de regasificación, infraestructura de distribución y conexiones domiciliarias. Según Cálidda, las obras serían ejecutadas sin recursos públicos y permitirían reducir el gasto energético de las familias y empresas de las zonas beneficiadas.

La propuesta forma parte de un proceso de ampliación de la concesión que se inició en 2013. Además de extender la distribución hacia nuevas regiones, la adenda plantea ampliar por 10 años la concesión que Cálidda mantiene en Lima y Callao. De aprobarse, el contrato pasaría de vencer en 2033 a extenderse hasta 2043.

Regulador advierte diferencia entre redes y conexiones efectivas

Uno de los principales puntos observados por Osinergmin es la diferencia entre el número de viviendas que podrían encontrarse dentro del área de influencia de las redes y aquellas que realmente tendrían una conexión domiciliaria.

El proyecto estima un universo de aproximadamente 300.000 hogares potencialmente atendibles y establece como compromiso mínimo unas 200.411 conexiones en las 15 localidades.

Para el regulador, esta diferencia plantea interrogantes respecto al nivel de masificación que realmente alcanzaría el proyecto. La instalación de una red frente a una vivienda no significa necesariamente que el inmueble disponga de gas natural, pues se requiere una conexión domiciliaria que permita utilizar el servicio.

El informe técnico de Osinergmin señala que en determinadas localidades la cobertura comprometida sería reducida. En Huancavelica, Huamanga, Curimanay y Quillabamba, por ejemplo, las conexiones previstas representarían menos del 30% de las viviendas consideradas en las áreas analizadas.

De esta manera, una parte de los hogares podría tener infraestructura de gas natural cercana, pero no necesariamente acceso efectivo al servicio durante los primeros años de operación.

La expansión busca reducir el uso de balones de gas

La propuesta también está vinculada con el objetivo de disminuir la dependencia de los balones de gas en las regiones comprendidas. En varias de estas zonas, el abastecimiento de combustibles depende del transporte terrestre, lo que puede incrementar los costos de distribución, especialmente en localidades alejadas.

Los usuarios esperan que la llegada del gas natural contribuya a reducir sus gastos energéticos y facilite el acceso a un combustible distribuido mediante redes. También se plantea como una alternativa frente a las dificultades asociadas al traslado, almacenamiento y manipulación de balones.

Cálidda ha indicado que la primera etapa de la expansión podría beneficiar a alrededor de 1,2 millones de personas. Asimismo, estima que el costo del servicio para los usuarios sería cercano a S/20, frente a un gasto aproximado de S/60 por un balón de gas.

La empresa también sostiene que ha respondido a las observaciones formuladas durante el proceso de evaluación y considera que la aprobación de la adenda permitiría avanzar con las obras.

Extensión de la concesión en Lima genera debate sobre las tarifas

Otro de los aspectos centrales analizados por Osinergmin es la ampliación de la concesión de Cálidda en Lima y Callao hasta 2043.

El organismo regulador ha expresado reparos sobre la posibilidad de extender durante otros 10 años el régimen de remuneración asociado a la infraestructura existente. Según su análisis, parte importante de las inversiones realizadas en el sistema de distribución ya habría sido recuperada mediante las tarifas pagadas por los usuarios.

En ese contexto, Osinergmin advierte sobre un eventual escenario de doble remuneración si se prolonga el esquema tarifario después de 2033. El planteamiento considera que, al finalizar la concesión original, los activos reconocidos mediante las tarifas deberían revertir al Estado bajo las condiciones correspondientes, evitando que los usuarios asuman nuevamente costos por infraestructura ya remunerada.

El regulador también ha planteado interrogantes sobre la recuperación de las inversiones adicionales que demande la expansión regional, considerando la diferencia entre el número de hogares potencialmente beneficiarios y las conexiones que Cálidda se compromete a realizar.

Especialistas plantean separar la expansión regional de la concesión de Lima

Durante el debate sobre la propuesta, especialistas han comparado las inversiones previstas para las siete regiones con el valor de los activos vinculados al sistema de distribución de Lima.

Una parte de las nuevas obras regionales contempla inversiones cercanas a los US$300 millones, mientras que la infraestructura de distribución asociada a Lima tendría un valor estimado de alrededor de US$2.500 millones.

El exviceministro de Energía Pedro Gamio planteó que la expansión del gas natural hacia las siete regiones podría desarrollarse mediante procesos de licitación impulsados por el Estado, sin necesidad de vincularla con la ampliación de la concesión de Lima y Callao.

Desde otra perspectiva, los defensores de la adenda sostienen que el eventual efecto sobre las tarifas de los usuarios limeños sería limitado y que el mecanismo podría utilizarse como una forma de financiar la expansión del servicio hacia otras regiones.

El punto de discusión está en determinar cómo se distribuirán los costos de las nuevas inversiones y qué condiciones deberán cumplirse para garantizar que los beneficios de la expansión regional se traduzcan en conexiones efectivas.

MINEM deberá evaluar las observaciones antes de decidir

La decisión sobre la modificación contractual corresponde al Ministerio de Energía y Minas, que deberá analizar las observaciones técnicas y económicas formuladas durante el proceso.

El ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, había señalado que la firma de la adenda podría producirse en octubre, aunque ello dependerá de la culminación de las evaluaciones y opiniones pendientes dentro del Ejecutivo.

Entre los aspectos que deberán definirse figuran el número de conexiones que Cálidda deberá ejecutar en cada localidad, los cronogramas de construcción y los mecanismos de supervisión para verificar el cumplimiento de las metas.

También será necesario establecer qué medidas se aplicarán ante eventuales incumplimientos y cómo se garantizará que las redes construidas sean acompañadas por un número suficiente de usuarios conectados.

La evaluación del Ejecutivo determinará las condiciones bajo las cuales se desarrollará la expansión del gas natural en las siete regiones y, al mismo tiempo, establecerá el marco contractual y tarifario que regirá para los usuarios de Lima y Callao durante el periodo comprendido entre 2033 y 2043.

La masificación del gas natural hacia siete regiones del centro y sur del país podría movilizar más de US$500 millones en inversión privada, generando además un impacto económico significativo para hogares, empresas y gobiernos subnacionales.

La Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH) señaló que el proyecto contempla atender a más de 300,000 hogares y podría generar más de 5,500 puestos de trabajo, además de aportar más de US$100 millones a los gobiernos regionales y locales.

Inversión que se traduce en ahorro

Uno de los principales impactos económicos proyectados es el ahorro para los usuarios. Según las estimaciones presentadas por la SPH, la expansión del gas natural podría representar más de US$1,600 millones en ahorros para la población, al permitir el acceso a una fuente energética de menor costo.

El proyecto contempla llevar el servicio a Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Junín, Puno y Ucayali, mediante una infraestructura que incluye aproximadamente 3,700 kilómetros de redes de distribución y una inversión estimada de alrededor de US$550 millones, según información oficial del MINEM.

Una inversión con impacto regional

Para la SPH, la masificación debe articular la disponibilidad de recursos de gas con infraestructura y generación de demanda, de manera que el recurso se convierta en actividad económica y reducción de costos energéticos.

La iniciativa permanece vinculada a la culminación del proceso contractual para su ejecución. La SPH sostiene que acelerar su concreción permitiría activar inversión privada y extender los beneficios económicos del gas natural fuera de Lima y Callao.

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Culminó el informe técnico del proyecto que permitirá continuar con el proceso para concretar la firma de la adenda.

El ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, reafirmó el compromiso del Gobierno Nacional con el impulso al proyecto de masificación de gas natural en las regiones de Ayacucho, Ucayali, Junín, Cusco, Puno, Apurímac y Huancavelica, con el objetivo de seguir ampliando el acceso a una energía más económicas para las familias y las actividades productivas a nivel nacional.

Durante una reunión de trabajo con gobernadores regionales y representantes de las siete regiones, informó que el MINEM culminó el informe técnico final del proyecto de masificación de gas natural para, luego de concluir la evaluación correspondiente y levantar las observaciones identificadas.

En esa línea, el documento ha sido remitido al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a fin de solicitar su opinión y poder continuar con el proceso hacia el camino de la firma de la adenda con la empresa Calidda.

Shinno señaló que se espera que la suscripción de adenda se concrete durante el mes de octubre, permitiendo dar paso al inicio del desarrollo de infraestructura en las regiones.

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El proyecto contempla atender inicialmente a más de 201 mil usuarios en cerca de 15 ciudades, con una tarifa equivalente a la de Lima. Asimismo, la infraestructura proyectada permitirá ampliar progresivamente el acceso a más hogares, generando condiciones para un mayor uso del gas natural en las actividades productivas de las regiones.

En la reunión participaron los gobernadores regionales de Puno, Richard Hancco; Cusco, Werner Salcedo; y Ayacucho, Wilfredo Oscorima, además de representantes de Huancavelica y Junín. Las autoridades expresaron su respaldo al desarrollo del proyecto y destacaron los avances alcanzados para continuar con su implementación.

Durante su intervención, el gobernador regional de Cusco, Werner Salcedo, en su calidad de presidente de la Mancomunidad Regional de la Macrorregión Sur, agradeció la reunión de trabajo y destacó los avances alcanzados. Señaló que esta iniciativa permitirá ampliar el acceso al gas natural para más familias peruanas, que durante años han esperado la ejecución de este proyecto.

En el encuentro, el MINEM señaló el interés de impulsar el yacimiento Candamo como una alternativa para fortalecer las reservas y ampliar las fuentes de energía disponibles para atender la demanda de los hogares y la generación eléctrica en el país.

La viceministra de Hidrocarburos, Iris Cárdenas, indicó que los trabajos de exploración realizados en la zona han identificado la existencia de hidrocarburos cuyo desarrollo contribuiría al incremento de las reservas probadas de gas natural del país.

Al respecto, el gobernador regional de Puno expresó su respaldo a impulsar Candamo y consideró que el proyecto puede desarrollarse de manera armónica con el medio ambiente.

El MINEM y los gobiernos regionales acordaron continuar trabajando de manera coordinada, con una visión orientada a ampliar el acceso al gas natural en sus regiones, aprovechar los recursos energéticos del país y fortalecer la infraestructura necesaria para su masificación.