El desabastecimiento de Gas Natural Vehicular (GNV) en Lima y Callao empieza a generar repercusiones críticas en el mercado de combustibles. En las últimas horas, transportistas de la capital y del norte del país han reportado un incremento significativo en el precio del Gas Licuado de Petróleo (GLP), el cual es actualmente utilizado como alternativa ante la falta del recurso principal.

En un recorrido realizado por la avenida Carlos Izaguirre, en el distrito de San Martín de Porres, los conductores manifestaron su malestar por el alza repentina del GLP. Según indicaron los trabajadores de las estaciones de servicio, el precio ha variado entre 30, 50 y hasta 70 céntimos en comparación con el día anterior.

Conductores denuncian que el desabastecimiento de gas natural ha forzado una mayor demanda de combustibles alternativos, elevando los costos de operación y afectando la economía familiar.

También los conductores se mostraron disconformes con el alza de precios e indicaron que el costo del galón pasó de 5.29 a 5.99 soles en menos de 24 horas. En varios grifos de la capital, las islas de GNV lucen totalmente vacías y sin personal debido a la falta del combustible.

Crisis se agudiza en Chiclayo

La situación en la región Lambayeque es aún más alarmante. En la ciudad de Chiclayo, los transportistas denunciaron que el precio del GLP prácticamente se ha duplicado de un día para otro. Mientras que a inicios de semana el galón oscilaba entre los 5.50 y 6.00 soles, hoy se encuentra en diversos grifos desde los 7.40 hasta los 9.99 soles.

Un transportista local expresó su preocupación ante el impacto que esto tiene en su jornada diaria: «Nos afecta bastante porque es el doble prácticamente. (…) Los pasajeros no pagan. En la situación en la que estamos, no pagan».

Los conductores señalaron que, a diferencia de las alzas, cuando los precios internacionales bajan, las empresas demoran en aplicar las reducciones bajo el argumento de esperar a que se agote su stock.

Motivos del desabastecimiento

De acuerdo con los reportes recogidos, la formación de largas filas también responde al temor de los usuarios. Muchos conductores han optado por acudir a las estaciones para «tanquear» sus unidades de manera preventiva, temiendo que el precio siga subiendo en los próximos días o que el combustible se agote por completo.

Esta sobredemanda inusual ha provocado que las estaciones de servicio incrementen sus tarifas ante la incertidumbre por el tiempo que tomará la reparación del ducto principal de la Empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP), estimada inicialmente en 15 días.

La crisis energética que atraviesa el Perú no es un episodio aislado ni exclusivamente técnico. Es la convergencia de una contingencia interna —la interrupción del sistema de transporte de gas de Camisea— y una tormenta internacional marcada por la guerra en Medio Oriente, que ha disparado los precios del crudo y tensionado las cadenas globales de suministro.

En este escenario, el Sindicato de Trabajadores Administrativos de Petróleos del Perú – STAPP considera que la discusión sobre el futuro de Petroperú deja de ser un debate financiero o administrativo para convertirse en un tema de seguridad y soberanía energética.

Camisea: el talón de Aquiles de la matriz energética

La deflagración ocurrida el 1 de marzo en el ducto de líquidos de gas natural en Megantoni (Cusco) obligó a paralizar preventivamente el transporte de gas. El resultado fue inmediato: las principales termoeléctricas que abastecen a Lima y la costa tuvieron que migrar al diésel o reducir operaciones.

El Ministerio de Energía y Minas declaró emergencia energética por 14 días, priorizando el gas para hogares, transporte público y servicios esenciales. Mientras tanto, el precio mayorista de la electricidad se disparó por encima de los 200 dólares por MWh, cuando el promedio habitual oscila entre 30 y 40 dólares.

Para el STAPP el episodio vuelve a poner en evidencia la alta dependencia del país de una sola fuente y de un solo sistema de transporte. Cuando Camisea se detiene, el país entero tiembla.

El factor externo: petróleo caro y volatilidad global

Al mismo tiempo, la guerra entre Israel, Irán y la intervención de Estados Unidos ha reconfigurado el mercado energético global. Las tensiones en torno al Estrecho de Ormuz —por donde transita cerca del 20% del petróleo mundial— han elevado el precio del Brent por encima de los 80 dólares por barril, con proyecciones que lo sitúan entre 90 y 100 dólares si el conflicto escala.

En ese sentido, el STAPP explicó que, para el Perú, importador neto de combustibles refinados, esto implica mayores costos de gasolina y diésel, presión inflacionaria y deterioro de la balanza comercial energética.

La combinación es compleja: menos gas disponible internamente y combustibles importados más caros.

El impacto económico: inflación, competitividad y riesgo fiscal

Los efectos ya comienzan a sentirse:

Inflación: el alza de combustibles presiona transporte y alimentos.
Industria y minería: mayores costos energéticos reducen márgenes y competitividad.
Finanzas públicas: eventuales subsidios o mecanismos de estabilización podrían tensionar las cuentas fiscales.
Confianza de mercado: la volatilidad energética afecta expectativas de inversión.
En este contexto, la fragilidad estructural del sistema energético se vuelve un riesgo macroeconómico.

Petroperú: ¿problema o parte de la solución?

En paralelo a la crisis, Petroperú atraviesa un momento decisivo en su sostenibilidad financiera e institucional. La relación con acreedores internacionales, el debate sobre el Decreto de Urgencia N.° 010-2025 y las señales enviadas al mercado han generado incertidumbre.

Por ello, para el Sindicato de Trabajadores Administrativos de Petróleos del Perú – STAPP, la coyuntura actual obliga a replantear la pregunta de fondo: ¿puede el Perú afrontar crisis energéticas globales sin una empresa estatal sólida que garantice abastecimiento y estabilidad?

Más allá de sus dificultades financieras, Petroperú cumple funciones estratégicas:

Abastecimiento interno de combustibles.
Operación de infraestructura crítica como la Refinería de Talara.
Capacidad de amortiguar choques externos mediante inventarios y logística propia.
“En medio de esta coyuntura y siendo importadores, el país se da el lujo de tener paralizado importantes lotes petroleros tales como el 192, el 64, ambos en la selva peruana; el VI de Talara hace casi 6 meses y 9 plataformas marinas paralizadas del Lote Z69 por la pésima labor del Osinergmin”, cuestionó José Luis Saavedra, secretario general del Sindicato de Trabajadores Administrativos de Petróleos del Perú.

En una economía expuesta a la volatilidad internacional, renunciar a fortalecer su empresa estatal energética puede significar renunciar a instrumentos de política energética.

Propuestas para una salida técnica e institucional

El Sindicato de Trabajadores Administrativos (STAPP), reitera, tal como lo ha manifestado en anteriores oportunidades, que la salida no pasa por decisiones improvisadas ni por soluciones de corto plazo, sino por un enfoque estructural.

1. Aval estatal condicionado

Un respaldo del Estado, sujeto a metas verificables de eficiencia, disciplina de gasto y recuperación de caja, permitiría estabilizar la empresa sin convertirlo en un cheque en blanco.

2. Reperfilamiento ordenado de deuda

Negociar con tenedores de bonos bajo estándares internacionales aliviaría la presión inmediata de liquidez y evitaría escenarios litigiosos que podrían afectar la reputación crediticia del país.

3. Gobernanza blindada y especializada

Se propone un esquema de gobernanza con criterios técnicos y estabilidad institucional, inspirado en modelos como el del Banco Central de Reserva del Perú, donde la continuidad y la profesionalización reducen interferencias políticas.

Un directorio y gerencia con experiencia real en hidrocarburos, refinación y finanzas corporativas sería clave para recuperar confianza.

4. Mesa técnica de alto nivel

Una instancia formal entre el MEF, el MINEM, Petroperú y acreedores podría articular una hoja de ruta con metas trimestrales y comunicación transparente al mercado.

Escenarios futuros

Escenario optimista: Se restablece rápidamente Camisea, el conflicto internacional se contiene y el Brent se estabiliza por debajo de 90 dólares. Petroperú logra un acuerdo ordenado con acreedores y consolida su recuperación operativa. El impacto inflacionario sería transitorio.

Escenario intermedio: Precios del crudo elevados durante 2026 (90–100 dólares), normalización parcial del gas y necesidad de apoyo fiscal limitado. Petroperú se estabiliza, pero bajo fuerte supervisión.

Escenario adverso: Escalada bélica y petróleo por encima de 110 dólares, prolongación de problemas internos y deterioro financiero de la empresa. El impacto en inflación, tipo de cambio y crecimiento podría ser significativo.

Seguridad y soberanía energética: una decisión estratégica

En resumen, para el STAPP, la crisis actual demuestra que la energía no es solo un mercado; es un componente central de la soberanía económica. La dependencia excesiva de importaciones y la fragilidad de la infraestructura interna exponen al país a shocks externos imprevisibles.

Fortalecer Petroperú con criterios técnicos, transparencia y disciplina financiera no implica ignorar sus errores, sino reconocer su papel estratégico en un mundo cada vez más volátil.

En tiempos de guerra y disrupción global, la pregunta no es si el Perú puede permitirse apoyar a su empresa energética estatal. La pregunta es si puede permitirse no hacerlo.

•         De acuerdo con reportaje periodístico, la presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, ha mostrado desprecio a la credibilidad internacional, tras plantar a los bonistas de Petroperú.

•         Se evidencia el aislamiento político, pues al ignorar tanto a los inversionistas como al marco legal vigente, el Gobierno demuestra que sus intereses están alineados con agendas particulares y no con el bienestar de la empresa de todos los peruanos.

•         El Frente de Sindicatos de Trabajadores Petroleros de Petroperú exhorta a la representación nacional a no otorgar el voto de confianza al Gabinete Miralles, pues ha demostrado que sus intereses están alineados con agendas particulares y no con el bienestar de la empresa de todos los peruanos.

El Frente de Sindicatos de Trabajadores Petroleros de Petroperú (FSTPP), en representación de la fuerza laboral que sostiene la soberanía energética del país, se dirige a la opinión pública nacional e internacional para manifestar su más enérgico rechazo a las recientes acciones del Poder Ejecutivo, liderado por la Premier Denisse Miralles.

Un informe publicado este fin de semana por La República revela un escenario crítico que trasciende lo económico para entrar en lo político y diplomático.

Y es que, el solo hecho de que la hoy Premier Denisse Miralles haya «plantado» a representantes de firmas que gestionan trillones de dólares (como BlackRock o Vanguard) no es solo un error protocolar; sino un desprecio a la credibilidad internacional.

“Es una señal de que el Ejecutivo está operando en un búnker ideológico. Estas gestoras no venían a pedir favores, sino a expresar su preocupación por el DU 010-2025, el cual ven como un riesgo para la estabilidad financiera del país”, aseveró el FSTPP.

Asimismo, advertimos que existe una obsesión con el DU 010-2025, pues el reportaje sugiere que el Gobierno está decidido a imponer este Decreto de Urgencia a pesar de las alertas técnicas y la falta de transparencia. Esto confirma que el objetivo no es «salvar» a Petroperú, sino fragmentarla o debilitarla para facilitar intereses privados bajo una fachada de «reestructuración».

Desde nuestro punto de vista se evidencia el aislamiento político, dado que al ignorar tanto a los inversionistas como al marco legal vigente (la demanda ante el Tribunal Constitucional), el Gobierno al que representa Denisse Miralles demuestra que sus intereses están alineados con agendas particulares y no con el bienestar de la empresa de todos los peruanos. El «plantón» es una táctica de evasión ante preguntas que no pueden responder.

Al respecto el FSTPP considera que el evadir dar la cara a las principales gestoras de inversión del mundo, quienes arribaron al país alarmadas por la opacidad y los riesgos del DU 010-2025, se configura un acto de cobardía política que demuestra que el Gobierno no tiene argumentos técnicos para sostener un decreto que atenta contra el patrimonio nacional.

Por estas y otras razones el FSTPP declara:

PRIMERO: RECHAZO TOTAL a la postura de la Premier Miralles. Su negativa a dialogar con sectores clave y su insistencia en un decreto cuestionado demuestran que su permanencia en el cargo solo sirve a intereses oscuros que buscan feriar los activos de Petroperú.

SEGUNDO: EXIGIMOS LA DEROGATORIA INMEDIATA DEL DU 010-2025. No permitiremos que se use la urgencia como pretexto para vulnerar los derechos laborales y entregar nuestra soberanía operativa a manos privadas. El Gobierno debe respetar los tiempos del Tribunal Constitucional y paralizar cualquier intento de reestructuración forzada.

TERCERO: ALERTA DE LUCHA NACIONAL. Convocamos a todos los sindicatos de base, a las organizaciones sociales y al pueblo peruano a mantenerse en pie de lucha. No somos ajenos a que este «plantón» a los inversores es síntoma de un gobierno que ya no tiene rumbo y que, en su desesperación, pretende saquear la joya de los peruanos: nuestra empresa de petróleo.

CUARTO: RESPONSABILIZAMOS directamente a la Premier Miralles y al Ministro de Energía y Minas por cualquier paralización o crisis de desabastecimiento que su terquedad política pueda ocasionar. La patria no es su botín.

En consecuencia, el Frente de Sindicatos de Trabajadores Petroleros de Petroperú (FSTPP) exhorta al Congreso de la República a no otorgar el voto de confianza al gabinete Miralles, o que en su defecto renuncie o sea removida del cargo, luego de estas graves acusaciones. Los trabajadores petroleros no retrocederemos. Si el Gobierno persiste en su traición, nos encontrará en las calles, en las plantas y en las refinerías defendiendo lo que por derecho y sacrificio pertenece a todos los peruanos.