Documento oficial de la Policía Nacional advierte posibles delitos contra la administración pública en el manejo del REINFO.

• La investigación apunta a irregularidades en la exclusión del registro de la empresa Cateos Alex E.I.R.L., un proceso que habría sido manipulado y que hoy está en manos de la Fiscalía Anticorrupción.

Un informe policial oficial ha puesto en evidencia presuntas irregularidades graves en el proceso de exclusión del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) de la empresa Cateos Alex E.I.R.L., lo que podría configurar delitos de corrupción de funcionarios.

El documento, emitido el 16 de marzo de 2026 por la Dirección Contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú, ha sido remitido a la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios para las investigaciones correspondientes.

El informe señala directamente a la Dirección General de Formalización Minera del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) como la entidad donde se habrían producido actuaciones administrativas cuestionadas.

Según el documento, los hechos detectados presentan indicios de connotación penal, lo que abre la posibilidad de que funcionarios públicos y/o terceros hayan intervenido de manera irregular en un procedimiento administrativo clave del sector minero.

“Este caso genera serias preocupaciones sobre la transparencia en los procesos de formalización minera en el país, un sistema que debería garantizar legalidad y orden, pero que estaría siendo vulnerado”, expresó el abogado Carlos Cuneo, representante legal de Cateos Alex EIRL. Asimismo, Cuneo añadió: “Se exige a las autoridades competentes una investigación exhaustiva, independiente y rápida, así como la identificación y sanción de todos los responsables”.

o   Ministro de Energía y Minas, Waldir Ayasta Mechán, sostuvo una reunión de trabajo con representantes de Apucorp.

El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) reafirma la decisión del Gobierno de impulsar una nueva etapa de la actividad minera en el país, orientada a consolidar un modelo de desarrollo que combine crecimiento económico, inclusión social y sostenibilidad ambiental.

En ese contexto, el ministro Waldir Ayasta Mechán sostuvo que la minería circular representa un cambio de enfoque en la gestión de los recursos naturales, en el que la eficiencia productiva debe ir de la mano con la generación de bienestar para las poblaciones y el respeto al entorno.

“La minería que promovemos desde el Gobierno no puede limitarse a la extracción de recursos. Debe convertirse en un motor de desarrollo territorial, capaz de generar oportunidades, fortalecer economías locales y cerrar brechas históricas en las regiones”, enfatizó.

Durante una reunión de trabajo con representantes de Apucorp, el titular del sector destacó la importancia de articular esfuerzos entre el Estado y el sector privado para viabilizar proyectos estratégicos que respondan a las demandas de la ciudadanía y contribuyan a la estabilidad económica del país.

En esa línea, se abordaron los avances del proyecto minero Crespo, ubicado en Chumbivilcas, el cual se proyecta como una iniciativa clave para consolidar la mediana minería bajo criterios de sostenibilidad, innovación tecnológica y responsabilidad social.

“El país necesita inversiones que no solo sean competitivas, sino también social y ambientalmente responsables. Apostamos por proyectos que dialoguen con el territorio, que integren a las comunidades y que generen valor compartido”, subrayó el ministro.

El titular del MINEM ratificó que continuará promoviendo un entorno de seguridad jurídica, diálogo y gobernanza, como pilares fundamentales para el desarrollo de proyectos que contribuyan al crecimiento económico, la generación de empleo y la reducción de desigualdades en el país.

Asimismo, reafirmó el compromiso de avanzar hacia una minería que incorpore estándares internacionales, innovación y sostenibilidad, consolidando al Perú como un destino confiable para la inversión responsable.

·       La Sociedad Nacional de Construcción e Infraestructura rechaza cambios legislativos que debilitan las condiciones para la minería formal y advierten que la norma aprobada en comisión podría beneficiar redes de lavado de activos y narcotráfico.

En los últimos siete años, la minería ilegal se consolidó como la principal economía criminal del Perú, superando incluso al narcotráfico con un movimiento de US$ 8,200 millones de origen delictivo. Sus consecuencias no son solo económicas: los distritos con mayor concentración de minería ilegal —Pataz en La Libertad, Atico en Arequipa y Ananea en Puno— registran tasas de homicidios hasta diez veces superiores al promedio nacional. Son las zonas más peligrosas del país, y la conexión con la actividad minera ilegal está documentada.

Frente a ese escenario, la Sociedad Nacional de Construcción e Infraestructura (SNCI) expresa su rechazo formal a la aprobación en la Comisión de Energía y Minas del Congreso del dictamen del Proyecto de Ley N° 8853-2024-CR, que introduce modificaciones sustantivas a las condiciones económicas de las concesiones mineras, y que fue aprobado sin consulta técnica a los gremios ni a los actores del sector.

Lo que está en juego: US$ 63,000 millones

La minería formal es uno de los pilares de la economía peruana. Genera empleo directo para cientos de miles de trabajadores, produce divisas y financia, a través del pago de impuestos y canon, obras de infraestructura que llegan a municipalidades, gobiernos regionales y ministerios en todo el país.

La cartera de proyectos mineros formales proyectados al momento asciende a US$ 63,000 millones. Esa cifra representa hospitales, carreteras, escuelas y empleos que dependen de que el Perú mantenga condiciones claras, estables y confiables para la inversión.

Modificar las reglas de juego de las concesiones mineras en plena campaña electoral —sin debate técnico, sin consulta a expertos y sin evaluar el impacto sobre la confianza inversora— pone en riesgo ese flujo de recursos. Y las consecuencias no las paga el Congreso. Las pagan los peruanos.

Una ley pendiente que no puede aprobarse a la ligera

La SNCI reconoce que existe un sector real de pequeños productores mineros que requieren un marco legal que facilite su formalización. Para ello está pendiente la elaboración y aprobación de la Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE), una norma necesaria pero que debe diseñarse con absoluta responsabilidad técnica.

El riesgo es concreto: normas mal diseñadas o aprobadas sin los controles adecuados pueden convertirse en puerta de entrada para redes de narcotráfico y lavado de activos que esperan exactamente este tipo de ventanas legales para blanquear capitales a través de la actividad minera informal.

La SNCI hace un llamado urgente al Congreso de la República, al Poder Ejecutivo, a la Presidencia del Consejo de Ministros y al Ministerio de Energía y Minas para que, antes de avanzar con cualquier modificación normativa al sector minero, se convoque a un diálogo técnico amplio, transparente e inclusivo con todos los actores del sector.

“El Perú no puede darse el lujo de ahuyentar inversión formal mientras la minería ilegal sigue expandiéndose, financiando crimen y destruyendo territorios”, sostienen desde la SNCI.