El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) rechaza de manera categórica las afirmaciones injuriantes y difamatorias formuladas en un reciente reportaje televisivo, en las que se sugiere la existencia de presuntos cobros irregulares para acceder a cargos públicos dentro del sector.
Al respecto, tales afirmaciones son totalmente falsas, carecen de sustento, atentan la integridad, imagen y honorabilidad de la institución.
Los procesos de designación en el MINEM se desarrollan siguiendo criterios técnicos, en el marco de las normas vigentes y los preceptos establecidos por la Autoridad Nacional del Servicio Civil, con trazabilidad administrativa y bajo el escrutinio de las entidades de control competentes.

COMUNICADO

Resulta inaceptable que, a través de declaraciones sin sustento, se pretenda desprestigiar a un organismo público de reconocido perfil técnico. El MINEM no tolerará este evidente ánimo de desacreditar con desinformación que afecta la confianza pública de la entidad y los usuarios.
El MINEM, deja a salvo el derecho a la defensa de la institución para que a través de su Procuraduría Pública se considere el inicio de acciones legales contra quienes resulten responsables de atentar la imagen institucional con afirmaciones falsas y tendenciosas.
El MINEM reafirma su compromiso con la transparencia, la meritocracia y el buen funcionamiento de la administración pública. Continuaremos trabajando con firmeza para seguir fortaleciendo la confianza ciudadana en el servicio público.

El vicepresidente del IIMP, Juan Carlos Ortiz, advirtió que mientras Estados Unidos, Canadá, Chile y Argentina implementan sistemas más ágiles y coordinados para aprobar proyectos mineros, el Perú mantiene procesos que ponen en riesgo su competitividad.

El vicepresidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), Juan Carlos Ortiz, alertó que los plazos y la fragmentación institucional en los procesos de evaluación de proyectos mineros están restando competitividad al país frente a otras jurisdicciones que ya implementan sistemas más ágiles y coordinados. Así lo señaló durante su intervención como panelista en el reciente Jueves Minero.
Ortiz subrayó que el Perú continúa enfrentando trámites excesivamente largos, que se agravan por procesos secuenciales entre entidades que no comparten información y que, además, generan retrocesos innecesarios.
“Actualmente, un estudio de impacto ambiental, desde que se presenta hasta que se aprueba, puede tomar tranquilamente tres años”, advirtió. A ello, se suman etapas posteriores que pueden extender la espera hasta cuatro años antes de saber siquiera si corresponde o no realizar una consulta previa.
Procesos administrativos eficientes en otros países
Durante su intervención, Ortiz describió cómo países mineros de referencia están reformando sus marcos regulatorios para agilizar proyectos estratégicos. Mencionó, por ejemplo, la norma FAST-41 en Estados Unidos, que obliga a las agencias federales a coordinar agendas y dotar

de recursos suficientes para no retrasar las evaluaciones. Además, destacó que Canadá ha cambiado su enfoque hacia “cómo se hace” un proyecto de manera segura, en lugar de discutir si “va o no va”.
También citó el caso de Chile, que revisa sus plazos, y Argentina, que impulsa convenios de largo plazo para garantizar estabilidad tributaria y macroeconómica.
Para Ortiz, si el país no moderniza su sistema de permisos en un contexto global tan competitivo, seguirá perdiendo oportunidades. “Lo que queremos nosotros es proponer un debate que permita traer más competitividad al Perú como destino de inversiones mineras”, remarcó.
Hacia una ventanilla única real
Ortiz explicó que una de las principales reformas en marcha es el impulso del gobierno junto al Banco Mundial para implementar una Ventanilla Única Digital (VUD) que permita evaluaciones simultáneas y el uso de bases de datos compartidas entre las entidades involucradas.
“Actualmente un expediente va a diferentes instituciones que no comparten la misma base de datos”, indicó. En cambio, el nuevo modelo busca que todas las autoridades revisen la información en línea, con trazabilidad y transparencia. El representante del IIMP sostuvo que la minería peruana necesita este tipo de herramientas no solo para reducir la incertidumbre, sino para competir en mejores condiciones con otras jurisdicciones que ya han avanzado en la simplificación administrativa.

La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Madre de Dios consiguió la destrucción de 97 campamentos rústicos, así como 24 balsas utilizadas para la extracción directa de minerales en el margen izquierdo del río Malinowski, situado en la quebrada Boquichico, al interior de la Reserva Nacional de Tambopata; así como en el sector Nerma, provincia de Manu, en el mismo departamento.

En la diligencia liderada por el fiscal provincial Carlos Chirre Ramírez y el fiscal adjunto provincial Edwin Tocra Huamani también se detonó 36 motores, 24 tolvas, pozas, motos lineales, un peque peque (embarcación ligera), 1000 galones de combustible, motosierras, generadores eléctricos, alfombras y demás implementos que servían para las actividades ilícitas en dichas áreas.

Ante lo hallado, se dispuso aplicar el Decreto Legislativo N.° 1100, que contempla protocolos para combatir la minería ilegal a través de la destrucción de enseres y maquinarias destinadas a esa actividad.

Cabe indicar que el operativo contó con el apoyo de efectivos de la Dirección de Medio Ambiente (Dirmeamb), División contra la Minería Ilegal (Divcomin) y la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes), así como personal del Ejército del Perú.

A través de estas acciones, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Madre de Dios reafirma su compromiso con la lucha frontal contra los delitos que afectan la Reserva Nacional de Tambopata y la riqueza natural y biológica de todo el país.