Hidrocarburos
Pueblos de la Amazonía peruana denuncia abandono a dos años de los derrames de petróleo
Los pueblos de la Amazonía peruana se sienten abandonados y siguen sufriendo las consecuencias de los derrames de petróleo que en 2016 tiñeron de negro los ríos donde pescan y se bañan y las tierras donde cultivan yuca, maíz y maní, base de su alimentación.
«Aquí no viene nadie, nadie nos pregunta, ¿Cómo han llegado ustedes?», dice sorprendido un campesino sentado en un pequeño embarcadero, en uno de los márgenes del río Morona, cuando ve llegar a un grupo de periodistas de un país que no ha oído nunca y cuyo viaje ha organizado Cáritas Española para que tengan la posibilidad de escuchar a estos campesinos.
El último tramo de carretera está a más de siete horas a través del río. Solo se puede acceder a las comunidades del distrito Morona en embarcaciones que sortean los troncos que flotan en las aguas de color marrón rojizo de este afluente del Amazonas.
Por sus comunidades pasa el oleoducto más largo del Perú, que funciona desde 1974 transportando crudo desde los campos petrolíferos en la Amazonía del norte peruano, cruzando la selva y los Andes, hasta la costa de Bayóvar.
El Oleoducto Nor Peruano -de casi mil kilómetros- está gestionado por la empresa estatal Petroperú con un elevado riesgo para el medio ambiente por el precario mantenimiento, denuncian.
Hace algo más de dos años, 22 comunidades, la mayoría indígenas (kukama, kukamiria, shawi, wampis y awajún) se vieron afectadas por una docena de vertidos por fugas de crudo en el oleoducto, que tuvo que cerrar durante un año y realizar tareas de mantenimiento.
«Seguimos pescando por necesidad, no tenemos otro alimento, aunque sabemos que el río sigue contaminado. Estamos muy preocupados por la salud, pero nadie hace nada, ni las autoridades locales y ni el Gobierno. Nos sentimos engañados, burlados y atropellados en nuestros derechos», explica Casinaldo Núñez, un agricultor de Saramiriza, la localidad donde termina la carretera.
Los pobladores están nombrando líderes y haciendo federaciones para reclamar a las autoridades y a Petroperú que cumplan sus compromisos, como construir un pozo cartesiano en cada comunidad para tener agua para beber y «piscigranjas» para no tener que pescar en las zonas que aseguran siguen contaminadas, lo que no se ha hecho todavía.
«Siendo los productores de la riqueza de Perú, carecemos de todo», explica Carlos Luis Paifo, profesor de la escuela de Puerto América, la población más grande de esa zona, con cerca de 3,000 habitantes.
En el centro salud, que cubre todas las aldeas próximas, hay pocas medicinas y tras los vertidos han aumentado las visitas de pacientes con afecciones respiratorias (bronquitis, asma), cutáneas y dolores de cabeza, según explica el enfermero y responsable de la red de salud, Oto Torres.
El hospital más cercano está a ocho horas en lancha (en San Lorenzo) y cuentan que hace unos días murió un niño con bronquitis al no poder ofrecerle el tratamiento adecuado.
A media hora navegando se llega hasta Tierra Blanca -donde viven once familias-, punto de origen de otro de los vertidos que se extendió por la quebrada Cashacaño y continuó por los cursos de los ríos Morona y Marañón.
«El agua está contaminada, sigue bajando petróleo, cuando llueve flotan las manchas y no tenemos pozos para coger el agua, no los han construido como dijeron; tenemos que beber agua de lluvia», nos cuenta Mercedes Panduro, que está embarazada, mientras espera que lleguen sus otros tres hijos de la escuela, a la que asisten 14 alumnos.
Nos muestra lesiones en la piel de las piernas, las mismas que tiene uno de sus hijos, y dice que son por bañarse en el río.
«La contaminación sigue, con la lluvia torrencial la quebrada crece, empieza a remover y sale», confirma la profesora Nancy Vargas.
Recuerda que el vertido ha alterado la vida de esa comunidad, que tuvieron que dejar de pescar, los animales de caza se han alejado por la tala de árboles y los cultivos están afectados por la contaminación.
«Bajó el rendimiento académico de los niños por el problema de la alimentación» y -añade- fueron insuficientes los alimentos que repartió Petroperú durante los meses posteriores al vertido.
Los agricultores explican que sus cultivos no crecen como antes de los vertidos y que muchas plantas se secan cuando el río crece.
Organizaciones de la iglesia, como Pastoral de la Tierra y Cáritas, están ayudando a estas comunidades a presentar reclamos por la vulneración de sus derechos durante la explotación de recursos naturales por parte de las petroleras.
Pero también a implantar cultivos más sostenibles, incorporando a los tradicionales otros como árboles frutales y cacao.
Durante el recorrido por estas comunidades se expresan reproches hacia sus autoridades por aprovecharse del desconcierto y del aislamiento que sufren. La regidora de la provincia de Datem del Marañón, Rosana Moreno, responde: «la municipalidad no ha cerrado los ojos para no ver la realidad, pero lamentablemente a nivel nacional no nos dan inmediata solución; necesitamos recursos económicos para solucionar los problemas».
«Nos están matando, nos están exterminando la etnias por la contaminación del río de petróleo», lamenta la regidora, quien confiesa que ella ha vivido esa «cruda realidad» con la muerte de un hijo por leucemia después de haber estado consumiendo agua tras los vertidos. «A mi niño la contaminación le ha afectado», concluye.
Fuente: Gestión
Hidrocarburos
Gobierno cambia al presidente de Petroperú y designa a Oliver Stark para liderar la estatal
El Gobierno decidió renovar el directorio de Petroperú tras la polémica reorganización interna aprobada por la empresa estatal, que contemplaba la creación de nuevas gerencias y aumentos salariales. La medida incluye la designación de Oliver Stark como nuevo presidente del directorio en reemplazo de Edmundo Lizarzaburu.
Reorganización interna habría precipitado el relevo
La decisión del Ejecutivo se produjo luego del malestar generado por la reorganización de la estructura gerencial de Petroperú, aprobada el 5 de agosto. La medida, que incluyó la creación de nuevas gerencias y mejoras salariales, habría motivado el cambio inmediato del presidente del directorio y de la mayor parte de sus integrantes.
La publicación señala que Carlos Linares permanecería como vicepresidente del directorio.
Oliver Stark retorna a la presidencia de la estatal
Oliver Stark, quien presidió Petroperú entre junio y septiembre de 2024, asume nuevamente la conducción de la empresa. Incluso el propio ejecutivo confirmó la información a un medio local de Perú.
Asimismo, integrarían el nuevo directorio César Burga, exdirector independiente de Petroperú, además de Daniel Ortega y Víctor Andrés Belaunde.
Tendrá a su cargo la reorganización de Petroperú
Durante su anterior gestión Stark impulsó una propuesta de reestructuración de la empresa con el objetivo de reducir la dependencia de rescates financieros del Estado. También promovió una auditoría forense a la Nueva Refinería Talara y planteó medidas para optimizar la gestión de la estatal.
Según el diario, el nuevo presidente tendrá como principal misión conducir el proceso de reorganización de Petroperú en coordinación con ProInversión. La designación oficial del nuevo directorio será comunicada a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) en las próximas horas.
Hidrocarburos
Buques frente a Talara generan pérdidas de hasta US$100.000 diarios para Petroperú por sobreestadía
La permanencia de dos buques petroleros fondeados frente a la costa de Talara, sin autorización para descargar su cargamento de crudo, está generando un elevado costo para Petroperú. La estatal afronta penalidades internacionales por sobreestadía (demurrage) que podrían alcanzar hasta US$100.000 diarios, agravando aún más su delicada situación financiera.
La demora en la descarga dispara los costos
En el comercio marítimo internacional, cuando un buque permanece inmovilizado más allá del tiempo establecido para realizar las operaciones de carga o descarga, el propietario de la nave cobra una penalidad conocida como demurrage o sobreestadía.
En el caso de Petroperú, el costo por mantener un buque petrolero sin descargar oscila entre US$20.000 y US$50.000 por día, dependiendo del tamaño de la embarcación y de las condiciones pactadas en el contrato de transporte.
Al existir actualmente dos buques internacionales a la espera de descargar frente al litoral de Talara, el desembolso diario para la empresa estatal se estima entre US$40.000 y US$100.000.
Crisis de liquidez y problemas operativos
La permanencia de las embarcaciones obedece a una combinación de factores. Por un lado, la falta de liquidez de Petroperú ha dificultado el cumplimiento de compromisos comerciales vinculados a la compra de crudo. A ello se suman las restricciones operativas ocasionadas por los oleajes anómalos que han afectado el puerto de Talara.
Esta situación mantiene inmovilizados los cargamentos de petróleo que la Nueva Refinería Talara requiere para reanudar plenamente sus operaciones.
Contraloría ya advirtió pérdidas por demoras similares
Las penalidades por sobreestadía no constituyen un hecho aislado. La Contraloría General de la República ya había identificado pérdidas económicas derivadas de deficiencias logísticas y administrativas en Petroperú.
Uno de los casos observados fue el pago de US$396.135 a PetroChina International, debido a retrasos en la emisión de cartas de crédito que impidieron liberar oportunamente un cargamento de petróleo.
Un costo que agrava la crisis financiera
Especialistas señalan que las penalidades por demurrage funcionan como un verdadero «taxímetro financiero»: cada día de retraso incrementa las pérdidas sin generar ningún beneficio operativo ni valor agregado para la empresa.
En un contexto de restricciones de liquidez y dificultades para abastecer la Nueva Refinería Talara, estos costos adicionales profundizan la presión sobre las finanzas de Petroperú y evidencian la necesidad de resolver cuanto antes los problemas que mantienen inmovilizados los cargamentos de crudo.
Hidrocarburos
Nueva Refinería Talara reiniciará operaciones el 5 de agosto tras paralización por falta de crudo y problemas financieros
La Nueva Refinería Talara (NRT) permanece paralizada debido a una severa crisis de liquidez que impidió la compra de petróleo crudo para su procesamiento, situación agravada por los oleajes anómalos que dificultan la descarga de combustible en el terminal marítimo. Petroperú prevé reiniciar progresivamente las operaciones de la planta a partir del 5 de agosto, una vez que logre concretar la recepción del crudo necesario para reactivar la producción.
La falta de liquidez obligó a detener la producción
La paralización de la Nueva Refinería Talara responde principalmente a la falta de recursos para adquirir petróleo crudo, consecuencia de la delicada situación financiera que atraviesa Petroperú. La empresa estatal mantiene una deuda cercana a los US$ 8.000 millones, compromisos que incluyen obligaciones con bonistas internacionales, proveedores de crudo, entidades respaldadas por CESCE y el propio Estado peruano.
Esta situación limitó la capacidad de abastecimiento de materia prima para una instalación diseñada para procesar 95.000 barriles diarios, considerada la principal refinería del país.
Reinicio de operaciones está previsto para el 5 de agosto
Petroperú proyecta que la reactivación de la Nueva Refinería Talara se realizará de manera progresiva a partir del 5 de agosto, una vez que se concrete la descarga del petróleo crudo requerido para reiniciar el proceso de refinación.
La planta, que inició operaciones comerciales a finales de 2023 luego de su proceso de modernización, ha registrado durante 2026 diversas interrupciones tanto por factores técnicos como financieros.
Oleajes anómalos agravan la crisis operativa
A la falta de liquidez se suma un factor externo que ha complicado aún más la situación. Los oleajes anómalos registrados en el litoral norte obligaron al cierre temporal del puerto de Talara, impidiendo que las embarcaciones puedan atracar y descargar combustible de forma segura.
Esta condición marítima retrasó la llegada del crudo necesario para la reanudación de las operaciones y prolongó la paralización de la refinería.
La paralización generó un efecto en cadena
La inactividad de la planta también provocó la saturación de la capacidad de almacenamiento de petróleo nacional en Talara. Al no procesarse el crudo diariamente, los tanques disponibles alcanzaron su límite, reduciendo el espacio para recibir nuevos cargamentos provenientes de la selva y de los lotes petroleros del norte.
Como consecuencia, incluso si se resolvieran los problemas de pago, la infraestructura disponible no permitiría recibir inmediatamente los grandes volúmenes transportados por los buques internacionales, generándose un círculo vicioso que retrasa la normalización de las operaciones.
La combinación de restricciones financieras, limitaciones logísticas y condiciones marítimas adversas mantiene a la Nueva Refinería Talara en una situación operativa crítica, mientras el sector energético permanece atento al cumplimiento del cronograma de reinicio previsto para el 5 de agosto.
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