El reciente Decreto de Urgencia N.° 010-2025, promulgado por el Gobierno peruano en las últimas horas de 2025, situó en el centro de la discusión pública el futuro de Petroperú, la petrolera estatal. La decisión, tomada por la Junta General de Accionistas (JGA) compuesta por representantes del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), abrió escenarios sobre el destino de los activos energéticos más relevantes del país.

Publicada a escasas horas de la medianoche del 31 de diciembre, la norma transfirió a ProInversión —la agencia estatal de promoción de la inversión privada— el control del proceso de reestructuración, junto con un pago inicial de 144 millones de soles para auditorías y la puesta en marcha de un plan de despidos masivos.

En el marco del Simposio Virtual “Análisis del Decreto de Urgencia 010-2025”,organizado por el Colegio de Ingenieros del Perú – CD Lima, el director de Osinergmin y expresidente de Perupetro, Aurelio Ochoa Alencastre, dijo que el decreto se aprobó en circunstancias “poco habituales”, lo que genera suspicacias sobre la transparencia del proceso. Recordó que la reorganización ya estaba prevista en la Ley 30330, promulgada en diciembre de 2015.

“Esta norma no solo autorizaba la reorganización, sino que establecía un plazo de 270 días para ejecutarla y permitía la venta de hasta el 49% de las acciones de Petroperú, facilitando el ingreso de capital privado”, sostuvo el también exmiembro del directorio de Petroperú.

Esta ley, explicó, no ha sido derogada y sigue vigente, por lo que cualquier discusión sobre privatización ya estaba amparada por el marco legal desde hace más de una década. En este sentido, Ochoa menciona el Decreto de Urgencia 011-2024 emitido en noviembre de 2024, como antecedente directo del actual.

Este decreto formó parte de un intento de salvataje de Petroperú, imponiendo condiciones como la asunción de la parte económica del Oleoducto Norperuano por parte del MINEM y la reducción de gastos operativos en un 10% para 2024 y en un 30% para 2025. Estos compromisos no se han cumplido ni se han publicado sus resultados.

ProInversión, ¿a un paso de terminar con la privatización de los noventa?

Para Ochoa, el problema se encuentra en el artículo 4 del nuevo decreto, que remite al DL 674 de 1991, aún vigente. Esta norma fue el marco legal para la privatización de empresas públicas durante el gobierno de Alberto Fujimori, incluido el traspaso de activos de Petroperú como la Refinería de La Pampilla, lotes petroleros, Solgás y otros.

“Este decreto de urgencia, en su artículo cuarto, precisa una situación que no tiene que ver con la reestructuración, y es en este caso el proceso de privatización. Faculta a que pueda transferirse parcial o totalmente los activos de Petroperú”, acusó el especialista.

Según Ochoa, el gobierno de transición, a pocos meses de las elecciones de abril de 2026, no debería tomar decisiones que impliquen cambios estructurales tan profundos para una empresa estatal estratégica como Petroperú.

En esta línea, criticó los plazos “draconianos” del decreto, como los 5 días otorgados a Petroperú para coordinar con ProInversión y los 60 días para que esta entidad presente el esquema de reestructuración y posible fragmentación de la empresa, plazos que considera irrealizables.

Aurelio Ochoa: “El propio primer ministro ha tenido que reconocer que es una privatización”

Ochoa cuestiona la idoneidad de ProInversión para liderar la reestructuración de Petroperú, señalando que la agencia carece de experiencia en la industria de hidrocarburos. Asimismo, cuestionó el rol de la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, por emitir declaraciones que han precipitado el valor de las acciones de la empresa, que opera en bolsa.

Como ejemplo, cita el fracaso en la masificación del gas en 7 regiones, un proyecto encargado a ProInversión desde hace más de 10 años y que no ha tenido avances significativos. Sugiere que, en caso de continuar, sería necesario contratar firmas internacionales especializadas en reestructuración petrolera.

Finalmente, advierte que el decreto otorga a ProInversión atribuciones que antes eran exclusivas del directorio de Petroperú, lo que de hecho vacía de poder a este órgano y lo reduce, en palabras de Ochoa, a una “mesa de partes”, del cual manifestó “no entiende la prisa, siendo un gobierno transitorio”.

“El propio primer ministro tuvo que reconocerlo: ‘No será una privatización inmediata’. Ahora tuvo que admitir que sí, por supuesto, va a ser una privatización, aunque no inmediata”, dijo.

Petroperú: ¿Dependencia energética y límites de la modernización?

Erick García Portugal, presidente de la Comisión de Seguridad Energética del CIP-CDLima y exdirector general de Hidrocarburos del MINEM, aseguró que la crisis de Petroperú debe analizarse desde la estructura misma del sector y la realidad energética nacional.

Señaló que Perú no es un país petrolero, ya que su producción resulta limitada y la dependencia de importaciones de combustibles ha ido en aumento sostenido durante los últimos años, lo que deja a la economía nacional expuesta y sin margen de maniobra ante escenarios internacionales adversos.

García explicó que la modernización de la Refinería de Talara, que en teoría permitiría procesar crudo más pesado y barato, no ha logrado resolver los problemas de fondo. Cuestionó que, pese a la millonaria inversión realizada, no ha podido operar a plena capacidad por la carencia de liquidez necesaria para adquirir el crudo y por fallas técnicas en equipos clave.

“En estos últimos años se ha hablado solo de una palabra, ‘privatización’, y con esa palabra nos hemos olvidado de cómo está la empresa hoy y qué pasaría si no se da ningún tipo de rescate. No queda claro cuál es la política comercial, no queda claro cuáles son los descuentos, a quién se hacen los descuentos. El tema de transparencia es básico”, aseveró.

La falta de transparencia y gestión profesional agrava la crisis

Durante su intervención, García remarcó que la debilidad financiera de Petroperú se ha visto agravada por la alta rotación de sus directorios y la ausencia de un sistema profesional de gestión. “El directorio solo gana dos dietas, no llega ni a 8.000 soles para tomar decisiones de más de 5.000 millones de dólares”, explicó el experto.

“Los rescates no han resuelto el problema estructural de Petroperú. Se concentraron en inyectar liquidez de corto plazo sin corregir las debilidades operativas, comerciales y de gobernanza”, indicó. Para García, la política comercial carece de claridad y transparencia, lo que afecta tanto a la confianza del mercado como a la percepción ciudadana.

En cuanto a la gobernanza, el ingeniero insistió en la urgencia de profesionalizar tanto la selección como la remuneración del directorio y de instaurar procesos meritocráticos y de control independiente, ya que la falta de un plan claro de retorno de inversiones y de evaluación de escenarios limita cualquier posibilidad de recuperación real.

“La alta rotación de los directorios no te permite hacer gestión. Creo que todos los peruanos queremos una empresa pública eficiente, sólida. Pero para poder tener una empresa sólida y eficiente, tenemos que reconocer que se está haciendo mal”, refirió el consultor.

Erick García sobre Petroperú: “Las decisiones de reestructuración son difíciles, pero necesarias”

Respecto al Decreto de Urgencia N.° 010-2025, el exdirector de Hidrocarburos manifestó que, si bien es una medida legalmente válida y necesaria para evitar el colapso inmediato de la empresa, no basta por sí sola. “Petroperú no está en quiebra ni con insolvencia, Petroperú va en riesgo financiero. Hay muchas informaciones de idas y vueltas”, añadió.

Por tal motivo, el panelista alertó que, si no se acompaña de una reforma profunda y estructural, la empresa permanecerá en riesgo, ya que derogar el decreto o evitar nuevos apoyos financieros podría interrumpir la cadena de pagos y paralizar la operatividad.

Para Erick García, el futuro de Petroperú depende de que se tomen decisiones técnicas y estructurales, como la segmentación de unidades deficitarias, la búsqueda de socios estratégicos y la implantación de una política de eficiencia y transparencia genuina.

“Nuestro objetivo país es asegurar la viabilidad de Petroperú, la seguridad energética y el interés del país, por lo cual tiene que ser muy eficiente. Las decisiones de reestructuración son difíciles, pero creo que con lo que les he mencionado son necesarias porque las hemos postergado”, sentenció.