La reorganización de Petroperú no contempla una privatización total de la empresa, según precisó la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión), que señaló que los activos considerados estratégicos continuarán siendo propiedad del Estado.

El proceso busca, en cambio, incorporar capital y participación privada en determinadas unidades de negocio, así como mejorar su gestión y desempeño operativo. El esquema forma parte de la reorganización patrimonial y operativa que actualmente se encuentra bajo responsabilidad de ProInversión.

Durante una presentación ante la Comisión de Energía y Minas del Congreso, Ángel Delgado, director del proyecto de reorganización de Petroperú, explicó que la propuesta contempla que el sector privado participe conjuntamente con la petrolera estatal en la administración de determinados activos.

“Lo que se busca es que el privado, junto a la petrolera, gestionen el activo”, señaló Delgado durante su exposición ante el grupo parlamentario.

Reorganización mediante bloques patrimoniales

El proceso conducido por ProInversión contempla diferentes alternativas para los activos de Petroperú, entre ellas su venta, disposición u otros mecanismos de gestión, de acuerdo con la información oficial del proyecto.

La estrategia busca atraer inversión y conocimiento especializado, además de aprovechar capacidades logísticas y operativas del sector privado mediante contratos de operación y gerencia.

El modelo considera la organización de los activos en bloques patrimoniales, con el objetivo de establecer esquemas diferenciados para cada unidad de negocio y mejorar su desempeño.

La propuesta también incluye la estructuración financiera de los bloques, su promoción ante potenciales inversionistas y la monetización de activos inmobiliarios que no sean considerados estratégicos para las operaciones de Petroperú.

El Gobierno ha señalado que uno de los objetivos de la reorganización es lograr que las distintas líneas de negocio de la petrolera alcancen condiciones de autosostenibilidad y rentabilidad, sin que ello implique la liquidación de la empresa.

Financiamiento internacional por hasta US$2.000 millones

La recuperación de la liquidez constituye otro componente central del proceso de reorganización.

Oliver Stark, presidente del directorio de Petroperú, informó que la compañía busca acceder a una línea de financiamiento internacional de hasta US$2.000 millones para respaldar la continuidad de sus operaciones.

El mecanismo autorizado establece que los recursos estarán destinados exclusivamente a atender las necesidades operativas de la empresa.

Para canalizar este financiamiento se creó Petroperú Invest S.A.C., vehículo financiero que permitirá recibir recursos provenientes de entidades privadas internacionales bajo un esquema separado de las obligaciones anteriores de Petroperú, además de incorporar mecanismos de control y trazabilidad.

Como parte de esta estrategia financiera, Petroperú concretó en septiembre un crédito puente por US$475 millones, destinado a reforzar su liquidez y sostener su capacidad operativa.

Petroperú busca fortalecer su sostenibilidad financiera

El proceso de reorganización tiene entre sus objetivos mejorar el uso de los activos de Petroperú, elevar la eficiencia de sus operaciones y reducir progresivamente la necesidad de respaldo financiero del Estado.

La estrategia se desarrolla en un contexto marcado por las dificultades financieras que la empresa ha enfrentado durante los últimos años, entre ellas un elevado nivel de endeudamiento y los compromisos asociados a la modernización de la Refinería Talara.

En este escenario, el esquema planteado combina la búsqueda de financiamiento internacional, la reorganización de los activos en bloques patrimoniales y la participación de capital privado en determinadas operaciones.

ProInversión sostiene que este proceso no supone una privatización integral de Petroperú y que los activos estratégicos permanecerán bajo propiedad estatal, mientras se busca incorporar inversión y capacidades privadas para mejorar la gestión de determinadas unidades de negocio.

El Sindicato de Trabajadores Administrativos de Petroperú (STAPP) pidió detener el proceso de reorganización de la empresa estatal mediante bloques patrimoniales, al considerar que una eventual transferencia de activos o de su gestión a privados podría generar efectos difíciles de revertir mientras el Tribunal Constitucional evalúa la legalidad del Decreto de Urgencia 010-2025.

A través de un comunicado, el gremio manifestó su rechazo a la norma y a cualquier medida que, según su posición, pueda fragmentar el patrimonio de Petroperú o trasladar a operadores privados la administración de sus principales unidades de negocio.

El sindicato sostuvo que la empresa necesita capital, eficiencia y cambios en su gestión, pero planteó que estos procesos deben desarrollarse manteniendo un modelo integrado y bajo control estatal.

STAPP cuestiona participación privada en los bloques patrimoniales

El pronunciamiento sindical se refiere al esquema de reorganización de Petroperú mediante bloques patrimoniales, que contempla alternativas para incorporar capital y participación privada en determinados activos y negocios de la compañía.

Para el STAPP, mecanismos como la venta de activos, la transferencia de operaciones o la división del patrimonio podrían significar, en la práctica, un traslado del control de determinadas actividades a terceros, incluso si la propiedad formal permanece en manos del Estado.

La organización señaló que reconoce la necesidad de que Petroperú obtenga recursos para garantizar la continuidad de sus operaciones. Sin embargo, sostuvo que la búsqueda de financiamiento debe realizarse utilizando los mecanismos contemplados en el marco legal de la empresa.

“Buscar capital es legítimo; entregar la empresa por partes, no”, afirmó el sindicato.

Asimismo, el gremio planteó que cualquier reforma debe preservar el papel estratégico de Petroperú en el abastecimiento energético nacional. Para ello, pidió fortalecer la gestión, la transparencia y el gobierno corporativo sin separar la estructura patrimonial y operativa de la compañía.

Reclamo por derechos laborales

Otro de los puntos incluidos en el pronunciamiento está relacionado con los trabajadores de Petroperú.

El STAPP solicitó que cualquier decisión que involucre al personal sea comunicada previamente y discutida con las organizaciones sindicales. En particular, rechazó que puedan efectuarse transferencias, desplazamientos o modificaciones de las condiciones laborales sin un proceso de diálogo.

El gremio también reclamó el respeto de los derechos adquiridos, los convenios colectivos vigentes, la estabilidad laboral y la libertad sindical durante cualquier proceso de reorganización.

Según el sindicato, estas garantías tienen respaldo en la Constitución Política del Perú y en los Convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

El STAPP informó además que presentó una demanda de amparo en defensa de los trabajadores, proceso que se encuentra pendiente de sentencia. La acción busca cuestionar los posibles efectos de la norma y de las medidas que se adopten en su aplicación sobre las relaciones laborales de la empresa.

Demandas contra el Decreto de Urgencia 010-2025

La discusión sobre la constitucionalidad del Decreto de Urgencia 010-2025 también forma parte de los argumentos expuestos por el sindicato.

El STAPP señaló que la Defensoría del Pueblo y la Municipalidad Provincial de Talara presentaron demandas de inconstitucionalidad contra la norma ante el Tribunal Constitucional.

De acuerdo con el comunicado, ambos procesos fueron acumulados y quedaron al voto el 25 de agosto de 2026. Ante esta situación, el sindicato solicitó al Tribunal Constitucional que emita una decisión y que, mientras se resuelve la controversia, se eviten medidas de ejecución que puedan generar consecuencias difíciles de revertir.

El gremio cuestionó que continúen avanzando decisiones de carácter estructural mientras permanece pendiente la definición sobre la validez de la norma y pidió evitar la consolidación de situaciones que posteriormente podrían resultar complejas de revertir.

El antecedente de los años noventa

Como parte de sus argumentos, el STAPP recordó el proceso de reestructuración de Petroperú desarrollado durante la década de 1990, periodo en el que determinados activos fueron transferidos y algunas instalaciones pasaron a ser administradas por operadores privados.

Para el sindicato, ese antecedente demuestra que conservar la propiedad de un activo no necesariamente significa mantener el control sobre su operación ni sobre los ingresos que genera.

El comunicado también menciona el caso de los Terminales del Sur, cuya administración directa fue recuperada por Petroperú en 2019 después de más de dos décadas de operación privada.

A partir de estos antecedentes, el STAPP anunció que continuará impulsando acciones legales, sindicales e institucionales contra el Decreto de Urgencia 010-2025 y contra las medidas que, según su posición, puedan generar una fragmentación de Petroperú.

La organización reiteró que respalda la búsqueda de inversión y mejoras en la gestión de la petrolera estatal, pero plantea que cualquier reforma debe preservar su integración, su carácter estratégico y los derechos laborales de sus trabajadores.

La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (PROINVERSIÓN) informó ante la Comisión de Energía y Minas del Congreso sobre los avances del proceso de reorganización patrimonial de Petroperú, encargado mediante el Decreto de Urgencia 010-2025.

Durante la sesión, la entidad explicó que el esquema diseñado para facilitar el ingreso de hasta USD 2,000 millones de financiamiento internacional no contempla el uso de recursos del Tesoro Público. Los fondos serán administrados mediante una “caja separada”, bajo supervisión técnica de PROINVERSIÓN, con el propósito de garantizar que sean destinados a las necesidades operativas de la empresa estatal.

El director del proyecto de reorganización de Petroperú, Ángel Delgado, señaló que el encargo otorgado a PROINVERSIÓN busca articular una estrategia que combine capital internacional, mejoras en la eficiencia operativa y modernización de la gestión empresarial.

Delgado también precisó que los activos considerados estratégicos para la continuidad de Petroperú permanecerán bajo propiedad de la empresa y del Estado peruano. En ese sentido, sostuvo que el modelo planteado no contempla una privatización total de la compañía, sino la participación de operadores privados en la gestión de determinados activos junto con Petroperú.

La propuesta contempla incorporar experiencia técnica y capacidades logísticas del sector privado mediante contratos de operación y gerencia, bajo el esquema de bloques patrimoniales. Paralelamente, PROINVERSIÓN trabaja en la estructuración financiera y en la aprobación de los planes de promoción correspondientes a los principales bloques, además de avanzar en la monetización de activos inmobiliarios considerados no estratégicos.

Financiamiento mediante una caja separada

El presidente del Directorio de Petroperú, Oliver Stark, informó que uno de los componentes centrales del plan consiste en fortalecer la liquidez de la empresa mediante una operación financiera de hasta USD 2,000 millones con participación de la banca internacional.

Como parte de este mecanismo, en septiembre se gestionó un crédito puente por USD 475 millones. Los recursos serán canalizados mediante una empresa subsidiaria y administrados bajo un esquema de “caja separada” o fideicomiso, de acuerdo con lo establecido en el Decreto de Urgencia 003-2026.

Según lo expuesto, este mecanismo busca mantener separados los recursos obtenidos del financiamiento y asegurar que sean utilizados exclusivamente para atender las necesidades operativas de Petroperú, con supervisión técnica de PROINVERSIÓN.