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¿Qué dicen los expertos acerca de la posible privatización de Petroperú?
El reciente Decreto de Urgencia N.° 010-2025, promulgado por el Gobierno peruano en las últimas horas de 2025, situó en el centro de la discusión pública el futuro de Petroperú, la petrolera estatal. La decisión, tomada por la Junta General de Accionistas (JGA) compuesta por representantes del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), abrió escenarios sobre el destino de los activos energéticos más relevantes del país.
Publicada a escasas horas de la medianoche del 31 de diciembre, la norma transfirió a ProInversión —la agencia estatal de promoción de la inversión privada— el control del proceso de reestructuración, junto con un pago inicial de 144 millones de soles para auditorías y la puesta en marcha de un plan de despidos masivos.
En el marco del Simposio Virtual “Análisis del Decreto de Urgencia 010-2025”,organizado por el Colegio de Ingenieros del Perú – CD Lima, el director de Osinergmin y expresidente de Perupetro, Aurelio Ochoa Alencastre, dijo que el decreto se aprobó en circunstancias “poco habituales”, lo que genera suspicacias sobre la transparencia del proceso. Recordó que la reorganización ya estaba prevista en la Ley 30330, promulgada en diciembre de 2015.
“Esta norma no solo autorizaba la reorganización, sino que establecía un plazo de 270 días para ejecutarla y permitía la venta de hasta el 49% de las acciones de Petroperú, facilitando el ingreso de capital privado”, sostuvo el también exmiembro del directorio de Petroperú.
Esta ley, explicó, no ha sido derogada y sigue vigente, por lo que cualquier discusión sobre privatización ya estaba amparada por el marco legal desde hace más de una década. En este sentido, Ochoa menciona el Decreto de Urgencia 011-2024 emitido en noviembre de 2024, como antecedente directo del actual.
Este decreto formó parte de un intento de salvataje de Petroperú, imponiendo condiciones como la asunción de la parte económica del Oleoducto Norperuano por parte del MINEM y la reducción de gastos operativos en un 10% para 2024 y en un 30% para 2025. Estos compromisos no se han cumplido ni se han publicado sus resultados.
ProInversión, ¿a un paso de terminar con la privatización de los noventa?
Para Ochoa, el problema se encuentra en el artículo 4 del nuevo decreto, que remite al DL 674 de 1991, aún vigente. Esta norma fue el marco legal para la privatización de empresas públicas durante el gobierno de Alberto Fujimori, incluido el traspaso de activos de Petroperú como la Refinería de La Pampilla, lotes petroleros, Solgás y otros.
“Este decreto de urgencia, en su artículo cuarto, precisa una situación que no tiene que ver con la reestructuración, y es en este caso el proceso de privatización. Faculta a que pueda transferirse parcial o totalmente los activos de Petroperú”, acusó el especialista.
Según Ochoa, el gobierno de transición, a pocos meses de las elecciones de abril de 2026, no debería tomar decisiones que impliquen cambios estructurales tan profundos para una empresa estatal estratégica como Petroperú.
En esta línea, criticó los plazos “draconianos” del decreto, como los 5 días otorgados a Petroperú para coordinar con ProInversión y los 60 días para que esta entidad presente el esquema de reestructuración y posible fragmentación de la empresa, plazos que considera irrealizables.
Aurelio Ochoa: “El propio primer ministro ha tenido que reconocer que es una privatización”
Ochoa cuestiona la idoneidad de ProInversión para liderar la reestructuración de Petroperú, señalando que la agencia carece de experiencia en la industria de hidrocarburos. Asimismo, cuestionó el rol de la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, por emitir declaraciones que han precipitado el valor de las acciones de la empresa, que opera en bolsa.
Como ejemplo, cita el fracaso en la masificación del gas en 7 regiones, un proyecto encargado a ProInversión desde hace más de 10 años y que no ha tenido avances significativos. Sugiere que, en caso de continuar, sería necesario contratar firmas internacionales especializadas en reestructuración petrolera.
Finalmente, advierte que el decreto otorga a ProInversión atribuciones que antes eran exclusivas del directorio de Petroperú, lo que de hecho vacía de poder a este órgano y lo reduce, en palabras de Ochoa, a una “mesa de partes”, del cual manifestó “no entiende la prisa, siendo un gobierno transitorio”.
“El propio primer ministro tuvo que reconocerlo: ‘No será una privatización inmediata’. Ahora tuvo que admitir que sí, por supuesto, va a ser una privatización, aunque no inmediata”, dijo.
Petroperú: ¿Dependencia energética y límites de la modernización?
Erick García Portugal, presidente de la Comisión de Seguridad Energética del CIP-CDLima y exdirector general de Hidrocarburos del MINEM, aseguró que la crisis de Petroperú debe analizarse desde la estructura misma del sector y la realidad energética nacional.
Señaló que Perú no es un país petrolero, ya que su producción resulta limitada y la dependencia de importaciones de combustibles ha ido en aumento sostenido durante los últimos años, lo que deja a la economía nacional expuesta y sin margen de maniobra ante escenarios internacionales adversos.
García explicó que la modernización de la Refinería de Talara, que en teoría permitiría procesar crudo más pesado y barato, no ha logrado resolver los problemas de fondo. Cuestionó que, pese a la millonaria inversión realizada, no ha podido operar a plena capacidad por la carencia de liquidez necesaria para adquirir el crudo y por fallas técnicas en equipos clave.
“En estos últimos años se ha hablado solo de una palabra, ‘privatización’, y con esa palabra nos hemos olvidado de cómo está la empresa hoy y qué pasaría si no se da ningún tipo de rescate. No queda claro cuál es la política comercial, no queda claro cuáles son los descuentos, a quién se hacen los descuentos. El tema de transparencia es básico”, aseveró.
La falta de transparencia y gestión profesional agrava la crisis
Durante su intervención, García remarcó que la debilidad financiera de Petroperú se ha visto agravada por la alta rotación de sus directorios y la ausencia de un sistema profesional de gestión. “El directorio solo gana dos dietas, no llega ni a 8.000 soles para tomar decisiones de más de 5.000 millones de dólares”, explicó el experto.
“Los rescates no han resuelto el problema estructural de Petroperú. Se concentraron en inyectar liquidez de corto plazo sin corregir las debilidades operativas, comerciales y de gobernanza”, indicó. Para García, la política comercial carece de claridad y transparencia, lo que afecta tanto a la confianza del mercado como a la percepción ciudadana.
En cuanto a la gobernanza, el ingeniero insistió en la urgencia de profesionalizar tanto la selección como la remuneración del directorio y de instaurar procesos meritocráticos y de control independiente, ya que la falta de un plan claro de retorno de inversiones y de evaluación de escenarios limita cualquier posibilidad de recuperación real.
“La alta rotación de los directorios no te permite hacer gestión. Creo que todos los peruanos queremos una empresa pública eficiente, sólida. Pero para poder tener una empresa sólida y eficiente, tenemos que reconocer que se está haciendo mal”, refirió el consultor.
Erick García sobre Petroperú: “Las decisiones de reestructuración son difíciles, pero necesarias”
Respecto al Decreto de Urgencia N.° 010-2025, el exdirector de Hidrocarburos manifestó que, si bien es una medida legalmente válida y necesaria para evitar el colapso inmediato de la empresa, no basta por sí sola. “Petroperú no está en quiebra ni con insolvencia, Petroperú va en riesgo financiero. Hay muchas informaciones de idas y vueltas”, añadió.
Por tal motivo, el panelista alertó que, si no se acompaña de una reforma profunda y estructural, la empresa permanecerá en riesgo, ya que derogar el decreto o evitar nuevos apoyos financieros podría interrumpir la cadena de pagos y paralizar la operatividad.
Para Erick García, el futuro de Petroperú depende de que se tomen decisiones técnicas y estructurales, como la segmentación de unidades deficitarias, la búsqueda de socios estratégicos y la implantación de una política de eficiencia y transparencia genuina.
“Nuestro objetivo país es asegurar la viabilidad de Petroperú, la seguridad energética y el interés del país, por lo cual tiene que ser muy eficiente. Las decisiones de reestructuración son difíciles, pero creo que con lo que les he mencionado son necesarias porque las hemos postergado”, sentenció.
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Fenpetrol advierte riesgos para Petroperú ante plan de inversión privada en siete bloques
La Federación Nacional de Trabajadores Petroleros, Energía y Afines del Perú (Fenpetrol) manifestó su preocupación por el proceso impulsado por ProInversión para incorporar capital privado en siete bloques patrimoniales de Petroperú. El gremio sostiene que la medida podría comprometer activos estratégicos de la empresa estatal justo cuando sus principales indicadores financieros muestran señales de recuperación.
ProInversión prepara proceso para siete bloques patrimoniales
La preocupación sindical se produjo luego de las declaraciones de Ángel Delgado, director del Proyecto de Reorganización Patrimonial y Operativa de Petroperú en ProInversión, quien informó que el proceso contempla siete bloques y que la promoción de inversión privada en los primeros activos comenzaría en octubre.
El esquema planteado contempla la participación de Petroperú junto con inversionistas privados en determinadas unidades de negocio. Sin embargo, Fenpetrol considera que esta alternativa genera dudas sobre el futuro de los activos productivos y la situación de los trabajadores.
El secretario general del gremio, Rafael Noblecilla, señaló que la mejora de los indicadores financieros no implica que los problemas de la petrolera hayan quedado solucionados, pero sí evidencia que existe una ruta de recuperación que debería fortalecerse.
Petroperú registra mejores resultados financieros
De acuerdo con las cifras difundidas por Fenpetrol, Petroperú obtuvo durante el primer semestre de 2026 una utilidad neta de USD 121 millones, mientras que su utilidad operativa alcanzó los USD 337 millones y el EBITDA llegó a USD 453 millones.
Asimismo, la empresa habría reducido en USD 869 millones su déficit de capital de trabajo respecto de diciembre de 2025.
El sindicato también destacó la evolución de la percepción de las agencias calificadoras. En septiembre, Moody’s Ratings cambió de negativa a positiva la perspectiva crediticia de Petroperú. Por su parte, S&P Global Ratings mantuvo en mayo la calificación B- de la compañía y retiró la revisión especial iniciada en diciembre de 2025.
Otro punto resaltado por Fenpetrol fue el financiamiento de USD 475 millones destinado a capital de trabajo, principalmente para la compra de crudo, servicios esenciales y otras obligaciones necesarias para garantizar la continuidad de las operaciones.
No obstante, la organización sindical pidió que se explique con claridad el destino de los USD 25 millones descontados del financiamiento inicialmente anunciado por USD 500 millones.
Gremio pide priorizar Talara, Conchán y el abastecimiento de combustibles
Fenpetrol sostuvo que los recursos disponibles deben utilizarse de manera prioritaria para asegurar la adquisición de petróleo crudo y mantener operativa la Refinería Talara.
Asimismo, consideró necesario fortalecer el abastecimiento de combustibles en Lima mediante la Refinería Conchán y la red comercial de Petroperú.
Para el sindicato, sería contradictorio destinar recursos a recuperar la capacidad operativa de la empresa y, paralelamente, impulsar medidas que puedan fragmentar activos que forman parte de una misma cadena productiva y comercial.
En ese sentido, Fenpetrol planteó que las refinerías Talara y Conchán sean analizadas de manera conjunta, considerando tanto sus aspectos operativos como comerciales.
El gremio también sostuvo que una eventual participación privada debe estar alineada con la estrategia corporativa de Petroperú, su capacidad de abastecimiento y su función dentro de la seguridad energética del país.
Demanda contra el Decreto de Urgencia 010-2025 continúa pendiente
Fenpetrol recordó que el Decreto de Urgencia N.° 010-2025 establece la reorganización patrimonial de Petroperú mediante bloques y asigna a ProInversión la responsabilidad de diseñar el proceso.
La federación cuestiona esta disposición y advierte sobre el riesgo de una eventual “privatización encubierta”, por lo que mantiene su pedido de derogar la norma.
Mientras tanto, el Tribunal Constitucional aún debe pronunciarse sobre la demanda de inconstitucionalidad presentada por la Defensoría del Pueblo contra dicho decreto. El pleno revisó el expediente el 25 de agosto de 2026 y el caso quedó al voto.
Finalmente, Fenpetrol solicitó al Ejecutivo precisar los plazos y alcances de los procesos de participación privada, así como establecer garantías para los trabajadores. También pidió evaluar la continuidad de Ángel Delgado al frente del proyecto de reorganización patrimonial y operativa de Petroperú.
La nueva intervención fue ubicada en el kilómetro 821+544, en Sechura, Piura. La empresa activó su protocolo de emergencia y coordinó acciones con las autoridades para investigar el hecho.
Petroperú reportó el hallazgo de una octava conexión clandestina en el Oleoducto Norperuano (ONP). La instalación fue localizada en el kilómetro 821+544, en el distrito y provincia de Sechura, región Piura, donde se encontró una tubería conectada directamente a la infraestructura, hecho que la empresa atribuyó a terceros.
Tras detectar la intervención, Petroperú activó su Plan de Respuesta a Emergencias y desplazó personal especializado hasta la zona para atender la contingencia. Como medida preventiva, también se confirmó el cierre de la válvula manual ubicada en el kilómetro 792 del Tramo II del oleoducto.
Con este caso, ya son ocho las conexiones clandestinas detectadas desde junio de este año en el desierto de Sechura. Petroperú advirtió que estos hechos ponen en riesgo la seguridad y protección del ONP, infraestructura considerada Activo Crítico Nacional.
La empresa informó sobre el incidente a la Comisaría de Parachique y señaló que mantiene coordinaciones con distintas entidades, entre ellas Osinergmin, OEFA, la Dirección General de Hidrocarburos (DGH), la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) y la Dirección de Seguridad Integral (DIRSEINT).
Asimismo, Petroperú anunció que presentará la correspondiente denuncia penal ante la Fiscalía y gestionará una constatación fiscal en el lugar donde fue identificada la conexión.
La empresa precisó que el Tramo II del Oleoducto Norperuano permanece fuera de operación desde el 12 de julio de 2024, debido a los bajos niveles de inventario de crudo.
Petroperú expresó nuevamente su preocupación por la reiteración de estos hechos y solicitó reforzar las medidas de vigilancia, prevención y seguridad destinadas a proteger esta infraestructura estratégica del país.
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FENPETROL expresa preocupación por anuncios de ProInversión sobre activos de Petroperú y pide priorizar la recuperación de la empresa
La Federación cuestiona que ProInversión impulse procesos sobre bloques patrimoniales mientras Petroperú avanza en su recuperación operativa y financiera. Además, recuerda que el Tribunal Constitucional aún debe resolver la demanda contra el Decreto de Urgencia N.° 010-2025.
La Federación Nacional de Trabajadores Petroleros, Energía y Afines del Perú (Fenpetrol) expresa su preocupación por las recientes declaraciones del director del Proyecto de Reorganización Patrimonial y Operativa de Petroperú de ProInversión, Ángel Delgado, sobre el cronograma para promover la participación privada en bloques patrimoniales y unidades de negocio de la empresa estatal.
Según ProInversión, el proceso comprende siete bloques patrimoniales y en octubre comenzaría la promoción de inversión privada en los primeros activos, bajo esquemas en los que Petroperú podría participar junto con inversionistas privados. Para FENPETROL, estos anuncios generan incertidumbre entre los trabajadores y deben guardar coherencia con la estrategia de recuperación operativa y financiera de la empresa.
La FENPETROL sostiene que, mientras Petroperú busca recuperar mercado, fortalecer sus operaciones y ordenar sus finanzas, deben evitarse señales que abran interrogantes sobre el futuro de sus unidades productivas y de sus trabajadores.
Recuperación financiera y capital de trabajo
Los resultados disponibles muestran una mejora respecto de 2025. Al cierre del primer semestre de 2026, Petroperú registró una utilidad neta de US$121 millones, una utilidad operativa de US$337 millones y un EBITDA de US$453 millones. Asimismo, redujo en US$869 millones su déficit de capital de trabajo frente a diciembre de 2025.
A ello se suma que Moody’s Ratings modificó en septiembre la perspectiva crediticia de Petroperú de negativa a positiva, mientras que S&P Global Ratings ratificó en mayo la calificación de la empresa en B- y retiró la revisión especial iniciada en diciembre de 2025.
“Estos indicadores no significan que los problemas de Petroperú estén resueltos, pero sí muestran que existe una ruta de recuperación que debe ser consolidada y no debilitada por señales contradictorias”, aseveró Rafael Noblecilla, secretario general de FENPETROL.
En este contexto, la FENPETROL considera relevante el desembolso de US$475 millones obtenido por Petroperú mediante una operación de financiamiento destinada a fortalecer su capital de trabajo y atender la adquisición de crudo, servicios esenciales y otras obligaciones vinculadas con la continuidad de sus operaciones. Exigimos claridad y transparencia sobre el destino de los US$25 descontados del crédito total de US$500 millones.
FENPETROL exhorta a que estos recursos sean desembolsados y utilizados con celeridad, empezando por la adquisición de crudo para mantener el procesamiento de la Refinería Talara y posteriormente atender el suministro de combustibles hacia Lima mediante la Refinería Conchán y la infraestructura comercial de Petroperú.
Una cadena integrada que debe evaluarse como conjunto
Para FENPETROL, resultaría contradictorio destinar recursos para recuperar la capacidad operativa de Petroperú y, simultáneamente, impulsar decisiones que puedan fragmentar la gestión de activos que forman parte de una misma cadena de valor.
La Federación Nacional de Trabajadores Petroleros, Energía y Afines del Perú (Fenpetrol) considera que cualquier participación privada debe evaluarse no solo por la eficiencia individual de cada activo, sino también por su articulación con el conjunto de la empresa, su estrategia comercial, su capacidad de abastecimiento y el rol de Petroperú en la seguridad energética nacional.
En particular, sostiene que activos como las refinerías Talara y Conchán deben analizarse dentro de una lógica operativa y comercial integral, de modo que la participación de operadores privados no termine respondiendo a objetivos desvinculados de la estrategia corporativa de Petroperú.
FENPETROL recuerda que el Decreto de Urgencia N.° 010-2025 contempla la reorganización patrimonial mediante bloques y encarga a ProInversión el diseño y conducción del proceso. No obstante, considera necesario que cualquier decisión sobre los activos se adopte dentro de una visión integral de Petroperú y respetando los procedimientos legales y constitucionales en curso.
Es por esa razón que la FENPETROL rechaza cualquier intento de privatización encubierta, y exige la derogatoria del Decreto de Urgencia 010-2025 promulgado en el gobierno transitorio de José Jerí.
El proceso constitucional sigue pendiente
A estas preocupaciones se suma que el Tribunal Constitucional aún debe resolver la demanda de inconstitucionalidad presentada por la Defensoría del Pueblo contra el Decreto de Urgencia N.° 010-2025, norma que constituye el marco legal de la reorganización patrimonial de Petroperú.
La demanda cuestiona disposiciones vinculadas con la reorganización de la empresa y los mecanismos de promoción de la inversión privada, así como sus posibles implicancias sobre derechos laborales y las facultades otorgadas a ProInversión respecto de los activos de Petroperú.
El Tribunal Constitucional informó que el proceso fue visto por el Pleno el 25 de agosto de 2026 y quedó al voto, por lo que la sentencia continúa pendiente.
Para FENPETROL, este proceso debe ser considerado antes de adoptar decisiones irreversibles sobre el patrimonio, las unidades estratégicas y el futuro laboral de Petroperú.
La Federación Nacional de Trabajadores Petroleros, Energía y Afines del Perú (Fenpetrol) solicita al Ejecutivo y a las autoridades competentes que precisen el alcance y los plazos de los procesos anunciados, así como las garantías para la continuidad laboral y la preservación de las capacidades operativas y comerciales de la empresa.
Asimismo, considera necesario evaluar la continuidad de Ángel Delgado al frente del proyecto de reorganización patrimonial y operativa, al considerar que sus mensajes públicos no guardan correspondencia con la visión de recuperación y fortalecimiento empresarial que, según FENPETROL, requiere Petroperú.
No se puede pedir a Petroperú que recupere mercado, genere ingresos, atienda sus obligaciones y utilice el financiamiento obtenido para asegurar el abastecimiento nacional mientras, simultáneamente, se anuncian procesos que pueden modificar la propiedad, gestión o destino de activos que forman parte de esa misma cadena. A ello se suma que el Tribunal Constitucional aún debe determinar la constitucionalidad del marco legal de la reorganización patrimonial. Por ello, la Federación Nacional de Trabajadores Petroleros, Energía y Afines del Perú (Fenpetrol) demanda coherencia en las decisiones del Estado, transparencia sobre el futuro de los activos y garantías para los trabajadores de Petroperú.
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