Rafael Noblecilla, vocero de la Coalición Nacional de Sindicatos de Petroperú, mostró su preocupación ante la renuncia irrevocable de la gerente general de la empresa, la cual calificó de «inédita» y denunció que este hecho sucedió como respuesta a un trato hostil por parte de López Tejerina, asesor del Ministerio de Energía y Minas (Minem).

«Ayer la señora gerenta ha puesto su cargo a disposición, ha renunciado de manera irrevocable por un comportamiento inadecuado de quien se cree el asesor del Ministerio de Energía y Minas, el señor López Tejerina», dijo.

Además, el vocero sindical cuestionó la presencia y el poder de este funcionario dentro de la estatal: «No sabemos qué hace el señor López Tejerina ahí. Ha tenido un comportamiento inadecuado (…) con la señora gerente general y obviamente también con la señora presidenta Elba Rojas».

El Sindicato de Trabajadores Administrativos de Petróleos del Perú – PETROPERÚ S.A. (STAPP), en atención a la nota de prensa del Ministerio de Economía y Finanzas titulada “MEF: Reestructuración de Petroperú la fortalecerá y protegerá la seguridad energética nacional”, manifiesta lo siguiente, punto por punto:

1) “La reestructuración fortalecerá y protegerá la seguridad energética nacional”

El STAPP comparte el objetivo de preservar la continuidad operativa y la seguridad energética. Sin embargo, el fin no justifica el medio: cualquier “reestructuración” debe respetar el marco constitucional y societario aplicable a una sociedad anónima como PETROPERÚ S.A. Una medida que invada competencias de sus órganos (JGA, Directorio y Gerencia) debilita la empresa, eleva incertidumbre y golpea confianza.

2) “Ordenar la situación financiera, salvaguardar activos del Estado y garantizar abastecimiento”

Si el MEF afirma que “ordenará” estructuralmente la situación financiera, corresponde precisar qué medidas concretas se adoptarán, con sustento técnico verificable, análisis de impactos y cronograma.

Asimismo, “salvaguardar activos” debe implicar reglas claras de protección patrimonial, control, valorización y transparencia. La garantía de abastecimiento exige asegurar operación, logística, contratos y cadena de pagos, sin improvisaciones normativas.

3) “Sin afectar los derechos laborales”

El respeto a derechos laborales no puede quedarse en una frase. Debe traducirse en cláusulas explícitas que garanticen: estabilidad conforme a ley, respeto de convenios colectivos, debida motivación de decisiones, y prohibición de medidas arbitrarias. El STAPP exige que cualquier norma incluya salvaguardas expresas y mecanismos de vigilancia y cumplimiento.

4) “Revisión integral de líneas de actividad… priorizar estratégicas”

Evaluar líneas de negocio es una atribución propia de la gestión empresarial, pero debe hacerse desde la gobernanza corporativa, con información completa, criterios técnicos, y con enfoque país. Un “reordenamiento” sin metodología pública puede abrir espacio a decisiones discrecionales que afecten activos estratégicos, integración operativa y sostenibilidad.

5) “Mecanismos para una gestión más eficiente… incluyendo participación de inversionistas privados”

Esta afirmación exige máxima claridad. “Participación privada” puede encubrir esquemas de desnaturalización del rol estratégico, transferencia de rentas, pérdida de control operativo o afectación patrimonial indirecta.

El STAPP demanda que cualquier mecanismo preserve propiedad y control del Estado en activos estratégicos, tenga procesos competitivos, transparentes y auditables, prohíba condiciones que comprometan la continuidad operativa o la seguridad energética, se discuta con información completa, sin atajos normativos.

6) “Problemas de solvencia, falta de liquidez y riesgo de incumplimiento”

La situación financiera requiere acciones serias y responsables. El STAPP coincide en que se necesita una ruta de sostenibilidad; por ello exigimos un plan integral que incluya medidas de eficiencia, gobernanza, gestión de caja, continuidad operativa, priorización de inversiones y fortalecimiento de controles. La solución no puede ser un paquete de medidas excepcionales sin rendición de cuentas ni responsables identificados.

7) “Entre 2022 y 2024 el Estado comprometió S/ 17 888 millones… y en 2025 se honraron garantías por aprox. US$ 900 millones”

Si el MEF coloca estas cifras en la discusión pública, debe acompañarlas de: desagregación, fuente, instrumentos utilizados, condiciones, impactos y resultados. La transparencia es obligatoria. Además, la comunicación oficial debe ser responsable: titulares y anuncios sin precisión técnica generan ruido, afectan expectativas y pueden deteriorar condiciones financieras de la empresa.

8) “Decreto de Urgencia evaluado en Consejo de Ministros… medidas extraordinarias”

El STAPP recuerda que el Decreto de Urgencia es una herramienta excepcional y no puede convertirse en un mecanismo para dirigir una sociedad anónima como si fuera una dependencia administrativa. Si se invoca urgencia, corresponde acreditar la extraordinariedad e imprevisibilidad y delimitar la intervención a lo constitucionalmente permitido, evitando invadir competencias societarias.

9) “Reorganización interna para reducir costos y hacer más eficiente la estructura administrativa”

Mejorar eficiencia es necesario, pero debe hacerse con criterios técnicos, gestión por procesos y evaluación real de impacto. Reducir costos no puede significar desorden operativo ni afectación de capacidades críticas. El STAPP exige participación informada de los trabajadores y un enfoque que fortalezca productividad, controles y continuidad.

10) “Proyectos en activos u otras modalidades que no impliquen necesariamente venta”

“Poner en valor” no puede ser sinónimo de comprometer activos estratégicos bajo fórmulas que trasladen riesgos al Estado y beneficios a terceros. El STAPP exige candados claros: límites, valorización independiente, transparencia, control estatal, reglas de integridad y supervisión. Cualquier modalidad debe explicitarse antes de aprobarse.

11) “No hacer nada no es una opción”

Coincidimos: la inacción no es alternativa. Lo que corresponde es actuar bien: con legalidad, transparencia, gobernanza corporativa, sustento técnico y diálogo social. Atajos normativos pueden generar más incertidumbre, politizar la gestión y debilitar la credibilidad de la empresa.

Exigencias inmediatas del STAPP

En consecuencia, el STAPP solicita a las autoridades competentes:

• Respetar la institucionalidad societaria y el marco constitucional aplicable a PETROPERÚ S.A.
• Garantizar predictibilidad jurídica y delimitación expresa de competencias en cualquier medida.
• Instalar de inmediato una mesa técnica de información y diálogo con participación de las organizaciones sindicales representativas.
• Publicar el sustento técnico y legal (informes, objetivos, alcance, impactos y cronograma) que respalde el eventual D.U.
• Incorporar salvaguardas laborales explícitas y mecanismos de cumplimiento verificables

El STAPP reafirma su compromiso con la defensa de PETROPERÚ como empresa estratégica para el Perú. La sostenibilidad financiera, la continuidad operativa y la seguridad energética se construyen con responsabilidad pública, reglas claras y gobernanza, no mediante intervenciones que tensionen el orden constitucional. En momentos críticos, el país necesita soluciones firmes, transparentes y legales.

· Designan como nueva presidenta de Petroperú, a directora que se encuentra vacacionando fuera del país.

· Trabajadores responsabilizan a la ministra de Economía, Denisse Miralles, así como al presidente José Jerí, de los perjuicios que generen una designación tan cuestionada.

Ante la sorpresiva designación de Elba Rojas como nueva presidenta del directorio de Petróleos del Perú (Petroperú), en reemplazo de Luis Canales – que solo duró poco más de un mes en el cargo -, la Federación de Trabajadores Petroleros del Perú (FENPETROL) y el Frente Sindical de Trabajadores Petroleros de Petroperú (FSTPP), expresaron su rechazo ante un nombramiento que no se ajusta a las necesidades de la primera empresa del país.

En primer lugar, los sindicatos que llevan la representación de miles de trabajadores del sector hidrocarburos, advirtieron que Rojas Álvarez no cuenta con una trayectoria sólida ni experiencia comprobada en el sector hidrocarburífero, industria altamente compleja, estratégica y determinante para la seguridad energética y económica del Perú.

Además, se pudo conocer que la nueva presidenta de Petroperú, que ya era miembro de este, designada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), se encontraba de vacaciones fuera del país (EE.UU.) al momento de su designación.

En ese sentido, exhortaron que Petroperú no puede ni debe ser objeto de improvisaciones ni de designaciones ajenas al perfil técnico y estratégico que la coyuntura nacional exige.

Asimismo, advirtieron que resulta profundamente preocupante que se nombre a una persona de edad avanzada para asumir una función que demanda plena capacidad operativa, liderazgo permanente, toma de decisiones de alto impacto y responsabilidad directa sobre el futuro de la empresa.

“Petroperú requiere conducción activa, presencia constante y capacidad de respuesta inmediata, no una presidencia de directorio alejada de la realidad operativa ni del ritmo que impone el sector energético”, apuntaron.

En tal sentido, la FENPETROL y el FSTPP, advirtieron que este tipo de decisiones ponen en grave riesgo la gobernabilidad, la transparencia y la responsabilidad institucional, abriendo la puerta a decisiones que podrían comprometer seriamente el patrimonio del Estado y el futuro de la empresa.

“No aceptaremos que Petroperú sea utilizada como espacio de favores políticos ni como refugio de designaciones que no responden al interés nacional”, cuestionaron.

Por ello, los sindicatos hacen directamente responsables de esta cuestionable designación y de todas sus consecuencias al presidente José Jerí, a la ministra de Economía, Denisse Miralles y a la Junta General de Accionistas de Petroperú.

Estos funcionarios públicos, señalan los sindicatos, deberán responder política, administrativa y moralmente ante el país y ante los trabajadores por cualquier perjuicio que se derive de esta decisión.

“Desde la FENPETROL y el Frente Sindical de Trabajadores Petroleros de Petroperú exigimos la inmediata reconsideración de este nombramiento y demandamos que la conducción de Petroperú recaiga en profesionales con solvencia técnica, experiencia real en hidrocarburos y compromiso probado con la empresa y con el país”, sentenciaron.

Petroperú no se entrega, no se improvisa y no se debilita.