Rodrigo Perera, representante de Solgas, advirtió que la falta de previsibilidad regulatoria y la constante rotación de funcionarios en el sector hidrocarburos están impidiendo el desarrollo de proyectos de infraestructura necesarios para evitar crisis de desabastecimiento en el país.

Perera fue enfático al señalar que las inversiones en el sector energía se proyectan a horizontes de 20 a 40 años; sin embargo, en el Perú, las reglas han cambiado drásticamente en periodos cortos. «En los últimos años hemos pasado por múltiples versiones del Fondo de Estabilización, con cambios de obligatoriedad y controles de precios escondidos», señaló, subrayando que esta variabilidad destruye la confianza del inversionista.

Subvaloración
Un punto crítico de su exposición fue el análisis del Precio de Paridad de Importación. Según el ejecutivo, la referencia de precio actual subvalora el costo real de mantener y construir infraestructura. «Estudios independientes demuestran que lo que se debería dedicar al ítem de infraestructura es más del doble de lo que aparece hoy en día en la paridad», afirmó Perera.

Informalidad y la especulación
Para el representante de Solgas, la falta de almacenamiento estratégico la termina pagando el consumidor final, pero no en beneficio de la industria formal, sino de los especuladores.Impacto en regiones: Perera citó el caso de Arequipa, donde el precio puede dispararse hasta los 150 soles durante una crisis logística.

Fuga de recursos: «Como país ya estamos pagando la infraestructura, pero ese dinero no va a las empresas que invierten, sino a especuladores aguas abajo cuando falta el producto», lamentó.

«GLP para rato»
Finalmente, Perera hizo un llamado a las autoridades para que el planeamiento energético deje de ver al GLP como un combustible de transición efímera.
Sostuvo que, al igual que en países con matrices maduras, el gas licuado tiene un rol permanente. «Esto no es un reemplazo de A por B, es una adición energética para acompañar el crecimiento del país», concluyó.

La reciente crisis en el transporte de líquidos y gas natural ha vuelto a poner sobre la mesa las vulnerabilidades estructurales del sistema energético peruano. Durante el panel «Seguridad Energética y su Fortalecimiento», Jovan Pastor, presidente de la Sociedad Peruana de Gas Licuado (SPGL), hizo un llamado urgente a reformular el marco normativo y la estrategia de infraestructura del país.

Para Pastor, el exceso de normas se ha convertido en una barrera para el desarrollo. El líder gremial propuso una «poda regulatoria» para eliminar las trabas que hoy frenan proyectos críticos. «Necesitamos pasar de mucha regulación a una regulación inteligente y moderna», afirmó, señalando que la estabilidad y visibilidad jurídica son requisitos indispensables para atraer el capital necesario que fortalezca el sector.

«Adición Energética»
Frente a las visiones que plantean la transición como una sustitución excluyente de fuentes, Pastor introdujo el concepto de «adición energética». Según el ejecutivo, la resiliencia del país no depende de un solo producto, sino de la combinación eficiente de todas las fuentes disponibles: renovables, gas natural, electricidad y GLP.

«Esa combinación es la que hace rica una geografía porque tiene diversidad energética para poder abastecerse. No todo es gas natural, ni todo es GLP… pensemos en la adición», subrayó Pastor.

Infraestructura en alerta roja
La nota de alarma la puso el déficit de almacenamiento y redundancia. Pastor reveló que solo una de cada 20 instalaciones de almacenamiento en el país cuenta con sistemas de redundancia. Con un inventario de GLP que apenas alcanza los 8 días, cualquier contingencia logística —como los recurrentes oleajes anómalos— impacta directamente en el suministro.

Finalmente, el presidente de la SPGL destacó el impacto social de estas deficiencias, recordando que el GLP es el sustento diario de 7 millones de familias peruanas.

El gremio instó al Gobierno a establecer mesas de trabajo técnicas y permanentes que trasciendan la coyuntura de las crisis actuales.

Un megaoperativo de supervisión ejecutado por el Osinergmin permitió inmovilizar 1,665 balones de gas licuado de petróleo (GLP) que no cumplían con las condiciones de seguridad exigidas por la normativa vigente, evitando su comercialización y reduciendo riesgos para la población.

La intervención se realizó en plantas envasadoras ubicadas en las regiones de Apurímac, Arequipa, Cusco, Puno y Tacna, donde especialistas detectaron diversas irregularidades que representaban un peligro potencial para los usuarios.

Entre las principales observaciones se identificaron válvulas de seguridad pintadas, fugas en las válvulas, ausencia de dispositivos de seguridad y la falta de inspección técnica y prueba hidrostática, procesos obligatorios para garantizar la integridad de los cilindros.

Asimismo, se hallaron balones con exceso de pintura, lo que puede ocultar signos de corrosión u otros daños estructurales.

observados, impidiendo su ingreso al mercado hasta que las empresas responsables subsanen las deficiencias detectadas.

Desde Osinergmin señalaron que este tipo de acciones forma parte de su labor permanente de fiscalización en el sector hidrocarburos, con el objetivo de asegurar el cumplimiento de las normas técnicas y de seguridad.