Los operativos se realizaron en los distritos de Castilla y Veintiséis de Octubre. Las autoridades identificaron negocios sin autorización ni inscripción en el Registro de Hidrocarburos, además de una descarga irregular de GLP en la vía pública.

Con el objetivo de prevenir accidentes y proteger la seguridad de la población, la Segunda Fiscalía Provincial de Prevención del Delito de Piura realizó operativos de fiscalización en establecimientos dedicados a la comercialización de Gas Licuado de Petróleo (GLP) en cilindros, ubicados en los distritos de Castilla y Veintiséis de Octubre.

Las intervenciones estuvieron a cargo de la fiscal provincial Berena Ballesteros Vigil y el fiscal adjunto Manuel Mena Ruiz, quienes contaron con el apoyo de representantes de las municipalidades y personal del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin).

Durante las inspecciones, se evaluaron las condiciones técnicas y de seguridad de los locales, la vigencia de los certificados de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE), las licencias municipales de funcionamiento y la inscripción correspondiente en el Registro de Hidrocarburos.

Como resultado de los operativos, se dispuso la clausura temporal y suspensión de actividades de dos establecimientos, uno en Castilla y otro en Veintiséis de Octubre. En ambos casos, se detectó que operaban sin autorización para almacenar y acopiar cilindros de GLP y tampoco figuraban en el Registro de Hidrocarburos de Osinergmin.

Según las autoridades, estas irregularidades representaban un peligro para los vecinos de las zonas cercanas, debido al riesgo de explosiones o deflagraciones por el manejo inadecuado del combustible.

Detectan trasvase ilegal de GLP en plena vía pública

En otra intervención realizada en Veintiséis de Octubre, las autoridades detectaron a un camión cisterna distribuidor mientras efectuaba la descarga y el trasvase irregular de balones de gas hacia un vehículo menor en plena vía pública.

Se constató que la unidad receptora tampoco contaba con registro oficial ni reunía las condiciones necesarias para transportar hidrocarburos. Ante esta situación, el vehículo fue intervenido y los fiscalizadores de Osinergmin elaboraron las actas correspondientes para iniciar el procedimiento administrativo respectivo.

Al término de las diligencias, los representantes del Ministerio Público exhortaron a los propietarios y responsables de los establecimientos intervenidos a detener cualquier actividad clandestina de almacenamiento y comercialización de GLP.

Asimismo, les recordaron la obligación de regularizar sus autorizaciones y cumplir con las disposiciones legales vigentes, con el fin de evitar situaciones que pongan en peligro la vida de las personas y la seguridad pública.

La intervención policial se realizó en el kilómetro 839+820 del ONP, en la provincia de Sechura. Petroperú identificó esta instalación ilegal como el decimotercer ataque registrado desde junio en la zona.

Un conductor de camión cisterna fue intervenido por agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) cuando presuntamente sustraía petróleo crudo mediante una conexión clandestina instalada en el kilómetro 839+820 del Oleoducto Norperuano (ONP), ubicado en la provincia de Sechura, departamento de Piura.

Según informó Petroperú, el hecho fue detectado inicialmente a través de una anomalía en su sistema de monitoreo. Esta alerta permitió activar los protocolos de seguridad y comunicar inmediatamente lo ocurrido a las autoridades, que desplegaron dos equipos de inspección con acompañamiento policial.

Al llegar al lugar, los efectivos encontraron un camión cisterna conectado directamente a la tubería del oleoducto. La unidad tenía la placa de tracto T3G-949 y la cisterna A7H-979, y era conducida por Juan Antonio Navarro Cortijo, quien fue intervenido durante la presunta extracción ilegal de crudo.

Frente a esta situación, Petroperú puso en marcha su Plan de Respuesta a Emergencias y movilizó personal especializado, herramientas, materiales y equipos para atender la contingencia y ejecutar las acciones de seguridad correspondientes.

La empresa estatal señaló que viene coordinando con la Policía Nacional las medidas legales contra los responsables y expresó su reconocimiento por la intervención, con la expectativa de que las investigaciones permitan identificar y desarticular a la organización criminal involucrada en estos hechos.

Asimismo, anunció que pondrá los acontecimientos en conocimiento de las entidades fiscalizadoras competentes, debido a los posibles daños ambientales derivados de la sustracción ilegal de hidrocarburos.

Con la detección de esta nueva conexión clandestina, ya son 13 los ataques identificados desde junio en los sectores de Sechura y Olmos, situación que mantiene en alerta a la empresa por los riesgos que representan estas instalaciones ilegales para la infraestructura del oleoducto y el medioambiente.

Los incumplimientos identificados por los organismos supervisores evidencian brechas en trazabilidad, seguridad operativa y gestión ambiental dentro del mercado formal de GLP. Un análisis del Dr. José A. Barrera, socio de JBL Legal Consulting, advierte que las empresas deben fortalecer sus sistemas de cumplimiento preventivo y que el Estado también debe atender la problemática del mercado informal.

SCOP y trazabilidad entre las principales observaciones

Los 3,365 incumplimientos registrados entre el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN) reflejan los desafíos que enfrenta el mercado formal de GLP para cumplir con las exigencias regulatorias y operativas.

Uno de los principales focos de atención es el Sistema de Control de Órdenes de Pedido (SCOP), herramienta que permite garantizar la trazabilidad del combustible desde las plantas de abastecimiento hasta los agentes autorizados. Entre las infracciones más frecuentes identificadas durante 2025 figuran la comercialización o adquisición de combustibles sin el registro correspondiente y la falta de acreditación oportuna de la recepción física del producto.

Frente a esta situación, el análisis plantea reforzar los mecanismos de control, verificación y conciliación, así como evaluar posibles ajustes al sistema para atender las particularidades de determinadas modalidades de comercialización.

Seguridad operativa y cumplimiento ambiental requieren mayor control

En materia de seguridad, las principales deficiencias están relacionadas con el mantenimiento y la operatividad de las instalaciones, las condiciones de infraestructura, señalización y equipamiento, así como la gestión de emergencias. Por ello, se plantea implementar inspecciones y controles periódicos que permitan verificar permanentemente el cumplimiento de las condiciones técnicas y operativas exigidas.

En el ámbito ambiental, otro desafío está vinculado con la formulación de algunas obligaciones contenidas en los instrumentos de gestión ambiental, que pueden presentar disposiciones generales y generar incertidumbre respecto del alcance de las exigencias.

Ante ello, se recomienda que las empresas implementen matrices de cumplimiento actualizadas, con responsables definidos, alertas y verificaciones periódicas, además de conservar evidencia documentada que permita acreditar el cumplimiento de cada obligación ambiental.

Protocolos de emergencia y obligaciones de reporte

La gestión de contingencias también requiere especial atención, debido a que un mismo incidente puede generar obligaciones de comunicación ante diferentes entidades fiscalizadoras, como OSINERGMIN, OEFA y la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL).

En ese escenario, las empresas deben contar con protocolos que permitan identificar qué entidades deben ser notificadas, cuáles son los plazos aplicables y qué evidencias necesitan recopilar para sustentar los reportes correspondientes. La comunicación oportuna y la adecuada documentación de los hechos forman parte de una gestión integral de riesgos.

Empresas deben pasar de un cumplimiento reactivo a uno preventivo

Uno de los principales planteamientos del análisis del Dr. José A. Barrera es que los operadores de GLP deben dejar atrás una gestión reactiva, centrada en responder a las fiscalizaciones, y adoptar sistemas preventivos de cumplimiento regulatorio.

Para ello, resulta necesario fortalecer las auditorías internas, la capacitación del personal, los controles operativos y la trazabilidad documental, con el propósito de identificar y corregir posibles incumplimientos antes de una intervención de las autoridades y contar con los sustentos necesarios para demostrar el cumplimiento de las obligaciones.

Finalmente, el análisis advierte que las 3,365 infracciones corresponden a agentes formales y, por tanto, no permiten determinar por sí solas la dimensión de los problemas de cumplimiento de todo el mercado de GLP. En esa línea, también plantea la necesidad de que el Estado perfeccione sus mecanismos de supervisión y preste mayor atención al mercado informal, cuya magnitud constituye un desafío adicional para la seguridad y la competencia en el sector.

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