El sábado 5 de noviembre, una embarcación con 70 personas fue retenida por casi 30 horas como protesta de la comunidad Kukama ante la inacción del Estado peruano para remediar la contaminación ambiental producida por los derrames de petróleo en Loreto. El último gran suceso, ocurrido el 16 de septiembre en el kilómetro 42+092 del Tramo I del Oleoducto Norperuano (ONP) a cargo de Petroperú, contaminó la quebrada de Cuninico, distrito de Urarinas, y se extendió hasta el río Marañón.

El derrame de septiembre se suma a una serie de infracciones medioambientales cometidas por la empresa estatal en el Oleoducto Norperuano. Según la investigación “La sombra del Petróleo”, se han registrado 474 derrames en los lotes petroleros de la Amazonía y el ONP desde el 2000 hasta el 2019. De estos, 94 ocurrieron en el oleoducto norteño.

LR Data accedió a los registros de las faltas cometidas por Petroperú en la zona del conducto petrolero desde el 2000 hasta junio del 2022. Así, encontró que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) impusieron 66 multas a la empresa estatal, que ascienden a 23.704,21 UIT. 

De acuerdo a los datos entregados por OEFA, de las 66 sanciones que se impusieron, solo se pagaron 21, mientras que 38 están impagas y hay una multa parcialmente cancelada. Es decir, del total de multas monetarias, aún faltan abonar 4.778,21 UIT, lo que equivale a casi 22 millones de soles. No obstante, Dorian Choque, director del estudio DChoque Rojas y asesor legal de Puinamudt, remarca que al ser una empresa estatal, este dinero tendrá que salir del bolsillo de todos los peruanos. Eduardo Guevara, ex presidente de Petroperú, lo refuta e indica que las multas de la compañía estatal se pagan con los ingresos que esta genere.

Cuatro de las infracciones recibieron sanciones debido a que Petroperú no realizó acciones de mantenimiento, causas por las que ocurrieron derrames de petróleo que dañaron la flora y fauna del lugar, así como también la salud de las personas que viven en la zona. Ello a pesar de que existe la ley N.º 30993 del 2019, que declara de interés nacional la consolidación y modernización del Oleoducto Norperuano. Choque lamenta que no haya hechos evidentes y concretos de que se venga cumpliendo esa modernización.

Petroperú comunicó a LR Data que, “en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y bajo la supervisión y fiscalización de los organismos técnicos competentes, se ejecutan labores de mantenimiento en la estructura del ONP” pese a lo mencionado líneas arriba.

Asimismo, del total de sanciones impuestas, solo cinco no se apelaron ni se pidieron reconsideraciones. Lo que llama la atención es que, de las 61 apelaciones y reconsideraciones restantes a OEFA, 32 multas fueron disminuidas. La menor fue la reducción sobre el total del monto de 0,01 UIT, mientras que la mayor fue de 1 997,36. 

Choque explica que, cuando se agotan los recursos a nivel administrativo, las empresas sancionadas judicializan los casos. Petroperú inició seis procesos, uno de los cuales se resolvió a su favor en el 2019. Así, quedó sin efecto que pague 49 millones de soles por dos derrames de petróleo ocurridos en el 2016 en Chiriaco (Amazonas) y Morona (Loreto).

“Te vas dando cuenta de que la flexibilidad hacia las empresas es tan grande que por eso tenemos tantos pasivos, tantos derrames mal atendidos”, asegura Mario Zúñiga, coautor de la investigación “La sombra del Petróleo”.

En tanto, en 44 de las 66 sanciones se determinaron la responsabilidad administrativa, pero sin la imposición de una medida correctiva. Es decir, se aplicó la multa, más no acciones para corregir los efectos nocivos en el medioambiente.

“Mi hipótesis es que las medidas correctivas son más caras que las sanciones que se les ponen. Las medidas correctivas son de remediación, es decir, tienes que hacer algo para revertir la situación del impacto. Empieza el procedimiento administrativo sancionador (…) y el juez establece la medida correctiva o una multa de tanto monto. La empresa puede decir: ‘Ok, esto es inapelable y cumplo’, pero normalmente las empresas no lo hacen”, aclara Zúñiga.

A ello se agrega que las leyes peruanas también se pueden usar a favor de las empresas extractivas. Choque cuenta que, debido a que no hay un límite de sanciones acumuladas para que una compañía ya no vuelva a contratar con el Estado, estas siguen cometiendo infracciones, solo pagan sus multas y luego continúan explotando los recursos. 

Desde el área de prensa de OEFA detallaron que estos castigos monetarios sirven para financiar las acciones de fiscalización ambiental de dicho organismo, pero no para la reparación de daños ejercidos hacia el medio ambiente.

Las medidas de protesta adoptadas llevaron a que se acuerde una mesa de diálogo con diferentes actores del Gobierno peruano para el X14 de noviembre, aunque esta no se logró realizar en dicha fecha. Juan Balmaceda, asesor legal de la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (Conap), informó que fue reprogramada para el 19, poco más de dos meses después de ocurrido el desastre ambiental y a dos semanas de la retención de pasajeros. 

Responsabilidad ante los derrames de petróleo

Ante la fuga de crudo de septiembre, Petroperú comunicó a través de su cuenta oficial de Twitter que “fue resultado de un corte intencional de 21 cm al oleoducto”. La empresa estatal argumentó que, en los últimos 10 años, el 63% de las contingencias fue por cortes intencionales, 12% por fenómeno geodinámico, 15% por interferencias eléctricas y 7% por aspecto técnico. En la misma línea, el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, acusó a comuneros indígenas de ejecutar este tajo.

Sin embargo, esta no es la primera vez que la compañía pública de hidrocarburos realiza esta afirmación. En la zona ocurrió un derrame de cerca de 2.500 barriles de petróleo en junio del 2014, ante lo cual alegaron el mismo motivo que el señalado por el de septiembre. No obstante, el OEFA resolvió en el 2015 que la responsabilidad es de Petroperú ante la ausencia de mantenimiento de la compañía estatal al ONP.

“Esta narrativa del sabotaje es tan perversa como infundada y lamentablemente tiene una serie de impactos negativos concretos y potentes para las comunidades”, explica la investigación.

En efecto, el documento detalla que la responsabilidad sobre la gran mayoría de derrames “recae sobre las operadoras, sea porque ocurren fallas operativas o por falta de medidas preventivas y predictivas que conllevan procesos corrosivos en la infraestructura petrolera”.

De acuerdo a las cifras que presentan, el 49,4% de los derrames ocurridos en el Oleoducto Norperuano es producto de la corrosión de los ductos y de fallas operativas, mientras que un 34,8% es causado por terceros. El 15,7% restante se debe a causas naturales.

“Hablar de derrames por terceros no puede ser equiparado a decir derrames causados por las comunidades indígenas, aun cuando esta es la lectura mediática y que guía las acciones de Petroperú y de algunas instituciones estatales”, indica la investigación. “No es fácil determinar quiénes son estos terceros”, recalca Eduardo Guevara. 

El estudio también cita un informe del Congreso elaborado en 2017 en el que vinculan a estos denominados “terceros” a las empresas contratadas encargadas de intentar remediar el daño. La comisión denunció que podrían existir casos de colusión entre estas compañías, lo cual devela que existirían intereses aún más grandes detrás de los derrames de crudo, los cuales no benefician en absoluto a un medioambiente cada vez más perjudicado.

“El petróleo nos está dejando una deuda ambiental. Podemos hablar de beneficios monetarios de las ventas de los hidrocarburos, pero —cuando comparas y valorizas el impacto ambiental en términos de valorización ambiental— la comparación es sumamente inequitativa”, concluye Mario Zúñiga.

Fuente: La República