Durante Perú Energía Cusco 2026, Rogers Valencia, presidente del Instituto Cusqueño de Economía, cuestionó la gestión de los recursos generados por la explotación de Camisea desde 2004 y advirtió que la falta de eficiencia en el gasto público ha limitado el impacto del canon y sobrecanon gasífero en el desarrollo de la región.

Millonarios recursos sin traducirse en obras para la población

Valencia señaló que Cusco ha recibido aproximadamente S/ 33,000 millones por concepto de impuestos y canon gasífero durante los últimos años. Sin embargo, de este monto, solo se habrían ejecutado alrededor de S/ 20,000 millones, mientras que cerca de S/ 12,000 millones permanecen inmovilizados en depósitos bancarios del Ministerio de Economía y Finanzas.

Para el presidente del Instituto Cusqueño de Economía, estas cifras evidencian una importante brecha entre la generación de recursos provenientes de la actividad gasífera y la capacidad de las autoridades para convertirlos en obras y servicios en beneficio de la población.

Miles de obras paralizadas evidencian fallas en la gestión

El economista también advirtió que la región registra 6,880 obras paralizadas, de las cuales aproximadamente el 60% corresponde a municipios distritales.

Según explicó, esta situación responde, en parte, a incentivos que priorizan el inicio de nuevos proyectos antes que la culminación de las obras ya iniciadas, generando una acumulación de proyectos inconclusos y limitando el impacto real de los recursos públicos.

Falta de inversión en seguridad energética genera mayores costos

Valencia también se refirió a las consecuencias económicas de las fallas en la infraestructura energética. Señaló que el accidente registrado en el actual sistema de transporte de gas de Camisea generó un impacto equivalente al 1% del PBI nacional, estimado en aproximadamente US$ 3,500 millones.

En ese sentido, sostuvo que una mayor inversión preventiva en seguridad y mantenimiento de la infraestructura energética habría resultado más eficiente que asumir posteriormente los costos económicos derivados de la paralización del suministro.

El presidente del Instituto Cusqueño de Economía concluyó que el desafío no consiste únicamente en generar mayores recursos a partir de la actividad gasífera, sino en mejorar la capacidad de gestión y ejecución de las autoridades, para que el canon y sobrecanon se traduzcan efectivamente en infraestructura, servicios y desarrollo para la población del Cusco.

El ministro de Energía y Minas, Waldir Ayasta Mechán, encabezó la ceremonia de conexión al gas natural del Hospital Nacional Cayetano Heredia, una obra que permitirá reducir los costos energéticos del establecimiento y mejorar la eficiencia de servicios esenciales que atienden a miles de pacientes cada año.

Gas natural para fortalecer la atención hospitalaria

Durante la ceremonia, el titular del MINEM destacó que la incorporación del gas natural contribuirá a optimizar el funcionamiento de áreas críticas del hospital, incluyendo los laboratorios, los servicios de neonatología y otros espacios vinculados con la atención de pacientes.

“La energía nos apoya a salvar vidas, y el gas natural no solamente generará un importante ahorro, sino que permitirá fortalecer el trabajo en los laboratorios o en la atención de los recién nacidos en el área neonatal”, señaló Ayasta Mechán.

El Hospital Nacional Cayetano Heredia registra aproximadamente 563 mil atenciones anuales, por lo que la conexión al gas natural permitirá contar con una fuente energética más eficiente y contribuirá a garantizar la continuidad de servicios esenciales.

Ahorro energético y modernización de servicios

La nueva conexión permitirá optimizar procesos de esterilización, lavandería, nutrición, neonatología, UCI neonatal, medicina física y rehabilitación, entre otros servicios hospitalarios.

Asimismo, la reducción de los costos de energía permitirá un uso más eficiente de los recursos públicos y favorecerá una gestión hospitalaria más sostenible.

BonoGas impulsa la conexión de establecimientos públicos

La obra fue ejecutada a través del programa BonoGas, implementado por el Fondo de Inclusión Social Energético (FISE), como parte de la política estatal de masificación del gas natural.

Con esta iniciativa, el Estado busca ampliar el acceso a esta fuente energética y promover la modernización de la infraestructura pública, contribuyendo a mejorar la calidad y eficiencia de los servicios que reciben los ciudadanos.

La Asociación de Consumidores de Gas (ACG) instó al próximo gobierno a velar por el estricto cumplimiento del contrato de concesión del sistema de transporte de gas natural de Camisea, tras la reciente interrupción del servicio que, según indicó, superó ampliamente el límite de indisponibilidad permitido y generó sobrecostos para los usuarios.

El presidente de la ACG, Roberto Santiváñez, sostuvo que corresponde al Estado garantizar que el concesionario cumpla con todas las obligaciones establecidas en el contrato, especialmente las relacionadas con la seguridad y continuidad del servicio.

El pronunciamiento se da luego de la contingencia registrada en el ducto operado por Transportadora de Gas del Perú (TGP), así como de las observaciones emitidas por Osinergmin y la Contraloría General de la República respecto al funcionamiento del sistema.

Santiváñez explicó que el contrato de concesión establece que la disponibilidad anual del sistema debe ser superior al 99 %, lo que equivale a un máximo de 87,6 horas de interrupciones no programadas. Sin embargo, señaló que la reciente emergencia mantuvo fuera de operación el sistema durante alrededor de 324 horas, excediendo ampliamente ese límite.

Ante este escenario, la ACG consideró indispensable que el concesionario presente un plan de mejoras que contemple nuevas inversiones, protocolos de mantenimiento más eficientes y mecanismos de contingencia que permitan reducir el riesgo de futuras interrupciones del servicio.

Asimismo, recordó que la Contraloría identificó indicios de un posible incumplimiento de la cláusula 3.1 del contrato de concesión, referida a la capacidad mínima del sistema de transporte de gas natural. Precisó que será Osinergmin la entidad encargada de determinar si efectivamente existió una infracción.

De confirmarse el incumplimiento contractual, el concesionario podría ser objeto de sanciones económicas, conforme a lo establecido en el marco regulatorio vigente.