Hidrocarburos
Abogado de PPN: “Si no se respeta un laudo, ahuyentamos la inversión en el país”
Pluspetrol Norte y el OEFA tienen una controversia sobre los pasivos ambientales en el Lote 192 (Loreto). Aurelio Loret de Mola, en entrevista concedida a RTV Economía, señala que no les corresponde remediar lo contaminado antes de su presencia en este campo de producción petrolera.
Pluspetrol Norte (PPN) dejó el Lote 192, en Loreto, el año 2015. Para que todo quede saneado, debe asumir los pasivos ambientales que le corresponde. ¿Cómo va esto?
La discusión con el OEFA no es sobre pasivos ambientales que haya generado Pluspetrol Norte, la controversia con el OEFA es la contaminación ambiental anterior, antes que PPN llegara a estos lotes. La ley consagra el principio del contaminador pagador; es decir, el que ensucia limpia, el que arruga plancha, el que contamina remedia el medio ambiente. Nosotros no hemos ensuciado, no hemos arrugado, no hemos contaminado; en consecuencia, no tenemos qué remediar.
Pluspetrol Norte y Perupetro fueron a un arbitraje internacional para determinar responsables en la remediación ambiental. ¿Qué dice el laudo?
Lo que dice, y es equivalente a una sentencia a cosa juzgada en el Perú, es que toda contaminación anterior al 9 de mayo del 2000 no le corresponde a PPN porque no estaba allí, estaba otra compañía que es responsable. Lo que sucede es que el OEFA le metió tijera al laudo y, si miran el comunicado del OEFA, no menciona esa parte del laudo. Lo único que señala es que Pluspetrol asumió contractualmente una obligación de cumplir la normativa ambiental y acatar las decisiones de las autoridades competentes. Obviamente hacia adelante, no hacia atrás, en aquello donde no tiene responsabilidad.
Pero la empresa tiene que sujetarse a las normas del OEFA, que señala que quien asume el lote lo debe hacer con los pasivos y los activos…
Por esa razón fuimos a un arbitraje que está en el contrato con Perupetro. El laudo dice con toda claridad que no somos responsables de lo anterior a nuestra presencia en el Lote 192. Si no se respeta un laudo, que tiene calidad de cosa juzgada, lo que hacemos es vivir en un país que no tiene predictibilidad, y ahuyentamos la inversión en el país, en un momento complicado.
¿Cuánto es el impacto ambiental en el Lote 192?
Lo dijo el Ministerio de Energía y Minas. Antes de que llegáramos allí, eran 1.199 sitios contaminados, eso corresponde remediarlos al Estado porque dejó ir a la compañía anterior, sin obligarla a limpiar lo que ensució. ¿Qué tenemos que hacer? También lo dice el ministerio, que la empresa acepta ser responsable por el abandono de 13 zonas de disposición de residuos no peligrosos y de 19 emplazamientos de residuos industriales. Eso lo tenemos que hacer nosotros.
¿Y lo hicieron?
Como tenemos cinco años discutiendo con el OEFA, ni siquiera nos dejan hacer lo que nos corresponde. Ya hubiéramos terminado de resolver ese problema, pero lo que le corresponde al Estado, que es lo anterior, que está decidido en el laudo, que lo asuma de una vez.
¿Qué porcentaje de lo impactado le corresponde a PPN?
A diferencia de lo hecho anteriormente, Pluspetrol reinyectó al subsuelo el agua que sale con el petróleo. Lo que hacían antes era ponerlas en piscinas, al aire libre. Se separaba el petróleo del agua contaminada con un 5% de petróleo y 95% de agua, que se echaba al río. Al llegar al lugar, Pluspetrol invirtió US$ 500 millones, más de US$ 200 millones adicionales por gastos de operación para reinyectar el agua contaminada al subsuelo. Además, hemos tenido en el Lote 40 actos vandálicos, los denunciamos ante la fiscalía. Pluspetrol Norte asumió la responsabilidad de remediarlos, y nos hemos encontrado con otro problema.
¿Cuál es ese?
OEFA nos dice que tenemos que dejar el terreno donde hubo esos actos vandálicos, como si fuera agrícola. Es decir, nos están diciendo que tenemos que deforestar, porque allí estamos en medio de la selva y eso es una barbaridad. Y quiero mencionar que la OCDE, a donde el Perú aún no entró justamente porque tenemos instituciones como el OEFA, en su último informe dice cosas graves sobre el OEFA: que no parten de la evidencia técnica, sino de percepciones; es decir, es arbitraria. En segundo lugar, que tiene competencia profesional insuficiente; y en tercer lugar, tiene un sistema de multas que es un incentivo perverso porque la aplican, la cobran y es recurso del OEFA, además aplican el sistema paga primero, reclama después.
¿Qué multas les impuso?
Desde julio, 69 multas coercitivas. Nos han estado cobrando US$ 2 millones por semana. Si lo calculáramos en un año, estaríamos hablando de US$ 104 millones. Además que si no presentamos el plan de abandono y remediación como ellos quieren, viene una multa por cada lote de hasta 30.000 UIT; es decir, de hasta US$ 76 millones. Esto es de locos, esto es irracional.
¿En qué es distinto el laudo del Lote 192 respecto de la situación del Lote 8?
También tenemos un laudo favorable a Pluspetrol Norte con respecto al Lote 8, que derivó en un acuerdo de colaboración celebrado el 24 de setiembre del 2019 con Petroperú, por el cual los pasivos ambientales detectados en ese lote deben ser asumidos: 94,43% por Petroperú y 5,57% por Pluspetrol Norte.
Ucayali tiene inventarios para entre 1.5 y 3 días de consumo. Se busca elevarlos a por lo menos 7 días y habilitar temporalmente infraestructura adicional de almacenamiento.
El Ministerio de Energía y Minas (Minem) declaró en situación de emergencia las actividades de hidrocarburos vinculadas al abastecimiento de combustibles en Ucayali, debido a la capacidad limitada capacidad de almacenamiento y la vulnerabilidad de la cadena de suministro en la región.
La medida, establecida mediante la Resolución Ministerial N.° 352-2026-MINEM/DM, tendrá una vigencia de hasta un año, contado desde el día siguiente de su publicación.
El Gobierno señaló que la disposición permitirá adoptar medidas de corto plazo para brindar mayor seguridad al suministro en la región y contribuir a garantizar la continuidad de actividades económicas, básicas y esenciales necesarias para el desarrollo y bienestar de Ucayali.
Riesgo de interrupciones
Según el informe de la Dirección General de Hidrocarburos (DGH) que sustenta la resolución, Ucayali presenta una vulnerabilidad estructural en el abastecimiento de combustibles líquidos. La infraestructura disponible para almacenar Diesel B5 y Gasolina Regular resulta insuficiente para mantener inventarios que permitan enfrentar eventuales interrupciones en el sistema logístico.
Durante el pronunciamiento conjunto del Ejecutivo, el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, señaló que actualmente Ucayali cuenta con inventarios equivalentes a entre 1.5 y 3 días de consumo.
Frente a esta situación, el Ejecutivo busca generar las condiciones para elevar esa disponibilidad a por lo menos siete días, de manera que la región cuente con un mayor margen de respuesta ante eventuales interrupciones en la cadena logística y se reduzcan condiciones que puedan favorecer la especulación de precios.
Hidrocarburos
Gobierno acelera acuerdos con privados para reforzar abastecimiento de combustibles en Ucayali
El ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, anunció la declaratoria de emergencia en el abastecimiento de hidrocarburos en la región Ucayali, como respuesta a las dificultades de suministro y al incremento de los precios de los combustibles. La medida busca elevar los inventarios disponibles en Pucallpa de tres a siete días, reducir la vulnerabilidad del mercado regional y frenar la especulación de precios.
Shinno señaló que la declaratoria será oficializada mediante una resolución ministerial, que permitirá adoptar medidas extraordinarias para fortalecer la disponibilidad de combustibles en la región.
Habilitarán infraestructura para aumentar las reservas
Entre las principales acciones se contempla el uso temporal de infraestructura de almacenamiento que actualmente tiene otros usos industriales, priorizando su acondicionamiento para almacenar diésel 2 y ampliar la capacidad de reserva disponible en Ucayali.
En esta línea, el Gobierno viene coordinando con empresas privadas para incorporar capacidad adicional al sistema de abastecimiento regional.
Aguaytía Energy cederá tanques a Petroperú
Uno de los acuerdos anunciados contempla que Aguaytía Energy ceda temporalmente dos tanques de almacenamiento a Petroperú, con el objetivo de incrementar la capacidad de reserva de la empresa estatal en Pucallpa.
La medida permitirá disponer de infraestructura adicional mientras se implementan soluciones de mayor plazo para garantizar un suministro más estable de combustibles en Ucayali.
Evaluarán instalaciones de Maple Gas
El Minem también inició una evaluación técnica de antiguas instalaciones de almacenamiento, entre ellas las que pertenecieron a Maple Gas, para determinar si pueden ser recuperadas y acondicionadas para contribuir al abastecimiento regional.
Paralelamente, el sector Energía y Minas revisará las disposiciones relacionadas con el contenido de azufre de los combustibles comercializados en la Amazonía, considerando las particularidades logísticas y de abastecimiento de esta zona del país.
Gobierno evalúa subsidio temporal para la selva
Como parte de las medidas de contingencia, el Minem coordina con el Ministerio de Economía y Finanzas la posibilidad de implementar un subsidio temporal y focalizado que permita mitigar el incremento de los costos de los combustibles en la selva.
El conjunto de medidas busca atender la emergencia inmediata, reforzar los inventarios y reducir la exposición de Ucayali a interrupciones en las rutas de abastecimiento, mientras se desarrollan soluciones estructurales para mejorar su seguridad energética.
Hidrocarburos
Viceministra del Minem plantea una política energética de Estado para reforzar la seguridad energética
Antes de asumir nuevamente como viceministra de Hidrocarburos, Iris Cárdenas expuso en Perú Energía 2026 su visión sobre los principales desafíos del sector, destacando la necesidad de una política energética de largo plazo, mayor redundancia en la infraestructura de hidrocarburos y una reducción de las barreras burocráticas para impulsar nuevas inversiones.
Uno de los principales problemas identificados por Cárdenas es el déficit de infraestructura energética crítica, situación que, a su juicio, limita la competitividad del país y representa un riesgo para la seguridad energética.
En particular, advirtió que los sistemas de transporte de hidrocarburos presentan una insuficiente redundancia física, por lo que resulta necesario desarrollar rutas alternativas y mecanismos de respaldo que permitan mantener el suministro frente a eventuales emergencias o interrupciones.
En este escenario, planteó la necesidad de implementar sistemas tipo looping y otras soluciones que permitan contar con una infraestructura más robusta, descentralizada y capaz de responder ante contingencias.
Hidrocarburos seguirán teniendo un papel estratégico
Cárdenas también puso énfasis en la elevada dependencia de los hidrocarburos que mantiene la matriz energética nacional. Consideró que, pese al proceso de transición energética, en el corto y mediano plazo estos recursos continuarán siendo fundamentales para atender las necesidades energéticas del país.
Por ello, planteó que su papel debe ser definido expresamente dentro de una política energética de Estado, estableciendo una visión clara sobre su desarrollo, aprovechamiento y contribución a la seguridad energética nacional.
La definición de esta estrategia permitiría, además, evitar que las decisiones fundamentales del sector queden sujetas a los cambios de gobierno y a las prioridades de cada administración.
Una política energética que trascienda los gobiernos
Para Cárdenas, el país necesita establecer una política energética de largo plazo, con objetivos que sean respetados por los gobiernos sucesivos y mecanismos que permitan evaluar periódicamente su cumplimiento.
Uno de los elementos propuestos es establecer una rendición de cuentas anual sobre los avances de dicha política, de modo que exista seguimiento sobre las metas relacionadas con infraestructura, inversiones, abastecimiento y desarrollo energético.
La planificación debería ser liderada por el Estado mediante un enfoque integrado, pero su construcción tendría que involucrar a distintos actores políticos y sociales. En particular, consideró necesario generar consensos entre el Ejecutivo y el Legislativo para garantizar continuidad y estabilidad.
Equilibrio económico, social y ambiental
La política energética también debería incorporar un equilibrio entre las dimensiones económica, social y ambiental, especialmente en proyectos que involucran recursos ubicados en zonas sensibles o protegidas.
En ese sentido, el desarrollo de infraestructura y el aprovechamiento de los recursos energéticos deben considerar tanto las necesidades de crecimiento económico como los impactos sociales y ambientales asociados a cada proyecto.
Una visión de largo plazo permitiría, además, establecer mecanismos para que los recursos provenientes de los hidrocarburos contribuyan al cierre de las brechas del país, particularmente en infraestructura y servicios esenciales, bajo criterios de sostenibilidad y eficiencia.
Burocracia: una barrera para las inversiones
Otro de los problemas identificados está relacionado con la excesiva burocracia y los largos plazos de los procedimientos administrativos, que pueden retrasar la exploración, el desarrollo de proyectos y las inversiones en infraestructura energética.
Entre los casos señalados se encuentra el levantamiento de líneas base para los estudios ambientales, proceso que puede extenderse hasta dos años. Cárdenas consideró que, tomando en cuenta la experiencia acumulada y el conocimiento existente sobre las actividades y sus impactos, estos procedimientos podrían desarrollarse en plazos considerablemente menores, sin reducir las exigencias ambientales.
La propuesta apunta a mejorar la eficiencia y predictibilidad del sistema regulatorio, evitando que los tiempos administrativos terminen postergando proyectos necesarios para atender la demanda energética futura.
Consulta previa y generación de consensos
En relación con la consulta previa, Cárdenas planteó la necesidad de diferenciarla de los procesos de evaluación de impactos ambientales. Desde su perspectiva, el mecanismo debe concentrarse específicamente en la posible afectación de los derechos colectivos de las comunidades.
Asimismo, consideró necesario que el Estado pase de una visión centrada exclusivamente en el cumplimiento de procedimientos hacia una estrategia de generación de consensos técnicos y sociales.
En esta línea, los instrumentos de gestión ambiental deberían mantener su carácter técnico y permitir procesos más ágiles, sin que ello implique reducir los estándares de protección ambiental o los derechos de las poblaciones involucradas.
El reto de convertir la visión en una hoja de ruta
Los planteamientos de Cárdenas configuran una visión que coloca la seguridad energética, la infraestructura, la inversión y la sostenibilidad como elementos centrales de una estrategia nacional de largo plazo.
Ahora, tras su retorno al Viceministerio de Hidrocarburos, el desafío será determinar cómo estas propuestas pueden traducirse en políticas, proyectos y medidas concretas para reducir la vulnerabilidad de la infraestructura, garantizar el abastecimiento energético y generar condiciones que permitan nuevas inversiones.
El objetivo de fondo es avanzar hacia una política energética que no dependa de los ciclos políticos y que permita al país tomar con anticipación las decisiones necesarias para cerrar las brechas entre la oferta y la demanda, fortalecer su seguridad energética y aprovechar de manera sostenible sus recursos hidrocarburíferos.
DESIGNACIÓN
El Poder Ejecutivo oficializó la designación de Iris Marleni Cárdenas Pino como viceministra de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), mediante la Resolución Suprema N.° 037-2026-EM. La funcionaria retorna a una posición que ya ocupó entre marzo de 2024 y diciembre de 2025 y reemplaza a Joe Alberto Peralta Pérez.
Economista egresada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), Cárdenas cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector energético, con especialización en desarrollo sostenible y diseño de políticas energéticas.
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