Hidrocarburos
Sindicatos de Petroperú reafirman exigencia de derogar decreto de reorganización ante «riesgos estructurales que introduce» la norma

pesar de los anuncios realizados por el Ministerio de Energía y Minas (Minem) y los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas de Petróleos del Perú el lunes 16 de marzo de 2026, el Frente de Sindicatos de Trabajadores Petroleros de Petroperú (FSTPP) reafirma su exigencia: la derogatoria inmediata del Decreto de Urgencia 010-2025.
Para la organización sindical, las medidas anunciadas por el Ejecutivo —orientadas a respaldar financieramente a Petroperú, mejorar su liquidez y asegurar la continuidad operativa— resultan claramente insuficientes frente a los riesgos estructurales que introduce el decreto. Si bien se contemplan mecanismos de apoyo estatal, reorganización administrativa y acciones para optimizar la gestión, estas disposiciones no abordan el problema de fondo, que según los trabajadores radica en el propio contenido del DU 010-2025.
Gestión y viabilidad
Desde la perspectiva sindical, el decreto no solo compromete la gestión y viabilidad de la empresa, sino que además presenta serios indicios de inconstitucionalidad. Esta preocupación se ve reforzada por la demanda presentada por la Defensoría del Pueblo ante el Tribunal Constitucional, lo que, a juicio de los sindicatos, evidencia que no es posible sostener ninguna política de fortalecimiento empresarial sobre una base jurídica cuestionada.
En esa línea, los trabajadores también cuestionan lo que consideran una “doble vara” en el tratamiento económico entre empresas públicas y privadas. Señalan que mientras el apoyo estatal a Petroperú suele calificarse como un “salvavidas” —sugiriendo un gasto perdido o un rescate a la ineficiencia—, los beneficios otorgados al sector privado son presentados como “incentivos” o “fomento”, aun cuando impliquen importantes recursos públicos. Para los sindicatos, esta diferencia en el lenguaje refleja una narrativa que desvaloriza la inversión estatal en activos estratégicos.

Utilidad para el Estado
Asimismo, remarcan que, a diferencia de lo que ocurre con empresas privadas, cualquier utilidad generada por Petroperú —especialmente tras la modernización de la Refinería de Talara— retorna íntegramente al Estado y, por tanto, al financiamiento de servicios públicos como salud, educación e infraestructura. En contraste, sostienen que los beneficios derivados de subsidios o exoneraciones tributarias a privados quedan en manos de sus accionistas, sin un retorno directo equivalente para el erario nacional.
Otro aspecto crítico señalado es la distribución del riesgo. Según advierten, diversos proyectos privados operan bajo esquemas que incluyen garantías soberanas, donde el Estado asume pérdidas en caso de fracaso, mientras que las ganancias se privatizan si el proyecto tiene éxito. Bajo ese marco, consideran contradictorio que a Petroperú se le exija operar con criterios estrictos de rentabilidad privada, mientras enfrenta limitaciones políticas y burocráticas que no afectan a sus competidores.
Del mismo modo, el FSTPP destaca la diferencia entre inversión en activos y gasto tributario. La inversión en infraestructura como la Nueva Refinería de Talara, indican, se traduce en activos físicos y capacidad productiva que pertenecen al país. En cambio, las exoneraciones tributarias representan ingresos que el Estado deja de percibir de manera recurrente, generando un impacto fiscal significativo que, según diversas estimaciones, puede superar ampliamente los montos destinados a la empresa estatal.
Asimismo, uno de los puntos más críticos señalados por los trabajadores es el riesgo de que el decreto facilite el “malbarateo” de los principales activos de Petroperú. En su análisis, advierten que la norma abre la puerta a procesos que podrían derivar en la cesión o privatización encubierta de infraestructura estratégica, debilitando el rol de la empresa como actor clave en el sector energético nacional.
Rol estratégico
A ello se suma el rol estratégico que cumple Petroperú en el abastecimiento de combustible en zonas donde la inversión privada no llega por falta de rentabilidad, como regiones de la selva y zonas altoandinas. En ese sentido, los sindicatos subrayan que el Estado no solo actúa como agente económico, sino como garante del acceso a servicios esenciales en todo el territorio.
Bajo esta lectura, los anuncios del Ejecutivo y las decisiones de la Junta General de Accionistas no logran disipar las preocupaciones de fondo. Para el FSTPP, cualquier medida de apoyo económico o administrativo pierde eficacia si no se elimina previamente el marco normativo que, según sostienen, amenaza la integridad institucional y patrimonial de la empresa.
La reunión sostenida con el congresista Carlos Zeballos refuerza esta línea de acción política. Ambas partes han coincidido en la necesidad de impulsar la derogatoria del DU 010-2025 desde el ámbito legislativo, consolidando un frente que busca frenar lo que consideran una política perjudicial para los intereses nacionales. En esa misma línea, se recuerda que el actual Presidente de la República, José María Balcázar, figura como coautor de uno de los proyectos de ley que plantean la derogación de dicha norma.
En conclusión, los sindicatos de Petroperú mantienen una posición firme: los anuncios del Gobierno son insuficientes mientras el Decreto de Urgencia 010-2025 continúe vigente. Sostienen que la solución no pasa únicamente por medidas financieras, sino por garantizar un marco legal legítimo, transparente y alineado con la defensa del patrimonio estatal. En ese contexto, advierten que el cuestionamiento constante a la inversión pública en la empresa podría responder a una narrativa orientada a debilitar su valor y justificar su eventual transferencia a bajo costo. Por ello, el Frente de Sindicatos de Trabajadores Petroleros de Petroperú reiteran su demanda central: la derogación inmediata del DU como condición indispensable para asegurar la viabilidad y el futuro de Petroperú.

Hidrocarburos
SPH plantea cuatro prioridades para que el próximo gobierno fortalezca la seguridad energética del país

Para la Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH), la nueva etapa que inicia el país debe estar marcada por una transición ordenada y democrática, así como por el fortalecimiento de la estabilidad política e institucional, condiciones indispensables para recuperar la confianza, atraer inversiones y avanzar en las reformas necesarias para impulsar la seguridad energética y el desarrollo económico.
En ese contexto, la SPH planteó que el próximo gobierno impulse una hoja de ruta para reactivar la exploración de hidrocarburos, fortalecer la seguridad energética del país, recuperar la inversión privada y ampliar el acceso a energía competitiva en más regiones. Actualmente, más de 2,5 millones de hogares y cerca de 350 mil vehículos utilizan gas natural diariamente, lo que evidencia la importancia de seguir impulsando su desarrollo y masificación.
De acuerdo con el gremio, el Perú requiere una agenda integral que reconozca el rol estratégico del gas, el petróleo y la exploración responsable como parte de una política pública orientada a garantizar abastecimiento, competitividad, empleo y desarrollo territorial.
“Sin una política energética clara, el país seguirá expuesto a contingencias, dependencia de importaciones y pérdida de competitividad. El próximo gobierno tiene la oportunidad de construir una hoja de ruta seria, técnica y de largo plazo para asegurar energía suficiente y sostenible para los peruanos”, señaló Felipe Cantuarias, presidente de la SPH.

Prioridades
La SPH propuso cuatro prioridades para ordenar esta agenda. La primera es reactivar la exploración de hidrocarburos para reponer reservas y reducir la exposición del país a la volatilidad internacional. La segunda es fortalecer la seguridad energética con planificación, infraestructura, permisos oportunos y mecanismos que permitan anticipar riesgos. La tercera es recuperar la inversión mediante reglas claras y estabilidad jurídica. La cuarta es acelerar la masificación del gas natural, especialmente en regiones donde este recurso aún no llega a hogares, transporte, comercios e industrias.
El gremio recordó que el gas natural ya cumple un rol clave en la economía peruana: aporta cerca del 40% de la generación eléctrica del país y ha permitido mejorar la competitividad de hogares, pymes, industrias y transporte. Sin embargo, aún existen 14 regiones sin acceso a este recurso, por lo que cerrar esa brecha debe ser una prioridad nacional.
En materia de exploración e inversión, la SPH advirtió que el país enfrenta señales que requieren atención urgente. El Perú cuenta con 18 cuencas con potenciales reservas de hidrocarburos, pero solo 5 están activas; además, los contratos de exploración pasaron de 41 en 2015 a 5 en 2024, y en 2025 no se registraron pozos exploratorios. Para el gremio, este escenario evidencia la necesidad de devolver predictibilidad al sector y convertir el potencial energético en inversión, canon, regalías y desarrollo regional.

Hidrocarburos
Trabajadores de Petro-Perú solicitan medidas correctivas ante estados financieros arreglados por la petrolera estatal

El Sindicato de Trabajadores Administrativos de Petro-Perú (STAPP) expresó preocupación por la información difundida por el diario El Comercio, la cual pone en evidencia que la estatal habría arreglado las cifras de sus estados financieros del 2025 para minimizar sus pérdidas.
Y es que una auditoría desarrollada por PwC reveló que Petro-Perú no perdió US$468 millones en el 2025, como informó inicialmente, sino US$601 millones.
Es más, la firma auditora dijo haber hallado una incorrección material grave, debida a “fraude o error”, la cual podría influir en las decisiones económicas de la empresa, y atribuyó la responsabilidad a la gerencia.

Al respecto, STAPP solicitó que se disponga una evaluación interna transparente y se determinen las responsabilidades que correspondan, implementando medidas correctivas inmediatas, pero respetando el debido proceso.
Esto, a fin de fortalecer el control interno, la transparencia financiera, la gestión de contingencias y la toma de decisiones basada en criterios técnicos.
“Nuestra organización sindical observa que se habría producido una evaluación deficiente por parte de las áreas responsables, lo que habría impedido que la empresa adoptase, en su momento, decisiones de menor impacto económico”, dijo el sindicato.
Remarcó que no es aceptable que omisiones, retrasos o deficiencias de gestión terminen generando mayores costos para Petro-Perú o agravando su situación económica y financiera.
En esa línea, exigió que los funcionarios responsables actúen con mayor diligencia, eficiencia y eficacia, debido a que “sus actos impactan directamente en el patrimonio de la empresa, su sostenibilidad, su imagen institucional y el cumplimiento de sus obligaciones laborales, contractuales y financieras”.
Del mismo modo, rechazó que se pretenda trasladar a los trabajadores las consecuencias de decisiones que corresponden a niveles directivos y gerenciales.
“Los trabajadores sostienen diariamente las funciones de soporte, control, logística, gestión, operación y continuidad empresarial; por ello, no pueden ser responsabilizados por errores u omisiones de quienes tienen a su cargo la conducción de la empresa”, manifestó STAPP. Fuente. El Comercio

Hidrocarburos
José Alberto Peralta Pérez es designado nuevo viceministro de Hidrocarburos del Minem

El Poder Ejecutivo oficializó el nombramiento del nuevo viceministro de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas, cargo que se encontraba vacante y que tiene a su cargo la conducción de las políticas públicas del subsector.
El Poder Ejecutivo designó a José Alberto Peralta Pérez como nuevo viceministro de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas (Minem), mediante una Resolución Suprema refrendada por el ministro de Energía y Minas. El puesto es considerado de confianza y se encontraba vacante.
Asume la conducción del Viceministerio de Hidrocarburos
La designación responde a la necesidad de cubrir el cargo de viceministro de Hidrocarburos, órgano que forma parte de la estructura básica del Ministerio de Energía y Minas, de conformidad con la Ley N.° 30705, Ley de Organización y Funciones del Minem.
De acuerdo con esta norma, el Viceministerio de Hidrocarburos tiene entre sus principales funciones formular, coordinar, ejecutar y supervisar la política de desarrollo sostenible en materia de hidrocarburos, en concordancia con la política nacional del sector.

Cargo clave para el desarrollo energético
Con la incorporación de José Alberto Peralta Pérez, el Ministerio de Energía y Minas completa uno de los cargos estratégicos para la conducción de las políticas vinculadas a la exploración, explotación, transporte, distribución y comercialización de hidrocarburos en el país.
La Resolución Suprema precisa que la designación se realiza en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento y designación de funcionarios públicos, y la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Energía y Minas.
En ese contexto, el nuevo viceministro asume funciones en un momento relevante para el subsector hidrocarburos, marcado por los desafíos de impulsar la masificación del gas natural, promover nuevas inversiones en exploración y producción, fortalecer la seguridad energética del país y contribuir al desarrollo de proyectos que permitan garantizar el abastecimiento energético y la competitividad del sector.

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