Hidrocarburos
Sindicatos de Petroperú reafirman exigencia de derogar decreto de reorganización ante «riesgos estructurales que introduce» la norma
pesar de los anuncios realizados por el Ministerio de Energía y Minas (Minem) y los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas de Petróleos del Perú el lunes 16 de marzo de 2026, el Frente de Sindicatos de Trabajadores Petroleros de Petroperú (FSTPP) reafirma su exigencia: la derogatoria inmediata del Decreto de Urgencia 010-2025.
Para la organización sindical, las medidas anunciadas por el Ejecutivo —orientadas a respaldar financieramente a Petroperú, mejorar su liquidez y asegurar la continuidad operativa— resultan claramente insuficientes frente a los riesgos estructurales que introduce el decreto. Si bien se contemplan mecanismos de apoyo estatal, reorganización administrativa y acciones para optimizar la gestión, estas disposiciones no abordan el problema de fondo, que según los trabajadores radica en el propio contenido del DU 010-2025.
Gestión y viabilidad
Desde la perspectiva sindical, el decreto no solo compromete la gestión y viabilidad de la empresa, sino que además presenta serios indicios de inconstitucionalidad. Esta preocupación se ve reforzada por la demanda presentada por la Defensoría del Pueblo ante el Tribunal Constitucional, lo que, a juicio de los sindicatos, evidencia que no es posible sostener ninguna política de fortalecimiento empresarial sobre una base jurídica cuestionada.
En esa línea, los trabajadores también cuestionan lo que consideran una “doble vara” en el tratamiento económico entre empresas públicas y privadas. Señalan que mientras el apoyo estatal a Petroperú suele calificarse como un “salvavidas” —sugiriendo un gasto perdido o un rescate a la ineficiencia—, los beneficios otorgados al sector privado son presentados como “incentivos” o “fomento”, aun cuando impliquen importantes recursos públicos. Para los sindicatos, esta diferencia en el lenguaje refleja una narrativa que desvaloriza la inversión estatal en activos estratégicos.
Utilidad para el Estado
Asimismo, remarcan que, a diferencia de lo que ocurre con empresas privadas, cualquier utilidad generada por Petroperú —especialmente tras la modernización de la Refinería de Talara— retorna íntegramente al Estado y, por tanto, al financiamiento de servicios públicos como salud, educación e infraestructura. En contraste, sostienen que los beneficios derivados de subsidios o exoneraciones tributarias a privados quedan en manos de sus accionistas, sin un retorno directo equivalente para el erario nacional.
Otro aspecto crítico señalado es la distribución del riesgo. Según advierten, diversos proyectos privados operan bajo esquemas que incluyen garantías soberanas, donde el Estado asume pérdidas en caso de fracaso, mientras que las ganancias se privatizan si el proyecto tiene éxito. Bajo ese marco, consideran contradictorio que a Petroperú se le exija operar con criterios estrictos de rentabilidad privada, mientras enfrenta limitaciones políticas y burocráticas que no afectan a sus competidores.
Del mismo modo, el FSTPP destaca la diferencia entre inversión en activos y gasto tributario. La inversión en infraestructura como la Nueva Refinería de Talara, indican, se traduce en activos físicos y capacidad productiva que pertenecen al país. En cambio, las exoneraciones tributarias representan ingresos que el Estado deja de percibir de manera recurrente, generando un impacto fiscal significativo que, según diversas estimaciones, puede superar ampliamente los montos destinados a la empresa estatal.
Asimismo, uno de los puntos más críticos señalados por los trabajadores es el riesgo de que el decreto facilite el “malbarateo” de los principales activos de Petroperú. En su análisis, advierten que la norma abre la puerta a procesos que podrían derivar en la cesión o privatización encubierta de infraestructura estratégica, debilitando el rol de la empresa como actor clave en el sector energético nacional.
Rol estratégico
A ello se suma el rol estratégico que cumple Petroperú en el abastecimiento de combustible en zonas donde la inversión privada no llega por falta de rentabilidad, como regiones de la selva y zonas altoandinas. En ese sentido, los sindicatos subrayan que el Estado no solo actúa como agente económico, sino como garante del acceso a servicios esenciales en todo el territorio.
Bajo esta lectura, los anuncios del Ejecutivo y las decisiones de la Junta General de Accionistas no logran disipar las preocupaciones de fondo. Para el FSTPP, cualquier medida de apoyo económico o administrativo pierde eficacia si no se elimina previamente el marco normativo que, según sostienen, amenaza la integridad institucional y patrimonial de la empresa.
La reunión sostenida con el congresista Carlos Zeballos refuerza esta línea de acción política. Ambas partes han coincidido en la necesidad de impulsar la derogatoria del DU 010-2025 desde el ámbito legislativo, consolidando un frente que busca frenar lo que consideran una política perjudicial para los intereses nacionales. En esa misma línea, se recuerda que el actual Presidente de la República, José María Balcázar, figura como coautor de uno de los proyectos de ley que plantean la derogación de dicha norma.
En conclusión, los sindicatos de Petroperú mantienen una posición firme: los anuncios del Gobierno son insuficientes mientras el Decreto de Urgencia 010-2025 continúe vigente. Sostienen que la solución no pasa únicamente por medidas financieras, sino por garantizar un marco legal legítimo, transparente y alineado con la defensa del patrimonio estatal. En ese contexto, advierten que el cuestionamiento constante a la inversión pública en la empresa podría responder a una narrativa orientada a debilitar su valor y justificar su eventual transferencia a bajo costo. Por ello, el Frente de Sindicatos de Trabajadores Petroleros de Petroperú reiteran su demanda central: la derogación inmediata del DU como condición indispensable para asegurar la viabilidad y el futuro de Petroperú.
Hidrocarburos
Petroperú y ProInversión trabajan de manera conjunta en gestión financiera [COMUNICADO]
Con relación a la implementación de las medidas extraordinarias y mecanismos financieros dictados por el Ejecutivo para afianzar la estabilidad energética del país, Petroperú y ProInversión comunican a la opinión pública, al mercado y a los actores del sector lo siguiente:
1. Gestión Fiduciaria y Transparencia Absoluta: En estricto cumplimiento del Decreto de Urgencia N.° 003-2026, Petroperú reafirma su respaldo total a que todos los mecanismos financieros, fideicomisos y recursos generados bajo este marco normativo sean estructurados y administrados directamente por ProInversión. Este modelo de gobernanza corporativa garantiza al país y a los acreedores la total trazabilidad, eficiencia y uso estrictamente técnico de los fondos.
2. Prioridad: Abastecimiento Nacional. Los fondos gestionados bajo la rectoría de ProInversión tienen una finalidad ineludible vinculada a asegurar la compra de crudo, sostener la cadena logística a nivel nacional y evitar cualquier riesgo de desabastecimiento de combustibles que afecte a la población y a los sectores productivos.
3. Colaboración Operativa Inmediata: Para asegurar la rápida ejecución de estos mecanismos, la Alta Dirección y el Directorio de Petroperú, como socios estratégicos, asumen el compromiso público de optimizar los procesos internos y facilitar de manera inmediata toda la información y soporte operativo que ProInversión requiera.
4. Reorganización en Marcha: Esta estrategia de financiamiento transparente y blindada se alinea con los objetivos del plan de promoción y reorganización patrimonial en curso. En este contexto, Petroperú, en su condición de empresa estratégica del Estado, continúa orientando sus acciones al fortalecimiento de la cadena de abastecimiento energético del país, asegurando la continuidad operativa y el suministro oportuno a nivel nacional, reforzando el buen gobierno corporativo y consolidando la sostenibilidad financiera de la empresa. Por su parte, ProInversión ejerce su rol como entidad técnica responsable de la conducción del proceso, en un marco de independencia de funciones y respeto de las competencias de cada institución.
5. Ambas instituciones reafirman que el proceso es eminentemente técnico, no político, y está orientado a devolverle la autosostenibilidad a Petroperú protegiendo la seguridad energética del Perú.
La australiana Condor Energy dio un paso clave para el desarrollo de hidrocarburos costa afuera en el norte del país al solicitar la conversión de su acuerdo técnico en un Contrato de Licencia formal ante Perupetro, luego de consolidar el 100% de participación en el proyecto ubicado en el mar de Tumbes.
Condor Energy presentó ante Perupetro la solicitud para convertir el área LXXXVI (TEA 86) en un Contrato de Licencia, mecanismo que le permitiría iniciar una nueva etapa orientada a la exploración y eventual desarrollo de recursos de gas natural e hidrocarburos offshore.
La empresa tomó esta decisión tras adquirir el 20% de participación que mantenía Jaguar Exploration, quedando como titular único del proyecto y fortaleciendo su posición para atraer nuevos socios e inversionistas.
Potencial gasífero y proyección para el norte del país
El bloque se ubica frente a la costa de Tumbes, en profundidades que van entre 50 y 1,500 metros, donde estudios técnicos identificaron más de 20 zonas con potencial hidrocarburífero.
Dentro del área destaca el campo gasífero Piedra Redonda, que registra recursos estimados de 1,003 billones de pies cúbicos de gas natural y que, de concretarse las siguientes fases regulatorias y exploratorias, podría convertirse en una nueva fuente de abastecimiento energético para el país.
Según estimaciones vinculadas al proyecto, una eventual producción de gas natural podría iniciar en aproximadamente cuatro años, sujeto a aprobaciones regulatorias, perforación exploratoria y desarrollo de infraestructura.
Proyecto apunta a atraer inversión y nuevos socios
La compañía señaló que haber consolidado el 100% del proyecto le otorga mayor flexibilidad para avanzar en negociaciones estratégicas con actores del sector energético.
De aprobarse el Contrato de Licencia, se establecerá un marco de largo plazo para ejecutar campañas de perforación, asegurar financiamiento y avanzar hacia una posible etapa de producción comercial en la cuenca de Tumbes.
Hidrocarburos
Senace aprobó 5 modificaciones del Estudio de Impacto Ambiental del Gasoducto Sur Peruano
Senace aprobó en Cusco 182 expedientes que representan más de US$ 5 848 millones en inversiones sostenibles que contribuirán a obras en beneficio de la población, en minería, hidrocarburos, electricidad, transportes, agricultura y residuos sólidos, sectores estratégicos para la economía de la región.
Entre los principales proyectos figuran 3 Estudios de Impacto Ambiental detallados (EIA-d) de grandes proyectos: Lote 58, Línea de transmisión para la conexión de la C.H. San Gabán III al SEIN y Línea de transmisión 220 kV Tintaya Nueva – Pumiri y subestaciones asociadas.
Asimismo, 5 modificaciones de EIA-d (MEIA-d): Gasoducto Sur Peruano – Estación Echarate, Línea de transmisión 220 kV Machupicchu – Tintaya, Línea de conducción de gas Cashiriari 1 – Planta Malvinas – Lote 88, Antapaccay – Integración Coroccohuayco y unidad minera Constancia.
Recibieron certificación ambiental 126 Informes Técnicos Sustentatorios, necesarios para modificaciones o ampliaciones en proyectos que generan impactos ambientales no significativos o que incorporan mejoras tecnológicas. Otros instrumentos adicionales permitirán la construcción de caminos vecinales y plantas de tratamiento, en beneficio de la población.
Todo ello con participación de la ciudadanía, mediante 61 talleres participativos y 21 audiencias públicas que involucraron a más de 5 200 ciudadanos.
Ruta Regional
Las cifras se difundieron en la “Ruta Regional” del Senace que llegó entre el 12 y 14 de mayo al Cusco y convocó a titulares de proyectos, consultoras ambientales, universidades, colegios profesionales y ciudadanía, para entregar información sobre la certificación ambiental.
La presidenta ejecutiva del Senace, Silvia Cuba Castillo, lideró las jornadas donde se presentaron las herramientas digitales de la entidad, como el Chatbot IA de BIANCA, el Portal de Uso Compartido de Línea Base, el Portal de Criterios Técnicos de Evaluación Ambiental y el renovado Registro Nacional de Consultoras Ambientales (RNCA).
Sobre el Senace
El Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) es un organismo público técnico especializado, adscrito al Ministerio del Ambiente, que evalúa la viabilidad ambiental de los grandes proyectos de inversión del país, con solidez técnica y participación ciudadana efectiva.
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