No sólo las empresas de hidrocarburos se ven amenazadas, también las comunidades nativas de Loreto y Ucayali y de otras regiones del país temen por los efectos que tendrá sobre sus actividades económicas y la titularidad de sus tierras, la propuesta aprobada por la comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología (CPAAAAE) del Congreso de la República que busca declarar de “intangibilidad absoluta y permanente”, las reservas indígenas, así como cualquier otra área propuesta  como tal.

La contingencia surge porque, las actuales reservas indígenas y las propuestas, se superponen a proyectos de hidrocarburos en etapa de exploración y explotación, entre ellos el de Camisea, de donde proviene el 40% de la producción energética del país, así como a comunidades nativas asentadas desde hace decenas de años en los territorios que hoy ocupan.

El objetivo de la propuesta es proteger de la pandemia del COVID 19 a los Pueblos Indígenas en Aislamiento o en Contacto Inicial (PIACI), lo cual se propone hacer aislando completamente y de manera permanente, cerca de siete millones de hectáreas del territorio nacional. Esto obviamente no impedirá que las actividades ilegales que se desarrollan en la zona continúen y tengan el camino libre para crecer.

Entonces, de qué vamos a vivir

“Toda mi vida he estado en Urbina. Caminamos semanas en el monte y nunca hemos visto ni oído de los no contactados. No hay evidencia, no sé de dónde sacan y la verdad me molesta porque quieren proteger a fantasmas que no existen y perjudicar a los que vivimos aquí, anulando nuestro derecho de explotación de los recursos naturales y desarrollo”, dice el Apu de Urbina, Henry García, quien vive en la comunidad con sus padres, esposa y su hijo de 15 años, a quien prometió estudios universitarios.

Es un territorio rico en recursos naturales y de eso viven sus habitantes, que se dedican a la caza de animales como el sajino, majás, venado, trompeteros y otras aves, así como a la pesca y al aprovechamiento de productos madereros.

Para llegar a este alejado lugar, se debe viajar ocho días en lancha desde la ciudad de Iquitos y está a cuatro horas de la frontera con Ecuador. Urbina, Flor de Coco, Buena Vista, Shapajal y Bolívar son comunidades nativas sobre las cuales se ha propuesto crear una nueva reserva, pese a que no existen estudios sólidos sobre la existencia de PIACI en estas áreas.

La presencia del Estado es escasa, pero ellos han podido salir adelante con sus actividades económicas que les han permitido acceder a internet, electricidad, agua, construir un colegio y una posta médica, donde ellos mismos pagan el servicio de un técnico de enfermería. El Estado, subraya, solo se hace presente con los maestros y alimentos del programa escolar Qali Warma.

Henry García cuenta que, si se declara la intangibilidad absoluta y permanente de esta zona, solo van a poder utilizar los recursos para consumirlos, pero no para comercializarlos. “Entonces, ¿de qué vamos a vivir? ¿Cómo vamos a mantener a sus nuestros hijos, educarlos? ¿De dónde vamos a sacar para comprar ropa?”, se pregunta junto a un grupo de comuneros, a través de una videollamada. Todos portaban pancartas rechazando la iniciativa.

A lo dicho por García se suma la Apu de Flor de Coco, Pilar Cabrera, quien afirma que “esto es un abuso y un atropello. Requerimos ser escuchados y que no se vulneren nuestros derechos. Nosotros afirmamos no haber visto a los PIACI, la gente que trabaja en la caza, en la pesca, en el monte, donde se internan de 10 a 20 días, no tiene rastro de ellos. Quién más que nosotros que conocemos la zona… Nadie nos preguntó” y además advierte, “el 95 por ciento de nuestra población es de la etnia arabela, que cuando se siente atacada actúa. Hemos salido de las cuevas, donde no sabíamos qué era el jabón ni el fósforo. Si esto continúa, van sacar nuestro lado más salvaje”.

Hemos servido a la Patria

La desazón también envuelve a la comunidad nativa Santa Rosa de Serjalí, en la Reserva Territorial Kugapakori, Ucayali. Sus 500 habitantes nahuas son considerados de contacto inicial – según el Ministerio de Cultura, se les cataloga así a quienes desconocen el funcionamiento de la sociedad mayoritaria–, pero ellos no quieren ser aislados con la iniciativa parlamentaria.

“Nos dicen así, de contacto inicial, pero nosotros ya salimos, tenemos DNI, estamos en contacto con la sociedad. Hay personas que han servicio a la Patria, tenemos profesionales y estudiantes en Lima. Quieren hacer una ley sin consultar a los involucrados. Los parlamentarios tienen que venir acá a preguntar cómo vivimos y qué queremos”, nos dice en comunicación con vía whatsapp, la profesora bilingüe Elsa Dispupidiwa, quien habla español y nahua.

Ella, en nombre de su pueblo, detalla que también viven del comercio de las actividades extractivas y que, además, reciben la compensación del Proyecto Camisea, cuya producción de gas está en riesgo de paralizar de aprobarse la iniciativa parlamentaria. Con los recursos otorgados por el sector privado, se ha podido llevar a cabo un plan de construcción de viviendas y de becas de estudios.

El Apu Oseas Barbarán y líder de la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (CONAP), organización nacional que representa a más de 800 comunidades nativas amazónicas, organizadas en unas 40 federaciones, indica que, más allá si están de acuerdo o no, para tomar una decisión se les debe tener en cuenta.

“El 26 de mayo enviamos una carta a la comisión del Congreso en la que pedimos participar en las sesiones para poder hacer llegar nuestra preocupación, sugerencias y recomendaciones para la defensa de los derechos colectivos de nuestros pueblos, considerando que nuestra organización también participa de manera activa representando y defendiendo los derechos del pueblo de la Reserva Territorial Kugapakori Nahua Nantis”, explica. Ese día se aprobó el dictamen, pero no los invitaron.