Economía
América Latina: transición a una economía verde ayudará a superar trabas al desarrollo

Los recientes hechos sanitarios y económicos pusieron sobre el tapete la agenda que tienen los países de América Latina y el Caribe para afrontar los retos que impone la nueva realidad, enfocados fundamentalmente hacia una economía verde.
La pandemia del covid-19 y el posterior conflicto entre Rusia y Ucrania desnudaron muchas falencias de las economías latinoamericanas. La crisis por la que atraviesan estas economías se debe a problemas estructurales como débiles sistemas de protección social, baja productividad, frágiles instituciones y un modelo de desarrollo que no es sostenible medioambientalmente, señala informe publicado hoy en el Diario El Peruano.
De acuerdo con el informe Perspectivas económicas de América Latina 2022; Hacia una transición verde y justa, elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), una transición verde y justa implementada con una visión sistémica podría ayudar a que la región supere esos escollos de desarrollo y a reforzar su resiliencia, mejorando a su vez el bienestar de los latinoamericanos.
“La región está muy expuesta a los efectos del cambio climático, por lo que los gobiernos deberían ver en la recuperación una oportunidad estratégica para emprender una transformación amplia y profunda”, refiere el estudio.
Difícil coyuntura
Según la Cepal, el repunte económico que se produjo en la región el año pasado tras los impactos del covid-19 se ha ralentizado. Esta situación refleja un bajo crecimiento potencial y una serie de retos de carácter estructural.
Las consecuencias de la invasión rusa a Ucrania y la desaceleración económica de China corroboran que América Latina y el Caribe está profundamente vinculada a un contexto internacional cada vez más complejo. La inflación, la incertidumbre y las perturbaciones en el comercio con socios económicos clave afectan a las economías de la región.
De acuerdo con la entidad, se calcula que, a finales de este año, el 33.7% de la población de la región estará en situación de pobreza y el 14.9% en situación de pobreza extrema. En parte esto se debe a que el aumento de los precios tiene una repercusión más profunda en la población más vulnerable.
Entre enero y mayo del 2022, las tasas de inflación padecidas por las personas en situación de pobreza extrema en algunos países de la región eran 3.6 puntos porcentuales más altas que la inflación general.
“Por ello, la política fiscal debe promover el crecimiento y la inclusión social, sobre la base de los pilares estratégicos de la sostenibilidad medioambiental y fiscal, la descarbonización y la resiliencia”, establece el estudio.
Sociedades resilientes
América Latina es una de las regiones más vulnerables al cambio climático. Así, 13 de los 50 países identificados como los más afectados por la emergencia climática se encuentran en la región; de ahí la urgente necesidad de una transición verde y justa.
“Este alto riesgo es desproporcionado, considerando que la región es responsable del 8.1% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero (GEI), lo cual es proporcional a su cuota de la población mundial (8.4%) y ligeramente superior a su participación en el producto bruto interno (PBI) global (6.4%)”, detalla la Cepal.
Al respecto, sostiene, si se aplican con carácter sistémico, las políticas activas de mitigación y adaptación pueden disminuir las consecuencias desmesuradas del cambio climático en las desigualdades entre países, grupos socioeconómicos, territorios, generaciones y géneros. “Una transición verde y justa debe ir más allá de la lucha contra el cambio climático y priorizar el bienestar de los ciudadanos”.
En este aspecto, la transformación de la matriz energética es clave para promover un mayor bienestar de los ciudadanos y fomentar sociedades más resilientes en América Latina.
La región está dotada de un gran potencial de recursos energéticos renovables. Las energías renovables representan el 33% del suministro total de energía de la región, frente a solo el 13% a escala mundial.
La inversión en tecnologías renovables puede reducir significativamente las emisiones de GEI, logrando, al mismo tiempo, un suministro de energía a menor costo y, en el caso de algunos países latinoamericanos, una menor dependencia de productos importados derivados de combustibles fósiles.
“El éxito de la transición hacia cero emisiones netas estará supeditado a una descarbonización sistémica mediante la electrificación de los diferentes sectores económicos. En paralelo, las inversiones en hidrógeno verde y otros combustibles alternativos bajos en emisiones de carbono, tales como los biocombustibles sustentables, desempeñarán un papel fundamental en la descarbonización de aquellos sectores donde esta tarea presenta mayor dificultad”, precisa.
Financiamiento
América Latina necesita movilizar importantes recursos para financiar la transición verde. Según la Cepal, un escenario de calentamiento global de 2.5°C podría costar a la región entre el 1.5% y el 5% de su PBI de aquí al 2050.
Puesto que el costo de la inacción es elevado, los gobiernos tendrán que retirar gradualmente los subsidios y aprovechar el potencial de los impuestos relacionados con el medioambiente, a la vez que potencian el uso de nuevos instrumentos financieros, como los canjes de deuda por naturaleza, las cláusulas sobre desastres naturales, los bonos para catástrofes y los bonos verdes, sociales, sostenibles y vinculados a criterios de sostenibilidad (GSSS, por sus siglas en inglés).
Entre el 2014 y el 2021, la emisión de bonos GSSS latinoamericanos en los mercados internacionales alcanzó un total de 73,000 millones de dólares. De ese monto, los bonos verdes por sí solos alcanzaron los 31,000 millones de dólares.
Del importe total de GSSS emitidos, el 42% procedió del sector corporativo, el 37% de emisores soberanos, el 12% de emisores cuasi soberanos y el 5% de emisores supranacionales.
“Promover el papel activo de las instituciones financieras de desarrollo de los ámbitos subnacional, nacional e internacional puede contribuir a lograr la financiación verde necesaria, al movilizar y catalizar inversiones esenciales para transformar la economía hacia un modelo con bajas emisiones de carbono”, refiere el estudio.
En el contexto de América Latina, agrega, facilitar la participación del sector privado es fundamental.
“Además, es crucial mejorar y desarrollar herramientas regulatorias, tales como normas y taxonomías de sostenibilidad o de bonos verdes”, puntualiza.

Economía
MEF: PBI creció 3,7 % en febrero

· El PBI creció 3,7 % en febrero, por encima de lo registrado en enero (3,5 %), y acumuló 23 meses consecutivos de expansión. En el primer bimestre de 2026, la economía avanzó 3,6 %.
· El ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña Namihas, resaltó que la demanda interna y, en particular, el impulso a la inversión, permitieron que la economía alcance un crecimiento de 3,68 % en febrero.
El crecimiento de 3,68 % registrado por la producción nacional en febrero de este año confirma la solidez y la resiliencia de los fundamentos macroeconómicos del Perú, afirmó hoy el ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña Namihas.
“Con el crecimiento registrado en febrero, la economía peruana acumula 23 meses consecutivos de expansión. Este resultado favorable responde, principalmente, al dinamismo de los sectores no primarios, impulsados por la demanda interna y, en particular, por la mayor inversión”, resaltó.
Según informó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el resultado de febrero permitió que la producción nacional acumule una expansión de 3,6 % en los dos primeros meses del año. Este desempeño estuvo sustentado por el crecimiento de los sectores no primarios, que avanzaron 4,3 % en febrero.
Entre estos sectores destacó construcción, que creció 8,9 % por la mayor ejecución de proyectos de inversión pública y privada en todo el país. También sobresalieron comercio, con un aumento de 6,1 % —la tasa más alta desde marzo de 2022—, y servicios, que avanzó 3,1 %, ambos favorecidos por el mayor consumo de los hogares y la generación de empleo. En la misma línea, la manufactura creció 2,7 %, debido a la mayor producción de maquinaria y equipos, con destaque de los buques a cargo de SIMA.
En contraste, los sectores primarios retrocedieron 0,6 % en febrero de 2026, principalmente por la contracción de hidrocarburos (-9,7 %) y de pesca (-7,9 %), afectada por la menor captura de anchoveta en un contexto de condiciones climáticas cálidas. No obstante, este resultado fue parcialmente compensado por el avance del sector agropecuario (2,4 %), favorecido por una mayor producción de arándanos y uvas, y de la minería (0,1 %), impulsada por una mayor extracción de cobre, oro y plata.
De otro lado, el titular del sector Economía estimó que la economía peruana habría continuado creciendo en marzo de 2026, pese a los choques de oferta asociados a la interrupción del transporte de gas natural y al conflicto en Medio Oriente.
“La demanda eléctrica aumentó 1,6 % en marzo, con lo que acumuló 13 meses consecutivos de crecimiento. A ello se suman las importaciones de bienes de capital, que crecieron 19,9 % y registraron 24 meses continuos de expansión, reflejando una mayor adquisición de materiales de construcción, maquinaria y equipos para ampliar la capacidad productiva”, explicó.
A su vez, las importaciones de bienes de consumo crecieron 18,6 %, con 19 meses consecutivos de expansión. En tanto, el índice de Big Data de consumo del BBVA avanzó 13,2 %, expandiéndose a doble dígito por cinco meses consecutivos, lo que refleja la resiliencia del gasto de los hogares.
El ministro Rodolfo Acuña Namihas agregó que las expectativas sobre el futuro de la economía continúan en terreno optimista. “En marzo de 2026, los 12 indicadores de expectativas empresariales a 3 y 12 meses que publica el Banco Central de Reserva se mantuvieron en el tramo optimista por 22 meses consecutivos, el periodo más prolongado desde que se tiene registro”, resaltó.
En este contexto, el Gobierno reiteró su compromiso de sostener el crecimiento económico mediante la preservación de la estabilidad macroeconómica, el impulso a la inversión y la continuidad de proyectos estratégicos.

Economía
Moody’s advierte que un eventual default de Petroperú podría encarecer el financiamiento del Estado

Un incumplimiento de pagos por parte de Petroperú sí podría afectar el costo de financiamiento del Gobierno peruano, advirtió Renzo Merino, vicepresidente del Grupo de Riesgo Soberano de Moody’s. Aunque el impacto no sería automático en la calificación crediticia, sí podría generar riesgos reputacionales y presiones en las tasas de interés que enfrenta el Estado en los mercados internacionales.
En entrevista publicada por el diario La República, el analista explicó que los mercados evalúan no solo la capacidad de pago de una empresa estatal, sino también el grado de respaldo implícito o explícito que recibe del Gobierno.
Riesgo reputacional y efecto en el costo de deuda
Merino sostuvo que, en casos donde una empresa estatal enfrenta dificultades de repago, pueden generarse riesgos reputacionales para el soberano, especialmente si ha existido apoyo financiero previo. En el caso peruano, recordó que el Gobierno ha brindado respaldo a Petroperú, lo que podría llevar a los inversionistas a asumir algún nivel de compromiso estatal.
En ese contexto, un default podría traducirse en mayores costos de financiamiento para el Gobierno, no necesariamente por un cambio inmediato en la calificación soberana, sino por una percepción de mayor riesgo país.
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Expectativa de mejora operativa con la refinería
El ejecutivo señaló que la expectativa es que las finanzas de Petroperú mejoren en los próximos años, especialmente con la operación plena de la nueva refinería de Talara. Según indicó, el mercado está atento a la capacidad de la empresa para estabilizar su flujo de caja y cumplir con sus obligaciones.
Merino también explicó que los inversionistas no solo observan si existe apoyo del Gobierno, sino cómo se implementa dicho respaldo y bajo qué condiciones, aspecto clave para la evaluación crediticia.
El rol del Estado ante una eventual crisis
Consultado sobre la posibilidad de que el Gobierno no concrete reuniones con acreedores o no garantice respaldo adicional, Merino indicó que ello podría agravar la percepción de riesgo. Sin embargo, enfatizó que cada caso se evalúa según sus particularidades y el marco legal vigente.
Finalmente, advirtió que un deterioro mayor en la situación financiera de la empresa podría tener implicancias más amplias para el mercado energético y para otros actores vinculados, como Petroperú Trading, dependiendo de la magnitud del escenario adverso.
El mensaje central es claro: más allá del desempeño individual de la petrolera estatal, la clave está en cómo el mercado percibe la relación entre la empresa y el Estado, y en qué medida un eventual incumplimiento puede trasladar presión al perfil crediticio soberano del Perú.

Economía
Se inició la ejecución para la nueva carretera central

Este gobierno reafirma ante la ciudadanía que la Nueva Carretera Central no se paralizará y que su ejecución está plenamente garantizada. En una reunión de trabajo liderada por el presidente de la República, José María Balcázar, se adoptaron acuerdos concretos que aseguran el inicio de obras y la continuidad integral del megaproyecto que beneficiará a todos los peruanos.
El ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto Barrera, formó parte de esta reunión donde anunció que el MTC es brazo técnico del proyecto y se ha optimizado junto al Ministerio de Economía y Finanzas el monto de esta obra. Agregó, además, que ha calendarizado principales hitos a cumplir para contar con estudios definitivos finalizados y la obra se pueda convocar, adjudicar e iniciar durante la gestión del presidente Balcázar.
Como resultado de esta reunión, el presidente Balcázar Zelada señaló que se han garantizado 600 millones de soles como parte de los recursos designados para este 2026 y que aseguran el inicio de la ejecución física de la obra.
Además, el titular del MTC y la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, se comprometieron con las autoridades de la macrorregión Centro a trabajar en la solución integral del proyecto, revisando los mecanismos y modalidades de financiamiento que permitan garantizar la continuidad y culminación de la Nueva Carretera Central.
Esta gestión asume con firmeza la responsabilidad de impulsar la Nueva Carretera Central con transparencia, eficiencia y un compromiso inquebrantable con el desarrollo del país, reafirmando que se trata de una infraestructura clave para la integración territorial, la competitividad económica y la mejora de la calidad de vida de la población.

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