El Gobierno del presidente José María Balcázar declaró el estado de emergencia en Lima Metropolitana del departamento de Lima y en la Provincia Constitucional del Callao por 30 días calendario para hacer frente a la criminalidad y otras situaciones de violencia.

La medida fue oficializada mediante Decreto Supremo Nº 027-2026-PCM, publicado en edición extraordinaria de las Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.
Durante el estado de emergencia, la Policía Nacional del Perú (PNP) mantiene el control del orden interno, con apoyo de las Fuerzas Armadas. Además, la PNP determina las zonas de intervención, esencialmente sobre la base de inteligencia, indicadores, estadísticas, mapas del delito, entre otros instrumentos.

Asimismo, se restringe o suspende el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales.

Para la realización de las actividades religiosas, culturales, deportivas y no deportivas de carácter masivo y público, se debe solicitar el permiso correspondiente ante las autoridades competentes para su evaluación. Sin embargo, aquellas que no lo sean, podrán realizarse sin permiso previo.

La intervención de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas se efectúa conforme a lo dispuesto en el Decreto Legislativo Nº 1186, Decreto Legislativo que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú, el Decreto Legislativo Nº 1095, Decreto Legislativo que establece reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional y su Reglamento, y demás normativa vigente.

Además, se declara en sesión permanente, en tanto dure la declaratoria del estado de emergencia, al Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC), al Comité Regional de Seguridad Ciudadana (CORESEC) de Lima Metropolitana y al Comité Provincial de Seguridad Ciudadana (COPROSEC) de la Provincia Constitucional del Callao, al Consejo Nacional de Política Criminal (CONAPOC), así como al Comando y los Comités constituidos en el presente Decreto Supremo.

La norma lleva las firmas del presidente de la república, José María Balcázar; de la presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles; del ministro de Defensa, Luis Arroyo; del ministro del Interior, Hugo Begazo; del ministro de Economía y Finanzas, Gerardo López, del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Jiménez, y del ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto.

La Comisión de la Oficina Regional del Indecopi en Chimbote sancionó, en primera instancia, a la empresa Expreso Turismo Andino S.A. con una multa máxima de 450 UIT. La decisión se dio tras determinar que la empresa no adoptó las medidas de seguridad necesarias para evitar el trágico accidente ocurrido el 18 de julio de 2023 en la provincia de Carlos Fermín Fitzcarrald, donde fallecieron 13 personas y otras resultaron heridas.

Las investigaciones confirmaron que el accidente fue producto de un riesgo injustificado. El conductor de la unidad (placa A4P-956) manejaba en estado de cansancio físico y somnolencia, esta condición crítica anuló su capacidad de reacción, provocando la pérdida de control del vehículo y su posterior despiste en la carretera del distrito de Yauya – San Luis.

La Comisión concluyó que la empresa infringió el artículo 25° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, este señala que los proveedores están obligados a ofrecer servicios que no representen peligro para la salud o la integridad física, debiendo adoptar medidas preventivas ante riesgos conocidos.

Este procedimiento fue iniciado de oficio a partir de la investigación realizada por la Oficina del Indecopi en Áncash sede Huaraz, la cual recomendó el inicio de las acciones sancionadoras correspondientes.

La Resolución Final n°0242-2025/INDECOPI-CHT se encuentra en plazo de apelación y, de ser el caso, sería revisada por la Sala Especializada en Protección al Consumidor.

El Directorio de Petroperú removió anoche a la gerente general de la petrolera, Rita López Saavedra, quien asumió el cargo hace un mes, en línea con la aplicación del decreto de urgencia N.° 010-2025, que dispone la privatización de la petrolera.

López Saavedra asumió oficialmente el 8 de enero, en reemplazo de Gustavo Villa Mora, con el encargo de ejecutar el plan de reestructuración que incluía una ola de despidos. De acuerdo con el esquema aprobado por el Directorio hace unos días, la reducción contempla entre 954 y 1.550 puestos de trabajo.

Cabe recordar que, en el pasado, Rita López Saavedra ya había enfrentado tensiones al interior de la empresa, incluso al punto de presentar su carta de renuncia.

La primera crisis se desencadenó tras un incidente ocurrido en las oficinas del piso 21 de Petroperú, cuando Mario López Tejerina, asesor de Alta Dirección del despacho ministerial del Ministerio de Energía y Minas (Minem), ingresó a las instalaciones y, según fuentes internas, mantuvo una actitud prepotente durante un altercado con la entonces presidenta del directorio, Elba Rojas, y el gerente de Finanzas, Luis Casimiro Morales.

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Finalmente, Rita López Saavedra, quien fue impulsada en el cargo por la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, retrocedió en su decisión y se mantuvo en la gerencia general, donde continuó hasta hoy enfrentando discrepancias con el Directorio en torno a la nueva estructura organizacional de la empresa.

Cabe precisar que la Junta General de Accionistas de Petroperú está integrada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Ministerio de Energía y Minas (Minem). Actualmente, los ministros Dennise Miralles y Luis Bravo de la Cruz, ambos designados en el régimen de José Jerí permanecen en funciones.

Esta instancia es la encargada de designar al Directorio de la empresa estatal, que a su vez tiene la prerrogativa de nombrar o remover a la gerencia general.

Según el diario La República, la eventual continuidad de Dennise Miralles, actual ministra de Economía y Finanzas del Perú desde el 14 de octubre de 2025, en el gabinete del presidente José María Balcázar, está supeditada a derogar el decreto de urgencia que dispone la privatización de Petroperú. Por otro lado, regresaría al Ministerio de Energía y Minas (Minem), Óscar Vera, extitular del Minem y exgerente general de la petrolera estatal.