o Ministro Waldir Ayasta ratifica que es prioridad del gobierno lograr que más peruanos accedan a energía más económica que el país produce

El ministro de Energía y Minas, Waldir Ayasta Mechán, ratificó el compromiso del Gobierno por impulsar la masificación de gas natural y nuevos proyectos que permitan que más familias peruanas cuenten con energía a menor costo mediante un recurso que el país produce.

El titular del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) encabezó una reunión de trabajo con representantes de la empresa Cálidda, para dialogar sobre los avances del proyecto de adenda que permitiría extender la distribución de gas natural en siete regiones del centro y sur peruano, y que actualmente viene siendo evaluada por el Gobierno.

«Este proyecto es prioritario para nuestra gestión, y seguiremos avanzando para que más peruanos cuenten con gas natural en sus hogares, en el transporte y en sus actividades económicas», subrayó, resaltando los beneficios que este recurso genera en materia de ahorro en la canasta básica familiar dado que tiene un precio regulado.

Acompañado por el viceministro de Hidrocarburos, Marco Agama Rodríguez, el titular del MINEM indicó que proyectos para extender el alcance del gas natural en el país son prioridad para el Ejecutivo, y que se vienen evaluando todos los alcances correspondientes para avanzar en el cierre de brechas energéticas.

Ayasta indicó que el gobierno está comprometido en la masificación de gas natural como política de Estado, e impulsa nuevos proyectos de inversión para garantizar el suministro de este recurso en cualquier contingencia, así como en iniciativas que permitan incrementar las reservas que el país necesita.

En la reunión participó Juan Ricardo Ortega López, presidente del Grupo Energía de Bogotá, así como el director general de Cálidda, Martín Mejía del Carpio, quienes explicaron que el proyecto busca llevar el gas natural a más de 200 mil usuarios en 15 localidades de las regiones Ayacucho, Cusco, Apurímac, Huancavelica, Junín, Huánuco y Ucayali.

Añadieron que el transporte del gas natural se realizaría bajo la modalidad virtual en las regiones señaladas excepto para Huamanga y Huanta (Ayacucho), y Pucallpa, Aguaytía y Curimaná (Ucayali), donde el suministro se puede realizar por red de ductos.

Desde el MINEM se reafirmó la voluntad del gobierno por impulsar este proyecto, donde hay participación multisectorial a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Proinversión y Osinergmin, entidades que viene evaluando las medidas adecuadas para viabilizar esta iniciativa y generar mayores beneficios para más peruanos.

Durante el panel «Seguridad energética para afianzar el crecimiento económico de la región sur» en el foro Perú Energía Sur 2026, líderes del sector y especialistas denunciaron que la falta de infraestructura física y de una visión política integrada condena a las regiones del sur a una desventaja competitiva insostenible, pagando hasta un 170% más por energía que la capital.

Beneficios del proyecto Siete Regiones

El Director general de Cálidda, Martín Mejía, destacó el potencial del proyecto “Siete Regiones” para transformar el acceso al gas natural en el país, señalando que su integración con la concesión de Lima permitiría ofrecer tarifas significativamente más competitivas frente a otros combustibles.

Durante su intervención, Mejía explicó que la implementación del proyecto permitiría a los usuarios acceder a costos hasta 50% más bajos que el GLP en el ámbito domiciliario, 70% más económicos frente al diésel en el sector industrial y entre 30% y 35% más baratos en comparación con el GLP en el uso vehicular.

Estos niveles de ahorro, sostuvo, representan un incentivo clave para impulsar la masificación del gas natural en distintos segmentos del mercado.

«En Lima, el gas permite ahorros de hasta el 70% en la industria, mientras que en el sur, ante la falta de este recurso, las empresas pagan hasta un 170% más por energías alternativas. Solo la infraestructura física nos dará precios competitivos».

El ejecutivo precisó que el proyecto, que demanda una inversión estimada de 600 millones de dólares, se encuentra actualmente en evaluación por parte de Proinversión, en coordinación con el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), entidad que estaría próxima a tomar una decisión final sobre su viabilidad.

Articulación clave para el desarrollo del mercado

Mejía enfatizó que, para consolidar la expansión del gas natural, especialmente en el transporte, es indispensable un trabajo articulado entre importadores de vehículos, operadores de estaciones de servicio y entidades reguladoras.

Destacó que, aunque el gas natural es fundamental para la competitividad, existe un desafío crítico en el sector de transporte pesado y de pasajeros. Mencionó que, en Lima, de las 300 estaciones de servicio (grifos), apenas 40 cuentan con el ángulo de giro y necesario para vehículos de carga, lo que impide la transformación masiva de las flotas a gas natural.

En ese sentido, subrayó la necesidad de superar barreras vinculadas a permisos y diseño logístico, a fin de facilitar el desarrollo de infraestructura y garantizar un crecimiento sostenido del mercado de gas natural en el país.

ProInversión y el retorno a la planificación estratégica

Por su parte, Elizabeth Rodríguez, asesora legal de ProInversión, detalló los esfuerzos del Estado para retomar proyectos estratégicos de transporte y almacenamiento. Destacó que el enfoque ha virado hacia la creación de proyectos «bancables» que den seguridad jurídica al inversor y aseguren la continuidad del servicio.

Rodríguez señaló que Proinversión tiene un convenio con el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) a efectos de evaluar proyectos en el marco de la seguridad energética. «Ya antes ha estado en cartera una Planta de Regasificación en Pampa Melchorita, una adenda de TGP, Gasoducto Sur Peruano, proyectos que son antecedentes que deben ser actualizados y aprender del por qué fallaron»

Mencionó que la entidad participa activamente en el desarrollo de adendas y en proyectos específicos ubicados en el suroeste del país, con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta y resiliencia del sistema energético ante situaciones críticas

«Hay tres proyectos importantes para seguridad energética en cartera: Proyecto Siete Regiones: Identificado como una prioridad inmediata.

Extensión de la concesión de TGP: Un proyecto valorado en 2,000 millones de dólares que incluye un ramal hacia el parque industrial de Arequipa.

Extensión del ducto de Camisea: Un proyecto bajo el mecanismo de asociación público-privada (APP) para conectar la ruta de Quillabamba a Camisea y así integrar al Cusco»

Felipe Cantuarias, Pdte. de la SPH.

Falta de un plan energético integral

Finalmente, Erick García, Presidente de la Comisión de Seguridad Energética del Colegio de Ingenieros del Perú (CIP – Lima), señaló que el país carece de una hoja de ruta que integre todas las fuentes de energía disponibles de manera complementaria.

El primer paso es dejar de creer que existe una «solución única», ya sea basada solo en renovables, solo en agua o solo en gas, pues esto impide una visión integral.

Propuso proyectar el potencial máximo disponible de agua y gas, utilizando mecanismos de Proinversión para viabilizarlos, y a partir de esa base incorporar a las energías renovables no convencionales.

«El principal problema es la falta de un plan integral. Perú sigue tratando las fuentes de energía de forma aislada, cuando deberían ser complementarias. Sin una visión conjunta, el crecimiento sostenido del sur seguirá siendo vulnerable», Erick García – CIP

Criticó el error conceptual de pensar que «generación es toda la energía». Recordó que el 42% del consumo energético del país corresponde al transporte, sector que consume diésel, gasolinas y GLP, y que no puede electrificarse fácilmente.

Finalmente, recomendó hablar de «masificación de la energía» en lugar de solo masificación de gas natural. Explicó que, en lugares donde el gas no llegue, el «anillo energético» debe complementarse con GLP (convencional o no) o biomasa. Subrayó que esto debe quedar escrito y definido para evitar conversaciones «etéreas»

Sistema eléctrico robusto

En tanto el moderador del panel, Felipe Cantuarias, presidente de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos Felipe Cantuarias señaló que, frente a una menor provisión de gas natural, el sistema eléctrico peruano demostró ser robusto y capaz de garantizar la continuidad de las operaciones. Sin embargo, advirtió que esta situación también dejó en evidencia la fragilidad de depender de una sola fuente de suministro y de un único ducto de transporte de gas natural.

Cantuarias indicó que la crisis energética ha evidenciado que el gas natural es la energía más competitiva que tiene el Perú, que es producida 100% en el país y tiene precio regulado, el precio más barato del mundo.

El Director de Gas Energy Latin America (GELA) en Perú, Luis Fernández, advierte que la dependencia de un solo ducto y la falta de nuevas reservas ponen al país en una ruta crítica. Sin una política de Estado que reduzca la burocracia exploratoria, el costo de la energía podría duplicarse y el del GNV triplicarse para finales de la próxima década.

La seguridad energética del Perú se encuentra en un estado de vulnerabilidad inaceptable, según el último análisis técnico presentado por Luis Fernández, director de GELA. El experto señala que el país ha vivido «confiado» en la capacidad de Camisea durante los últimos 20 años, descuidando la planificación de largo plazo y la infraestructura de redundancia.

Actualmente, el 50% de la generación eléctrica nacional depende de un solo gasoducto, lo que convierte cualquier falla técnica o climática en una emergencia nacional.

La amenaza del 2037: Cuando la demanda alcance a la oferta
Uno de los puntos más críticos de la exposición de Fernández es el «punto de empate» proyectado para finales de la próxima década.

Contrario a la idea de que el gas se «acabará», el riesgo real es la capacidad de entrega física del recurso desde el subsuelo.

«Entre el 2037 y el 2039 la oferta —el gas que nos va a poder entregar el lote 88— va a empatar con la demanda… eso quiere decir que cuando tengamos picos de generación porque no hay agua, no nos va a alcanzar el gas para poder entregarle a todas las centrales térmicas», sentenció Fernández.

Este escenario obligaría al país a importar gas natural licuado (GNL), elevando el costo en boca de pozo de los actuales US$ 2.20 a niveles de US$ 20.00 por millón de BTU, similar a la situación actual de Colombia.

Propuestas: Hacia un Plan Nacional de Ductos

La solución planteada por GELA exige que el próximo gobierno tome decisiones estructurales en su primer año de gestión. Entre las propuestas destacan:

Plan Energético Nacional al 2050: Crear un equipo multidisciplinario que incluya obligatoriamente a Perupetro.

Malla de Gasoductos: No solo priorizar el Gasoducto del Sur, sino también un ducto costero. «Hay que hacer los dos, pero hay que hacer los dos si es que vamos a explorar por más gas».

Sinceramiento de Precios: Ajustar progresivamente el precio del gas para generación para atraer inversión en exploración, evitando subsidios a energías no competitivas.

El «muro» de los 10 años y la crisis exploratoria

Para el Director de GELA, Luis Fernández, el principal freno para atraer inversión no es la falta de recursos, sino la parálisis administrativa. El experto denunció que los tiempos de los permisos exploratorios en Perú son inviables para cualquier estándar internacional.

«Anadarko firmó su contrato en el 2017 y tiene programado perforar su primer pozo exploratorio en el primer trimestre del próximo año; es decir, 10 años después de la firma del contrato. Ninguna empresa en el mundo va a venir para esperar 10 años a perforar un pozo», puntualizó.
Esta demora es crítica si se considera que países competidores logran procesos similares en apenas 4 meses. Sin exploración inmediata en zonas con potencial como Candamo o el zócalo continental norteño, el país enfrentará un déficit comercial neto de US$ 7,500 millones anuales por importación de hidrocarburos.

Déficit de almacenamiento:

La infraestructura de reserva es otro eje de preocupación. Mientras países industrializados como Japón cuentan con 200 días de almacenamiento, Perú se encuentra rezagado incluso frente a sus vecinos directos:
Chile: 30 días de reserva (siendo importador neto).
Perú: 15 días promedio (entre crudo y productos terminados).
Fernández enfatizó que la falta de un sistema de seguridad para el GLP es «evidente» y recurrente, señalando que proyectos como el poliducto Pisco-Lima han quedado en el olvido por no ser rentables para el privado sin la participación del Estado a través de Asociaciones Público-Privadas (APP).