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Decreto de Urgencia permite ejecución de reorganización patrimonial de Petro-Perú 

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Momentos de tensión se viven en Petro-Perú tras sus fracasados esfuerzos por conseguir un nuevo rescate del Gobierno que lo salve de la debacle financiera.

De allí su sustitución por la ingeniera Elba Rojas Álvarez, quien sería la carta elegida por el MEF para llevar a buen puerto el nuevo plan trazado para la estatal: la escisión de sus activos estratégicos y no estratégicos en “uno o más bloques patrimoniales o fideicomisos” que “pueden incluir a la nueva refinería de Talara”.

Esto, con la finalidad de permitir el “marco legal vigente” que garantice la sostenibilidad de Petro-Perú.

Así lo señala el borrador del Decreto de Urgencia (DU) que el MEF ha preparado para tal efecto.

Momentos de tensión se viven en Petro-Perú tras sus fracasados esfuerzos por conseguir un nuevo rescate del Gobierno que lo salve de la debacle financiera.
La norma, que lleva por título: “Decreto de Urgencia que establece medidas extraordinarias en materia económica y financiera y dispone la reorganización patrimonial de Petroperú”, encargaría a ProInversión “el diseño, conducción y ejecución integral del proceso de reorganización patrimonial” de la empresa.

En esa línea, faculta a la agencia estatal a “estructurar, negociar y suscribir con la Corporación Financiera de Desarrollo (Cofide) u otras entidades autorizadas, en calidad de fiduciarios, los contratos de fideicomiso de administración, garantía, flujos o de otro tipo que resulten necesarios”.

Dichas decisiones, precisa el DU, tendrán carácter vinculante para Petro-Perú y deberán ser ejecutadas por el directorio y gerencia general “en un plazo máximo de cinco días hábiles de recibida la decisión respectiva, bajo responsabilidad funcional”, se lee en el borrador del documento.

Agrega que los flujos y recursos generados por los bloques patrimoniales se destinarán, de manera prioritaria, al pago de pasivos operativos críticos necesarios para garantizar la continuidad operativa de las unidades de negocio que determine Proinversión y el pago de las obligaciones financieras de Petro-Perú.

Finalmente, la norma ordena al nuevo directorio presidido por Elba Rojas a que apruebe una nueva estructura orgánica e implemente medidas de reconversión y reducción de personal “en un plazo no mayor a 20 días hábiles contados a partir de la vigencia de la norma”.

Fuente: El Comercio

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Junta General de Accionistas de Petroperú expone avances del proceso de reestructuración

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En el marco de la implementación del Decreto de Urgencia N.º 010-2025, la Junta General de Accionistas de Petroperú sostuvo una reunión informativa con los 12 sindicatos de trabajadores de la empresa y congresistas de la República, con el objetivo de exponer el estado situacional de la compañía y los principales lineamientos del proceso de reestructuración en curso.

Durante el encuentro, se explicó el contenido de la norma, así como los hitos del proceso, que se viene ejecutando bajo principios de transparencia, apertura y predictibilidad, priorizando el interés público y la sostenibilidad de la empresa estatal.

ProInversión, como responsable del proceso de reestructuración patrimonial, indicó que en febrero aprobará el Plan de Promoción, instrumento que establecerá reglas claras y un cronograma definido. En marzo, se suscribirán los fideicomisos que asegurarán la titularidad estatal de los activos estratégicos. En abril, se ejecutará el proceso de promoción bajo criterios de competencia, objetividad y eficiencia; y en junio se adjudicarán y suscribirán los primeros contratos con capital privado, orientados a fortalecer la capacidad financiera de la empresa, asegurar su autosostenibilidad y garantizar su continuidad operativa.

La ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, señaló que estas medidas envían una señal clara de confianza a inversionistas y acreedores, al evidenciar el compromiso del Gobierno con el cumplimiento de las obligaciones financieras y el fortalecimiento de la empresa.

En la misma línea, el ministro de Energía y Minas, Luis Bravo, destacó que “este trabajo se ha realizado de manera seria y responsable, con el objetivo de asegurar la continuidad operativa de Petroperú y preservar el interés público”.

En la reunión participaron la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles; el ministro de Energía y Minas, Luis Bravo; la presidenta del Directorio de Petroperú, Elba Rojas; la gerenta general de Petroperú, Rita López; y el presidente ejecutivo de ProInversión, Luis Del Carpio.

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Ministro Luis Bravo: Como patriotas, queremos que Petroperú siga siendo un orgullo para todos los peruanos

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Gasbel Web.

o Titular del MINEM indicó que la situación de la empresa fue comunicada a los trabajadores y congresistas, y que se buscará generar valor en activos como el Oleoducto Nor Peruano

Como patriotas y peruanos, queremos que Petroperú siga siendo un orgullo para todos los peruanos, y buscamos que sea una empresa gestionada de forma responsable, para que recupere una destacada posición en el mercado de hidrocarburos y energía, anunció el ministro de Energía y Minas, Luis Bravo de la Cruz.

En entrevista con RPP TV, señaló que la empresa está en una situación crítica, al borde de la insolvencia y a punto de ser tomada por los acreedores, con deudas por más de US$ 5 mil millones a corto y largo plazo. Por ello, se están implementando mecanismos para recuperarla financiera y administrativamente.

Explicó que el último 16 de enero encabezó la reunión de la Junta General de Accionistas de Petroperú en la que, con participación de la ministra de Economía, Denisse Mirailles, el director ejecutivo de Proinversión, Luis Del Carpio, entre otros, explicaron a los trabajadores y congresistas los alcances del Decreto de Urgencia Nro. 010-2025.

El titular del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) saludó la realización del diálogo con los representantes de los trabajadores y congresistas de la República, y los invocó a trabajar todos juntos, de la mano con el Ejecutivo, para alcanzar soluciones viables y reflotar a la empresa de todos los peruanos.

Entre las acciones emprendidas, sostuvo que el Ejecutivo impulsa la reestructuración organizacional de la empresa, a cargo del directorio, y a la vez un plan que contempla la participación de Proinversión para elaborar estrategias y generar bloques patrimoniales que contribuyan a generar financiamiento para Petroperú.

Ratificó que la privatización no es un camino que tomará el gobierno, y que se busca generar valor en activos importantes como el Oleoducto Nor Peruano, para lograr que cuente con capital privado pero la titularidad de sus activos nunca dejará de ser del Estado peruano.

«La privatización no es un camino, y tampoco dejar que se genere la insolvencia de Petroperú. Ante ello, optamos por generar la promulgación del decreto de urgencia como mecanismo para salvar a la empresa que es de todos los peruanos», puntualizó.

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Sindicato de trabajadores de Petroperú exige responsabilidades reales por la crisis de la estatal

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Ante la nota de prensa difundida por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), en su calidad de integrantes de la Junta General de Accionistas (JGA) de Petroperú S.A., el Sindicato de Trabajadores Administrativos de Petróleos del Perú – Petroperú S.A. (STAPP) se dirige a la opinión pública para precisar lo siguiente:

1) Petroperú es estratégica y el abastecimiento debe garantizarse con institucionalidad

Petroperú cumple un rol estratégico para la seguridad energética nacional. Asegurar el abastecimiento de combustibles es un objetivo país que requiere decisiones técnicas, previsibles y respetuosas del marco constitucional.

2) El Decreto de Urgencia N.° 010-2025 mantiene serios cuestionamientos de constitucionalidad

El STAPP sostiene que el Decreto de Urgencia N.° 010-2025 presenta cuestionamientos de constitucionalidad que deben ser evaluados por las instancias competentes. En esa línea, reiteramos nuestra posición de impulsar su derogatoria y/o revisión integral, en defensa de la legalidad, la institucionalidad y los derechos fundamentales vinculados al trabajo.

3) Rechazo a la estigmatización: se está poniendo en riesgo la integridad de los trabajadores

El STAPP advierte que declaraciones públicas asociadas a la reorganización han contribuido a un clima de hostilidad contra los trabajadores y contra Petroperú, incrementando riesgos reales de inseguridad.

Rechazamos de manera categórica expresiones de odio e incitaciones a la violencia que han circulado en el debate público, y exigimos responsabilidad en la comunicación pública. Ningún proceso de reorganización puede justificarse si se construye sobre el señalamiento y la deshumanización de quienes sostienen la operación diaria.

4) Puentes de diálogo y tranquilidad para el trabajador: detener el ataque y las descalificaciones

El STAPP solicita a los señores Ministros del MEF y del MINEM tender más puentes de diálogo con los trabajadores y sus organizaciones representativas. El país necesita tranquilidad social y laboral para que Petroperú pueda operar y recuperarse.

En ese sentido, exigimos que se detenga el ataque y la estigmatización que se viene promoviendo desde el debate público, mediante términos descalificadores como “gollerías”, entre otros, que generalizan, alimentan el rechazo social y elevan el riesgo de agresiones contra el personal.

5) Crisis y responsabilidades: investigación y acciones contra quienes resulten responsables

La situación de Petroperú no puede explicarse mediante culpabilizaciones colectivas hacia los trabajadores. Exigimos que se determinen responsabilidades reales, con sustento, respecto de decisiones y actos que han afectado la sostenibilidad de la empresa.

Corresponde impulsar investigaciones y auditorías para identificar responsabilidades administrativas, civiles y penales, sin impunidad, incluyendo decisiones de gestión, contrataciones, endeudamiento, inversiones, dirección y supervisión.

6) Sobre “beneficios y gollerías”: exigimos rigurosidad, sustento y respeto

El STAPP rechaza la narrativa que pretende responsabilizar a los trabajadores mediante términos descalificadores. Si existen observaciones sobre remuneraciones, beneficios o condiciones laborales, deben tratarse con información verificable, precisión y respeto, indicando fuentes oficiales, periodos y criterios de análisis. Evitemos generalizaciones que alimentan el rechazo social y exponen injustamente a los trabajadores a agresiones.

7) Hechos que generan serias interrogantes: Unna Energía y señales sobre la Refinería Talara

Llama poderosamente la atención que Unna Energía S.A. haya desistido de manera irrevocable de continuar con el procedimiento concursal iniciado el 12 de diciembre de 2025 ante Indecopi, en el marco de lo anunciado públicamente por el Gobierno.

Este giro amerita explicación completa, documentada y verificable ante el país.

Del mismo modo, preocupa que, según declaraciones atribuidas a personal de ProInversión, se haya mencionado como horizonte que la Refinería Talara —principal activo de Petroperú— pasaría al sector privado en junio de 2026. De ser cierto, la ciudadanía tiene derecho a conocer de inmediato el sustento, el marco legal, el cronograma, las condiciones, los riesgos, los impactos y las garantías de gobernanza y transparencia.

8) ProInversión y declaraciones públicas: se requiere información verificable y prudencia

El STAPP expresa preocupación por el protagonismo que viene asumiendo ProInversión en anuncios y declaraciones sobre Petroperú. Observamos que parte de lo comunicado no se encuentra debidamente sustentado con información pública verificable, generando incertidumbre, tensión social y mayor exposición del personal.

La opinión pública merece conocer con claridad los alcances reales, etapas, riesgos, impactos laborales y efectos sobre la gobernanza de cualquier esquema planteado.

9) Sobre la reunión informativa con la JGA

En la reunión informativa sostenida con miembros de la JGA y la Alta Dirección de Petroperú, el STAPP expuso estos puntos. Al finalizar, la Ministra de Economía y Finanzas manifestó que el Decreto de Urgencia seguirá vigente y que, desde su perspectiva, es propicio para la recuperación de Petroperú S.A. El STAPP deja constancia de que mantiene su posición institucional respecto a la revisión y derogatoria del DU.

El país requiere soluciones reales y una gobernanza sólida para Petroperú. Eso no se logrará estigmatizando a los trabajadores ni instalando narrativas que generan odio social. Se logrará con transparencia, responsabilidad, decisiones técnicas, rendición de cuentas y diálogo.

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