Era el año 2009. Alan García presidía el país y el Perú vivía el momento más promisorio de su historia energética. Camisea producía a pleno, las reservas parecían abundantes y el mundo miraba al país como un destino atractivo para la inversión en gas. García lo entendió y convocó una convención internacional. Vinieron presidentes. Vinieron empresas. Seis compañías con al menos mil millones de dólares cada una para invertir en proyectos petroquímicos que habrían transformado el gas peruano en fertilizantes, plásticos y productos de alto valor agregado. Habrían generado empleos, divisas y una industria que el país todavía no tiene.

No se fue ninguna porque el negocio era malo. Se fueron porque el Estado peruano no supo —o no quiso— darles las condiciones para quedarse.

Carlos Herrera Descalzi, exministro de Energía y Minas y expresidente del Colegio de Ingenieros del Perú, estaba en primera fila. Lo contó en el primer foro del ciclo Perú: Futuro Energético del Grupo La República con la precisión de quien conoce cada detalle de lo que falló: «Vinieron seis empresas que buscaron invertir. Cada una tenía por lo menos 1,000 millones de dólares para inversión en proyectos. Yo tuve dos de ellas como clientes, entonces conozco la historia más o menos de cerca. Al final no le dieron gas a ninguna.»

La promesa que el Estado no cumplió

La historia comenzó bien. García hizo el anuncio y las empresas respondieron con interés. Pero cuando llegó el momento de concretar, el aparato estatal mostró su peor cara. No hubo una ventanilla única, ni un precio promocional claro, ni una asignación directa de reservas para los proyectos. Lo que hubo fue burocracia, desconfianza y una lógica que Herrera Descalzi describió con toda su crudeza: «Lo primero que les dijeron es: no hay gas para todos, tiene que haber un concurso. De ese concurso quedó para uno y medio. El medio al final quedó afuera, quedó solamente para uno.»

Y con ese uno la historia se repitió. Los años pasaron. Las negociaciones se alargaron. Los funcionarios cambiaron. Y mientras el Estado peruano dilataba una decisión que debía haberse tomado en meses, ocurrió algo que nadie había previsto con suficiente claridad: en Estados Unidos se descubrió el gas de esquisto.

El shale gas, como se denomina al gas natural atrapado en formaciones de roca sedimentaria muy compacta, cambió el mercado global de un golpe. El precio del gas en Norteamérica se desplomó. Y las empresas que habían venido a invertir en el Perú hicieron el cálculo que cualquier empresa hace: «Si tú no cambias el precio de tu gas, mejor lo hago en mi casa central, que es Estados Unidos», les dijeron a sus contrapartes peruanas, según relató Herrera Descalzi.

Se fueron. Todas. «Cinco proyectos de petroquímica. Por lo menos dos eran viables. De los cinco hubiéramos tenido petroquímica del metano hace buen tiempo.»

Lo que el Perú perdió y no recuperó

Pedro Gamio, exviceministro de Hidrocarburos, completó el cuadro desde la perspectiva de la demanda. Para él, lo ocurrido en 2009 no fue solo una oportunidad perdida de industrialización. Fue la confirmación de un patrón que se repite desde que se tomó la decisión de exportar el gas en el gobierno de Toledo: el Estado peruano sistemáticamente priorizó la monetización rápida del recurso sobre su aprovechamiento estratégico de largo plazo.

«Toledo cambió un proyecto que era de consumo interno por un proyecto de exportación. Y es así como tenemos que la mitad del gas se consume en el Perú y la mitad se exporta, cuando tenemos gas para 10 o 12 años», dijo Gamio. La petroquímica que pudo haberse construido con ese gas habría dado al país, según sus cálculos, entre seis y 10 veces más ingresos que la simple venta del recurso como materia prima. «La petroquímica del metano —urea y nitrato de amonio— sí podríamos haberla desarrollado. Por lo menos seis veces más ingresos al país que la venta del gas como materia prima.»

Víctor Murillo, presidente del directorio de EGESUR, añadió la dimensión agrícola de esa pérdida, que hoy se siente en el precio de los alimentos: «Si hubiésemos tenido el gasoducto del sur en su momento en vez de exportar el gas, hoy tendríamos un sector agrícola más competitivo. Produciríamos nuestros propios fertilizantes.» En cambio, el Perú importa urea a precios que han subido dramáticamente desde la guerra de Ucrania y ahora con el conflicto en el Golfo Pérsico. Cada kilo de abono que paga el agricultor peruano lleva incorporado el costo de una decisión que se tomó —o no se tomó— hace 15 años.

La falla que se repite: el Estado sin sistema nervioso

Herrera Descalzi usó una expresión que resume décadas de política energética fallida: «Esa falta de sistema nervioso del Estado peruano para ajustar el precio para que la industrialización no se detenga, no se frustre, más la falta de voluntad política de todos los actores, porque lamentablemente es cierto, no hubo una definición clara del precio de usar la petroquímica con un precio promocional.»

No fue un gobierno. Fueron todos. El patrón se repite con variaciones desde 1993: se toma una decisión energética importante, llega un gobierno nuevo que la cuestiona, llega otro que la revierte parcialmente, llega otro que negocia algo distinto. Y en ese péndulo permanente, las empresas que necesitan certeza de largo plazo para invertir miles de millones de dólares simplemente se van a otro país.

Gamio lo sintetizó con una imagen que quedó flotando en el foro: «Eso fue la historia de la zorra y el cuervo. Así es como el cuervo perdió el pedazo de queso.» El Perú tenía el queso —el gas más barato de la región, un recurso descubierto y desarrollado, una posición geográfica privilegiada— y lo perdió por abrirle el pico a quien le prometió más.

Lo que viene si no se aprende la lección

El inventario actual es el resultado directo de esas decisiones. El lote 88, el único comprometido con el mercado interno, tiene reservas para 10 años. Los lotes de exportación están casi agotados. El lote 58, en manos de una empresa china, no tiene destino definido. Y Candamo —el yacimiento que podría cambiar la ecuación con reservas estimadas de entre 30 y 40 TCF— está bloqueado por un parque nacional que Fujimori creó semanas después de que la exploración arrojara resultados positivos.

Herrera Descalzi calculó lo que el Perú necesita para garantizar abastecimiento interno hasta el 2060: «17 TCFs adicionales. Más que Camisea. Necesitamos dos Camiseas.» Y puso el plazo con la frialdad de quien conoce los tiempos reales de la industria: «En el escenario optimista, 10 años para confirmar Candamo y construir la infraestructura que lo conecte con el sistema actual. Son 10 años fáciles ya.»

Diez años que empiezan a correr este miércoles, desde el gobierno que asuma el 28 de julio, desde las decisiones que se tomen —o no se tomen— en los primeros 100 días del próximo mandato. El mismo Estado que en 2009 ahuyentó a seis empresas con mil millones de dólares cada una tendrá que ser capaz, esta vez, de atraer la inversión que permita encontrar dos Camiseas nuevas antes de que la única que tiene el país se agote.

Murillo cerró el foro con la frase que mejor resume lo que está en juego: «Ya estamos con los años prácticamente en descuento. Cuanto antes empecemos, mejor.»

Fuente: La República