A propósito de la compra de Pecsa por parte de Primax, para el experto en hidrocarburos, Aurelio Ochoa, las fusiones y concentraciones empresariales no deberían ser un problema, si se respetan los límites de estas operaciones, mientras que el especialista Pedro Gamio, resaltó que es un tema preocupante y que hace falta un trabajo articulado entre el Indecopi y el Osinergmin para evitar las concertaciones de precios de los combustibles.

Acciones y mecanismos 

Pedro Gamio, exviceministro de Energía, indicó que es crucial que el Osinergmin trabaje en conjunto con el Indecopi, pues el país requiere un sistema de «alerta temprana» para que esa institución no demore dos años en promedio para castigar la concertación de precios de producirse ese acto ilegal.

«El tema es que tenemos 131 empresas dentro de 5 expedientes de procedimientos sancionadores investigados por concertación de precios en el Indecopi. Lo que recomiendo es que haya una suerte de mecanismo mucho más proactivo para garantizar la libre competencia y defender los precios al consumidor, y allí el Osinergmin tendría que trabajar articuladamente con el Indecopi», aseveró en RPP Noticias.

Detalló que tras la compra de Pecsa por parte de Primax, la empresa del Grupo Romero pasa a poseer el 29 por ciento en estaciones de servicio y el 39 por ciento de las ventas mayoristas de combustibles.

Nuevo riesgo

Añadió que esta operación podría perjudicar la situación de la Refinería de Talara en vía de su modernización, pues la competencia puede importar diésel a menor precio del que produce la refinería local. Además cuestionó que en el país se siga apostando por el diésel cuando el gas debería ser nuestro principal combustible.

«También nos presenta un escenario donde las apuestas de nuestra empresa estatal (Petroperú) se ven también en riesgo, básicamente por la modernización de la antigua refinería (de Talara). Ahora tenemos un estándar de 10 partes por millón de contenido de azufre, y recién el 2019 vamos a ver la refinería con 50 partes por millón de contenido de azufre, y hay muchos lotes de productos que entran mucho más baratos al mercado interno directamente importados», sostuvo.

Falta normativa

Por su parte, Aurelio Ochoa, expresidente de Perúpetro, enfatizó que la concentración empresarial y las fusiones son positivas, y es una muestra que la economía está funcionando.

«Las concentraciones no están mal si se respeta la libre competencia, si se respetan los límites de estas concentraciones», comentó en Ampliación de Noticias.

Sin embargo, el especialista advirtió que cuando no hay límites a estas transacciones, «ahí viene el problema», dijo que el Perú tiene una ley contra las concertaciones de precios pero no para las fusiones empresariales. Resaltó que sólo tres países en Latinoamérica no tienen leyes que puedan regular el tema de las fusiones y concentraciones, Perú, Cuba y Guatemala.

«Acá no hay límites para poder fusionarse y concentrar, ha comenzado con la cerveza, continuó con los medios de comunicación, han seguido los medicamentos, y ahora estamos observando si bien es cierto no en esas proporciones el caso de los combustibles», dijo.

Más lentos que el Poder Judicial

Ochoa criticó la falta de un accionar más eficaz por parte del Indecopi respecto a los procesos sancionadores por concentraciones de precios. En diciembre pasado, el Indecopi sancionó con más de 74 millones de soles, a Solgas, Lima Gas, Zeta Gasy a siete ejecutivos de dichas empresas, por concertar el precio del balón de GLP entre el 2008 y el 2011. El proceso había empezado en agosto de 2015.

«Pero teniendo organismos como el caso peruano bastante débiles, porque en las farmacias, papel higiénico, GLP, GNV, en todos estos sectores han habido concertaciones. En cambio cuando se tiene un organismo fuerte como debiera ser el caso del Indecopi que actúe a tiempo, entonces todos estaríamos tranquilos para poder corregir estas distorsiones del mercado», refutó.

Agregó que la mayor parte de estas concentraciones fueron detectadas en el año 2006, 2007, 2008, 2010 y cuando comenzaron a verse los casos, 7, 8, 10 años peor que el Poder Judicial, entonces de qué sirve que exista en este caso una entidad que vela por esto.

Fuente: RPP