El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que el Gobierno ha puesto en marcha la reorganización de Petroperú, mediante acciones inmediatas que dan inicio a un proceso ordenado, técnico y transparente, con el objetivo de proteger los activos estratégicos del Estado, fortalecer la capacidad financiera de la empresa y asegurar su sostenibilidad en el tiempo. Como parte de este proceso, ProInversión presentará, a fin de mes, el Plan de Promoción de Activos de Petroperú, que permitirá identificar mecanismos técnicos para su puesta en valor.

La ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, remarcó que el proceso no implica la privatización de la empresa estatal. “Petroperú no se privatiza, no se vende. Lo que hemos hecho es enfrentar una situación que no podía continuar y tomar medidas desde el primer día para organizar una empresa que es de todos los peruanos, manteniendo el control del Estado sobre sus activos”, señaló.

La titular del MEF explicó que uno de los primeros hitos será la identificación e incorporación de activos estratégicos en esquemas de fideicomiso, con el objetivo de protegerlos legalmente, garantizar que continúen siendo propiedad del Estado y crear condiciones para mejorar la gestión y el desempeño operativo de la empresa.“Queremos mantener la propiedad del Estado sobre los activos, pero incorporarlos en mecanismos como fideicomisos que los protegen legalmente y que permitan usar herramientas financieras para que Petroperú recupere la operatividad que ha perdido”, precisó.

Asimismo, indicó que la meta central de estas acciones es concretar, hacia el mes de junio, la suscripción de los primeros contratos con capital privado, bajo esquemas en los que los inversionistas aportan financiamiento y comparten riesgos con el Estado, sin asumir la propiedad de los activos estratégicos.
La ministra también subrayó que no adoptar decisiones inmediatas hubiera puesto en riesgo la viabilidad de la empresa, que actualmente acumula deudas por más de USD 5000 millones. “Si no hacíamos nada, Petroperú era inviable. Seguir transfiriendo recursos para pagar deudas, sin metas ni exigencias de mejora, no iba a resolver el problema”, sostuvo.

Estas acciones envían una señal clara de confianza a inversionistas privados y acreedores, al evidenciar el compromiso del Gobierno con el cumplimiento de sus obligaciones financieras, la protección de los activos del Estado y la implementación de un proceso de reorganización ordenado, técnico y responsable.

El Gobierno, a través del MEF, reitera que estas medidas buscan poner fin a una etapa de pérdidas estructurales, asegurar la continuidad de la cadena de abastecimiento de hidrocarburos a nivel nacional y sentar las bases para que Petroperú recupere sostenibilidad financiera y opere de manera eficiente, en beneficio del país.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que el Gobierno ha puesto en marcha la reorganización de Petroperú. “ProInversión presentará, a fin de mes, el Plan de Promoción de Activos de Petroperú, que permitirá identificar mecanismos técnicos para su puesta en valor“, indica el MEF.

No es privatización

La ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, remarcó que el proceso no implica la privatización de la empresa estatal. “Petroperú no se privatiza, no se vende. Lo que hemos hecho es enfrentar una situación que no podía continuar y tomar medidas desde el primer día para organizar una empresa que es de todos los peruanos, manteniendo el control del Estado sobre sus activos”, señaló.

La meta central de estas acciones, dijo la funcionaria, es concretar, hacia el mes de junio, la suscripción de los primeros contratos con capital privado, bajo esquemas en los que los inversionistas aportan financiamiento y comparten riesgos con el Estado, sin asumir la propiedad de los activos estratégicos.

Activos en estratégicos

La titular del MEF explicó que uno de los primeros hitos será la identificación e incorporación de activos estratégicos en esquemas de fideicomiso, con el objetivo de protegerlos legalmente, garantizar que continúen siendo propiedad del Estado y crear condiciones para mejorar la gestión y el desempeño operativo de la empresa.“Queremos mantener la propiedad del Estado sobre los activos, pero incorporarlos en mecanismos como fideicomisos que los protegen legalmente y que permitan usar herramientas financieras para que Petroperú recupere la operatividad que ha perdido”, precisó.

La ministra también subrayó que no adoptar decisiones inmediatas hubiera puesto en riesgo la viabilidad de la empresa, que actualmente acumula deudas por más de US$ 5,000 millones. “Si no hacíamos nada, Petroperú era inviable. Seguir transfiriendo recursos para pagar deudas, sin metas ni exigencias de mejora, no iba a resolver el problema”, sostuvo.

El Sindicato de Trabajadores Administrativos de Petróleos del Perú – STAPP manifiesta su profunda preocupación ante el hecho comunicado al mercado: Fitch Ratings retiró todas las calificaciones crediticias de Petroperú y dio por terminada su cobertura analítica, señalando que no cuenta con información suficiente para adoptar una decisión de calificación.

Fitch, además, advierte que la liquidez de la empresa es débil y que las conversaciones con el Gobierno continúan en curso, lo que incrementa la incertidumbre y deja a Petroperú fuera de su universo de emisores con seguimiento regular.

1) Esto no es una anécdota financiera: es una alerta sobre gobernanza y conducción pública

Cuando una agencia internacional retira calificaciones por insuficiencia de información, el mensaje es directo: faltan decisiones, claridad, gestión y responsabilidad.

Lo más grave es que este escenario era evitable con una conducción seria: cronogramas claros, transparencia oportuna, vocería técnica, y un plan de estabilización coherente, comunicable y verificable.

2) La dejadez y mezquindad del actual gobierno, las irresponsables declaraciones -casi a diario- de la titular del MEF y el PCM han agravado no solo la incertidumbre, sino que, en solo dos meses de gobierno, han originado una crisis sin precedentes en la historia de Petroperú: 5 presidentes de directorio, 4 gerentes generales y una contra campaña que, pareciera, orquestada con toda la mala intención de quebrar la petrolera estatal.

El STAPP sostiene que lo ocurrido refleja una evidente falta de gestión para enfrentar con seriedad una situación que exige liderazgo, coordinación intersectorial y una ruta de salida consistente. En lugar de construir confianza, se ha permitido que crezca la incertidumbre, con señales contradictorias y decisiones que no fortalecen la credibilidad institucional.

3) Se equivocaron de «enemigo»: atacan a los trabajadores mientras el problema real se agrava

Mientras el país observa cómo se deteriora la confianza del mercado, desde el Ejecutivo se ha optado por una línea política y mediática de estigmatización del trabajador. Esa narrativa es injusta y peligrosa: desvía la atención, fractura a la organización, paraliza la operación y debilita el capital humano que sostiene la continuidad del servicio público energético.

Petroperú se sostiene por su gente: técnicos, operadores, administrativos, profesionales y especialistas que, incluso en crisis, mantienen la cadena de abastecimiento. Convertir al trabajador en chivo expiatorio no mejora la liquidez, no ordena la deuda, no corrige la gobernanza y no recupera confianza.

4) Urge un giro de timón en el más alto nivel del Ejecutivo

Por lo expuesto, el STAPP solicita al Presidente de la República evaluar, con criterios de responsabilidad nacional, la continuidad del Premier y de los Ministros de Energía y Minas y Economía y Finanzas, quienes desde que asumieron han mantenido una conducta pública y política que golpea a Petroperú, deteriora su reputación y abre espacio a mayor incertidumbre, en vez de conducir una estabilización seria y técnica.

El país requiere autoridades que construyan soluciones, no autoridades que generen tensión, desconfianza y enfrentamiento interno en una empresa estratégica.

5) Lo que se necesita ahora: gestión, transparencia y decisiones verificables

El STAPP demanda medidas inmediatas orientadas a recuperar confianza y gobernabilidad:

§ Transparencia y provisión de información suficiente, consistente y oportuna, para evitar que se repitan situaciones como la descrita por Fitch.

§ Conducción técnica y unificada del proceso de estabilización, con una hoja de ruta pública, metas y responsables.

§ Cese de la estigmatización del trabajador y garantías de respeto a la dignidad laboral.

§ Instalación de un espacio formal de diálogo con los trabajadores y sus organizaciones, porque no existe reorganización viable sin legitimidad interna.

6) Llamado al país

Petroperú es parte de la seguridad energética del Perú. Si se debilita su credibilidad, se afecta la cadena de abastecimiento, el financiamiento, la operación y la estabilidad institucional. Lo comunicado hoy no debe normalizarse: exige correcciones inmediatas, conducción política responsable y decisiones con sustento.

El STAPP reafirma su compromiso con la defensa de Petroperú, de su rol estratégico y de los trabajadores, y exhorta al Gobierno a actuar con seriedad, sin improvisación y sin buscar culpables donde no corresponde.