La Asociación de Contribuyentes del Perú (ACP) exhortó al nuevo gobierno de Keiko Fujimori a dar prioridad a la masificación del gas natural mediante la aprobación del decreto supremo que reglamenta el mecanismo de compensación establecido en la Ley N.° 32315. Aunque el proyecto normativo fue prepublicado por el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) el 25 de junio a través de la Resolución Ministerial N.° 252-2026-MINEM/DM, la versión definitiva aún no ha sido publicada, pese a que el periodo para recibir comentarios ya concluyó.

La propuesta normativa plantea que el mecanismo de compensación beneficie únicamente a los usuarios con consumos de hasta 50.000 metros cúbicos mensuales, entre ellos hogares, pequeños negocios y transportistas. Para la ACP, extender este beneficio a grandes consumidores implicaría destinar recursos públicos a empresas que ya acceden al gas natural en condiciones competitivas.

Asimismo, la organización propone que la compensación se calcule sobre la tarifa realmente acordada entre las partes y no sobre la tarifa máxima regulada, con el objetivo de evitar pagos que no correspondan. También considera necesario que el recargo aplicado al peaje eléctrico cuente con una metodología de cálculo transparente, un límite claramente definido y respete el esquema de financiamiento previsto en la ley, que establece el uso prioritario de los recursos del Fondo de Inclusión Social Energético (FISE) antes de recurrir a dicho recargo.

La ACP advirtió además que el proyecto reglamenta únicamente los artículos 8, 9 y 10 de la Ley N.° 32315. En tanto, otros 14 artículos vinculados a proyectos de masificación, encargos a empresas estatales, la creación de la Agencia de Inventarios de Combustibles y el uso de recursos del Sistema de Seguridad Energética (SISE) continúan sin reglamentarse, a pesar de que el plazo legal para hacerlo venció hace más de un año.

Ante esta situación, la asociación planteó tres acciones prioritarias: aprobar cuanto antes el decreto supremo sobre el mecanismo de compensación, publicar la matriz de observaciones recibidas durante la consulta pública y establecer un cronograma para reglamentar los 14 artículos restantes de la norma.

Según la ACP, estas medidas no requieren modificaciones legislativas ni un mayor presupuesto público, sino voluntad política para acelerar la expansión del gas natural, ampliar el acceso de los usuarios a este recurso y fortalecer la competencia en el mercado energético.

Por: Redacción Economía

El debate en torno a la descentralización del recurso energético más importante del país ha tomado un nuevo impulso. La masificación del gas natural en el centro y sur del Perú, un anhelo históricamente postergado para millones de familias, tiene en el Proyecto Siete Regiones la alternativa técnica y económica más eficiente y rentable para el Estado y los consumidores finales.

Un impacto directo en el bolsillo de las familias y el país

Expertos del sector energético, entre ellos *Carlos Casas*, director del Centro de Estudios sobre Minería y Sostenibilidad (CEMS) de la Universidad del Pacífico, sostienen que el acceso directo al gas natural residencial representa una ventaja competitiva insustituible respecto a otras matrices energéticas.

“Aquellos que acceden a la conexión de gas natural tienen costos más bajos que aquellos que usan otras fuentes de energía. Es lo más rentable para el país y los consumidores”, destacó Casas.

De acuerdo con estimaciones del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), el uso del gas natural en los hogares permite un *ahorro de hasta un 70% frente al consumo de energía eléctrica* y cerca de un *40% en comparación con el balón de gas licuado de petróleo (GLP)*.

Cobertura y alcance: 15 localidades clave

El esquema planteado busca conectar a más de *300,000 usuarios potenciales* en una primera etapa, distribuidos en 15 ciudades de las siguientes siete regiones:

 Cusco (Cusco, Quillabamba y Calca)

 Ayacucho (Huamanga y Huanta)

 Ucayali (Pucallpa, Aguaytía y Curimaná)

 Junín (Huancayo y Jauja)

 Puno (Puno y Juliaca)

 Apurímac (Abancay y Andahuaylas)

 Huancavelica (Huancavelica)

Modelo logístico: Redes y transporte virtual

Para sortear los desafíos geográficos del centro y sur andino, la propuesta contempla la combinación de infraestructura física y transporte virtual de gas:

 1. Conexiones directas por ducto: En Ayacucho se utilizará un City Gate conectado al ducto principal de Camisea, mientras que en Ucayali el suministro partirá del Lote 31-C.

 2. Sistema virtual de regasificación: En las regiones restantes, el suministro se realizará mediante el transporte de Gas Natural Licuado (GNL) en cisternas hacia plantas satélites de regasificación locales.

 3. Redes de distribución: Se contempla la construcción de más de 3,700 kilómetros de redes para abastecer a hogares, comercios e industrias locales.

Retos para la consolidación del proyecto

A pesar de los claros beneficios de rentabilidad social y económica, el proyecto ha atravesado diversas etapas de evaluación y concertación entre el Ejecutivo, los gobiernos regionales y la empresa privada (como la adenda planteada con Cálidda para extender la red de distribución con tarifas niveladas similares a Lima y Callao).

Asegurar una tarifa equitativa en regiones, acelerar el financiamiento mediante el Fondo de Inclusión Social Energético (FISE) e integrar a las autoridades locales serán factores determinantes para que la masificación del gas pase de ser una propuesta rentable en el papel a una realidad tangible en los hogares del interior del país.

Para conocer más detalles sobre el esquema técnico y el alcance social de esta iniciativa energética en el sur peruano, te invitamos a ver este Análisis sobre el Proyecto Siete Regiones, donde se explican las alternativas de distribución e infraestructura clave para llevar este recurso a las familias del interior.

Durante Perú Energía Cusco 2026, Rogers Valencia, presidente del Instituto Cusqueño de Economía, cuestionó la gestión de los recursos generados por la explotación de Camisea desde 2004 y advirtió que la falta de eficiencia en el gasto público ha limitado el impacto del canon y sobrecanon gasífero en el desarrollo de la región.

Millonarios recursos sin traducirse en obras para la población

Valencia señaló que Cusco ha recibido aproximadamente S/ 33,000 millones por concepto de impuestos y canon gasífero durante los últimos años. Sin embargo, de este monto, solo se habrían ejecutado alrededor de S/ 20,000 millones, mientras que cerca de S/ 12,000 millones permanecen inmovilizados en depósitos bancarios del Ministerio de Economía y Finanzas.

Para el presidente del Instituto Cusqueño de Economía, estas cifras evidencian una importante brecha entre la generación de recursos provenientes de la actividad gasífera y la capacidad de las autoridades para convertirlos en obras y servicios en beneficio de la población.

Miles de obras paralizadas evidencian fallas en la gestión

El economista también advirtió que la región registra 6,880 obras paralizadas, de las cuales aproximadamente el 60% corresponde a municipios distritales.

Según explicó, esta situación responde, en parte, a incentivos que priorizan el inicio de nuevos proyectos antes que la culminación de las obras ya iniciadas, generando una acumulación de proyectos inconclusos y limitando el impacto real de los recursos públicos.

Falta de inversión en seguridad energética genera mayores costos

Valencia también se refirió a las consecuencias económicas de las fallas en la infraestructura energética. Señaló que el accidente registrado en el actual sistema de transporte de gas de Camisea generó un impacto equivalente al 1% del PBI nacional, estimado en aproximadamente US$ 3,500 millones.

En ese sentido, sostuvo que una mayor inversión preventiva en seguridad y mantenimiento de la infraestructura energética habría resultado más eficiente que asumir posteriormente los costos económicos derivados de la paralización del suministro.

El presidente del Instituto Cusqueño de Economía concluyó que el desafío no consiste únicamente en generar mayores recursos a partir de la actividad gasífera, sino en mejorar la capacidad de gestión y ejecución de las autoridades, para que el canon y sobrecanon se traduzcan efectivamente en infraestructura, servicios y desarrollo para la población del Cusco.