En relación con las publicaciones que se vienen difundiendo sobre los contratos de suministro de petróleo crudo con los productores del noroeste, Petroperú realiza las siguientes precisiones:

Con el objetivo de salvaguardar los niveles de producción y evitar afectaciones a las operaciones de los productores, Petroperú ha implementado mecanismos contractuales de carácter transitorio, tales como los contratos de recepción, almacenamiento, despacho y comercialización, que permiten a los productores comercializar temporalmente su producción a terceros y cumplir sus obligaciones con sus trabajadores y proveedores mientras dichas medidas se mantengan vigentes.
Estas acciones están orientadas a evitar la acumulación de obligaciones adicionales para Petroperú, así como a reducir riesgos asociados a la disminución de los niveles de producción, al incumplimiento de los programas mínimos de trabajo y al pago de las regalías derivado de la operación de los lotes petroleros correspondientes al Estado.
Las medidas adoptadas se enmarcan en lo dispuesto por el Decreto de Urgencia N.° 010-2025 y forman parte de las acciones que vienen siendo implementadas de manera articulada entre el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Economía y Finanzas, ProInversión y Petroperú, con el objetivo de garantizar la continuidad de la cadena de producción y comercialización de hidrocarburos.
Conforme se avance en dicho proceso y se restablezcan progresivamente las condiciones financieras, en aplicación del Decreto de Urgencia N.º 010-2025, Petroperú evaluará la normalización gradual de sus esquemas de adquisición de petróleo crudo, en función de las condiciones de mercado y de la sostenibilidad de la empresa.

El Sindicato de Trabajadores Administrativos de Petróleos del Perú – Petroperú S.A. (STAPP) expresa su profunda preocupación ante la nueva rebaja de calificación crediticia de Petroperú por parte de la Clasificadora Internacional Moody’s Ratings, que reduce la nota a “Caa1” (equivalente a “CCC+”) desde “B3” (equivalente a “B-”) y cambia la perspectiva a Negativa.

De acuerdo con el propio sustento de Moody’s, esta rebaja se explica, principalmente, por el efecto crediticio negativo de las medidas contenidas en el Decreto de Urgencia N.° 010-2025, incluyendo la potencial segmentación o transferencia de activos mediante estructuras vinculadas a ProInversión. La clasificadora advierte que dichas acciones podrían debilitar la base de activos, elevar riesgos de ejecución y gobernanza y afectar protecciones para acreedores, con especial referencia a activos relacionados con la Refinería Talara, incrementando la incertidumbre sobre la preservación del perfil operativo y financiero de la empresa.

Asimismo, Moody’s remarca la frágil situación financiera de Petroperú: liquidez persistentemente débil, caja limitada (al 30 de septiembre de 2025, US$ 33.9 millones) y obligaciones relevantes de corto plazo (aprox. US$ 400 millones anuales en intereses), además de alta deuda ajustada (aprox. US$ 6.3 mil millones a septiembre de 2025).

Para el STAPP, lo señalado por Moody’s confirma un riesgo que el sindicato viene denunciando: la privatización por partes —mediante el “troceo” o transferencia de activos estratégicos— no fortalece a Petroperú ni resuelve su problema estructural; por el contrario, agrava la incertidumbre, compromete su sostenibilidad y debilita su rol estratégico para la seguridad energética del país.

En esa línea, el STAPP exige que el Gobierno abandone cualquier ruta de “descuartizamiento” de Petroperú y priorice una salida integral y técnica, con medidas que recuperen liquidez, fortalezcan la gobernanza y aseguren la continuidad operativa de los activos estratégicos del Estado.

El secretario general del STAPP, José Luis Saavedra Távara, señala que el Decreto de Urgencia N.° 010-2025 no enfrentó el problema de fondo que atraviesa la empresa, y que ello hoy se evidencia en la pérdida de calificación. Precisa que el DU no contribuye a la solución; por el contrario, ha profundizado la crisis y deteriorado aún más la situación de Petroperú. Agrega que esta decisión de Moody’s incrementa la presión financiera sobre la empresa, encarece el acceso a fuentes de financiamiento y afecta la confianza de los agentes del mercado, poniendo en riesgo la sostenibilidad operativa y la continuidad de los activos estratégicos. En ese contexto, solicita al presidente de la República disponer el cambio del ministro de Energía y Minas, del ministro de Economía y Finanzas y del presidente del Consejo de Ministros.

Por su parte, Pedro Castro Balmaceda, secretario de Defensa del STAPP, sostiene que desde el Poder Ejecutivo —en especial desde el MEF— se venía afirmando públicamente que, con el D.U. N.° 010-2025, existiría un acercamiento de inversionistas interesados en refinanciar la deuda de Petroperú; sin embargo, la rebaja de calificación de Moody’s evidencia que ese escenario no se ha materializado. A su juicio, lo ocurrido se enmarca en una ruta coordinada con ProInversión, lo que explicaría la premura por impulsar instrumentos como el Plan Comercial. En esa misma línea, refiere que diversos actores han expresado públicamente su rechazo a esta narrativa —incluyendo pronunciamientos difundidos por periodistas vinculados a la defensa de Petroperú y una carta de organizaciones sindicales que exige la renuncia de la titular del MEF— y, por la afectación generada y por haber sostenido ante la ciudadanía la existencia de inversionistas interesados, exige la renuncia del Ministro de Economía y Finanzas, del Ministro de Energía y Minas y del Presidente del Consejo de Ministros.

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, a través de la Dirección de Inteligencia Inspectiva (DINI), dirigió el operativo de asistencia técnica en seguridad y salud en el trabajo (SST) en el sector hidrocarburos, que incluyó la visita a la planta envasadora de gas Energigas en Lurín y al grifo Repsol en Villa El Salvador.
El objetivo de esta iniciativa es fortalecer la cultura de prevención de riesgos laborales mediante el acompañamiento técnico especializado en centros de trabajo cuya naturaleza operativa implica peligros críticos, tales como grifos y plantas envasadoras de gas.
En el operativo participaron inspectores especializados en SST del equipo de Minería, Electricidad e Hidrocarburos de la DINI, con un alcance de 35 empresas intervenidas.
Las materias de intervención están referidas a las condiciones de seguridad en lugares de trabajo, instalaciones civiles y maquinaria. Asimismo, equipos de protección personal, así como formación e información sobre SST.
Durante el operativo, el titular de la Sunafil informó que el Sistema de Inspección de Trabajo, desde el 2024 a la fecha logró incorporar a 325,239 trabajadores a la Planilla Electrónica. Añadió que se ejecutó un total de 2,239 órdenes de inspección y de estas, 1,372 corresponden a la atención de denuncias y 867 a operativos. Asimismo, se precisa que, en lo que va del año 2026, se llevaron a cabo 83 órdenes.
La Sunafil reafirma su compromiso por fortalecer la vigilancia en actividades de alto riesgo, garantizando el cumplimiento de la normativa vigente en seguridad y salud en el trabajo.
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