La empresa señaló que la investigación comenzó en 2022 y que el informe final, presentado en mayo de 2025, no encontró evidencia concluyente de sobornos ni de direccionamiento de procesos de contratación.

Petroperú se pronunció sobre las informaciones difundidas por el programa Punto Final de Latina Televisión respecto a los servicios contratados al estudio internacional de abogados Paul Hastings LLC y explicó el origen, alcance y conclusiones de la investigación realizada.

Según la empresa estatal, el proceso se inició en 2022, luego de que Raymond Kohutt, vinculado a la compañía Gunvor S.A., reconociera ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos el pago de sobornos a funcionarios de Petroecuador. Ante este escenario, Petroperú decidió contratar de manera preventiva a Paul Hastings LLC para investigar posibles riesgos de corrupción relacionados con sus operaciones comerciales con Gunvor y Vitol entre 2015 y 2021.

El informe final del estudio jurídico, emitido en mayo de 2025, concluyó que no se encontró evidencia clara de la existencia de un esquema de intercambio de beneficios o quid pro quo, ni de infracciones a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) de Estados Unidos.

Asimismo, de acuerdo con Petroperú, la investigación no identificó indicios de conductas criminales, acuerdos destinados a direccionar licitaciones o acciones de favorecimiento hacia Gunvor o Vitol por parte de trabajadores de la empresa.

Petroperú también indicó que los documentos elaborados por Paul Hastings LLC están protegidos por el denominado Privilegio Legal, correspondiente al secreto profesional entre abogado y cliente bajo la legislación estadounidense. En ese sentido, sostuvo que la divulgación pública del informe durante la anterior administración afectó dicha protección.

Auditoría de la Contraloría

La empresa estatal añadió que las conclusiones del estudio jurídico guardan relación con el Informe de Auditoría N.° 003-2023-2-0084-AC, elaborado en 2023 por el Órgano de Control Institucional (OCI) de la Contraloría General de la República respecto de las contrataciones realizadas con Gunvor durante el periodo 2013-2021.

Según Petroperú, dicho informe tampoco estableció responsabilidad administrativa, civil o penal contra trabajadores de la compañía.

A partir de las recomendaciones formuladas tanto por el OCI como por Paul Hastings, Petroperú aseguró haber puesto en marcha medidas de remediación destinadas a reforzar sus mecanismos de prevención y control frente a riesgos de corrupción, lavado de activos, financiamiento del terrorismo y soborno.

Finalmente, la empresa reafirmó que continuará fortaleciendo sus sistemas internos de integridad, transparencia y prevención, además de implementar mejoras en sus procesos para reducir riesgos y evitar conductas que contravengan sus principios institucionales y la normativa vigente.

Petroperú también remarcó que mantendrá un manejo responsable de la información que se encuentre protegida por el Privilegio Legal y que cumplirá las disposiciones aplicables a este tipo de documentación.

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La intervención de un representante de ProInversión en determinadas reuniones del Directorio de Petroperú ha generado preocupación dentro de la empresa estatal, principalmente por el acceso a información financiera, comercial y estratégica de carácter sensible.

La situación ocurre mientras ProInversión, organismo adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), participa en procesos relacionados con la reestructuración financiera de Petroperú, la administración de mecanismos de financiamiento y la evaluación de activos estratégicos.

Uno de los puntos que aún genera interrogantes es el destino y detalle de los recursos obtenidos mediante el crédito puente internacional. Aunque inicialmente se anunció un financiamiento de hasta US$500 millones, Petroperú recibió US$475 millones. Según ProInversión, la diferencia de US$25 millones corresponde a los costos financieros de la operación.

¿Qué resultados ha conseguido Petroperú con las medidas extraordinarias?

Hasta el momento, dos hechos destacan dentro de las acciones adoptadas para enfrentar la situación financiera de la petrolera estatal.

El primero fue el retiro de UNNA Energía del procedimiento concursal que había iniciado contra Petroperú ante Indecopi. El segundo corresponde al desembolso de los primeros recursos del esquema de financiamiento internacional, que contempla una operación de hasta US$2.000 millones con respaldo del Estado.

El retiro del proceso concursal evitó que la empresa estatal enfrentara una junta de acreedores con capacidad para intervenir en decisiones relacionadas con su control. A su vez, el crédito permitió reducir la presión inmediata sobre la liquidez de Petroperú.

Sin embargo, todavía no se ha presentado públicamente un balance integral que detalle cuánto se ha obtenido mediante la monetización de activos, qué inversiones privadas se han concretado, cuáles han sido los ahorros operativos y qué recursos netos permanecen disponibles después de los costos asociados al financiamiento.

En el caso de UNNA Energía, el retiro del procedimiento también estuvo relacionado con las obligaciones contempladas en el contrato de Recepción, Almacenamiento y Despacho (RAD). Las medidas destinadas a ordenar los pagos y ampliar la capacidad de almacenamiento contribuyeron a resolver el conflicto que había llegado a Indecopi.

La participación de ProInversión en las reuniones del Directorio

Las medidas aplicadas para enfrentar la crisis de Petroperú se sustentan, entre otros instrumentos, en los decretos de urgencia 010-2025 y 003-2026, emitidos con el objetivo de atender los problemas de liquidez, garantizar el abastecimiento de combustibles y evitar un deterioro mayor de la empresa.

Estas disposiciones también otorgaron a ProInversión un papel en la estructuración financiera, los fideicomisos y la evaluación de determinados activos de Petroperú.

En ese contexto, Jorge Luis Ramos Felices participa en determinadas sesiones del Directorio como representante de ProInversión. Ramos Felices anteriormente integró el Directorio y el Comité de Auditoría y Control de Petroperú.

Su participación no significa que forme parte actualmente del Directorio ni que tenga facultades para reemplazar a la Gerencia General. No obstante, su presencia en reuniones donde pueden analizarse asuntos como flujo de caja, adquisición de crudo, contratos, financiamiento y activos estratégicos ha generado cuestionamientos sobre el alcance de su intervención.

ProInversión explicó a Infobae Perú que la participación de su representante se produce a solicitud del Directorio de Petroperú cuando se abordan asuntos vinculados con la reestructuración de la empresa y que dicha intervención se encuentra comprendida dentro del marco establecido por el DU 010-2025.

Petroperú, por su parte, precisó que Ramos Felices participa como consultor designado por ProInversión y que su incorporación se originó en una solicitud formal realizada por la anterior Presidencia del Directorio, y no por el actual presidente de la empresa, Oliver Stark.

Persisten, sin embargo, interrogantes sobre el alcance concreto de su participación: qué información puede revisar, a qué documentos tiene acceso y bajo qué reglas de confidencialidad interviene en las sesiones.

¿Qué ocurrió con los US$25 millones del crédito?

Uno de los puntos que ha generado mayor interés es la diferencia entre los US$500 millones anunciados inicialmente y los US$475 millones finalmente desembolsados a Petroperú.

ProInversión confirmó que los US$25 millones corresponden a los costos financieros asociados con la operación. No obstante, no se ha hecho público un desglose detallado que permita conocer cuánto corresponde a comisiones, garantías, honorarios, gastos legales u otros conceptos.

Tampoco se ha precisado públicamente cuál fue el monto neto efectivamente disponible para Petroperú después de aplicar estos descuentos.

La operación financiera adquiere mayor relevancia debido a que, paralelamente, ProInversión participa en la evaluación de activos estratégicos de la estatal, entre ellos los Terminales del Sur, el Oleoducto Norperuano y el Lote 64.

Evaluación de activos y participación privada

El Lote 64 ya se encuentra dentro de la estrategia de búsqueda de un operador privado. Petroperú ha planteado incorporar un socio y transferir parte de su participación contractual, con el propósito de distribuir los riesgos y las necesidades de inversión.

Los Terminales del Sur presentan un escenario diferente. Durante 2026, Petroperú contrató un servicio de operación por tres años, por lo que cualquier eventual esquema de asociación o concesión tendría que considerar las condiciones de ese contrato y determinar el beneficio económico para la empresa.

En cuanto al Oleoducto Norperuano, su importancia radica en que permite transportar crudo desde la Amazonía hacia la costa norte. Cualquier modificación en su esquema de operación requeriría considerar las inversiones pendientes, los gastos de mantenimiento, los ingresos previstos y el nivel de participación que conservaría Petroperú.

Hasta ahora no se ha publicado una evaluación comparativa que permita conocer cuánto valor generaría cada activo bajo administración directa de Petroperú frente a un eventual esquema de asociación privada, ni cuáles serían los riesgos y beneficios económicos de una transferencia de derechos.

El proceso también está bajo revisión del Tribunal Constitucional

La reorganización financiera y patrimonial de Petroperú continúa mientras el Tribunal Constitucional tiene pendiente resolver las demandas de inconstitucionalidad presentadas contra el Decreto de Urgencia 010-2025.

La Defensoría del Pueblo cuestionó determinadas disposiciones de la norma al considerar que podrían afectar el artículo 60 de la Constitución, el principio de jerarquía normativa y el régimen especial de Petroperú.

A este proceso se sumó una demanda presentada por la Municipalidad Provincial de Talara, que fue acumulada al expediente por decisión del Tribunal Constitucional el 25 de mayo.

Hasta el momento, el máximo órgano constitucional no ha emitido una sentencia de fondo sobre las facultades extraordinarias que sustentan parte de la intervención de ProInversión.

Mientras el proceso continúa, los mecanismos establecidos mediante los decretos de urgencia siguen aplicándose. Esto incluye las medidas relacionadas con el financiamiento, los fideicomisos y la evaluación de activos estratégicos de Petroperú.

El desarrollo del proceso constitucional será relevante para determinar el alcance y continuidad de algunas de estas medidas, especialmente aquellas que involucren compromisos sobre activos, flujos futuros o acuerdos con inversionistas privados.

El fin del subsidio al diésel expone el elevado costo económico de una política que mantuvo durante años los combustibles por debajo de su valor internacional, generando presión fiscal, desabastecimiento y distorsiones en el mercado.

Un subsidio que se volvió una carga fiscal

Bolivia mantuvo durante más de dos décadas precios regulados para los combustibles, con valores inferiores a los costos de importación. El resultado fue una creciente presión sobre las cuentas públicas, especialmente a medida que disminuyeron los ingresos provenientes de las exportaciones de gas natural.

Según el FMI, los subsidios a los combustibles representaron en 2024 un costo fiscal directo equivalente al 3,9% del PBI boliviano; considerando además los costos de oportunidad, la carga alcanzó el 5,2% del PBI. El organismo también estimó que más de la mitad de los beneficios del subsidio llegaban al quintil de mayores ingresos, mientras solo 7% alcanzaba al quintil más pobre.

Menos gas, más importaciones

El deterioro de los ingresos energéticos agravó el problema. La producción de gas natural de Bolivia cayó desde un máximo de 61 MMmcd en 2014 hasta alrededor de 27 MMmcd, reduciendo en unos US$5.000 millones los ingresos por exportaciones acumulados en más de una década.

Al mismo tiempo, Bolivia pasó a depender fuertemente de las compras externas: importa aproximadamente 60% de la gasolina y 95% del diésel que consume, con un gasto cercano a US$90 millones semanales en combustibles importados.

El ajuste revela el costo de la distorsión

El 18 de septiembre de 2026, Bolivia eliminó el subsidio al diésel y vinculó su precio al mercado internacional. El litro pasó de Bs 9,80 a Bs 17,95, un incremento superior al 80% respecto del precio subsidiado vigente. La medida busca reducir el costo fiscal y mejorar el abastecimiento, después de años de escasez y distorsiones asociadas al diferencial de precios.

El caso boliviano deja así una referencia relevante para América Latina: mantener artificialmente bajos los precios de los combustibles puede contener el costo inmediato para los consumidores, pero cuando el subsidio se vuelve estructural puede trasladar una carga significativa a las finanzas públicas y generar incentivos al contrabando, desabastecimiento y sobreconsumo. La experiencia también muestra que desmontar una distorsión acumulada durante años puede producir fuertes impactos sobre transporte, alimentos y actividad económica.