• Encuentro tecnológico del sector minero reunirá a expertos de distintas compañías del 21 al 22 de mayo en la Universidad Nacional Agraria La Molina.

El sector minero se prepara para una transformación sin precedentes. El CODEa Mining Fest 2026 surge como el espacio definitivo donde la minería tradicional se encuentra con la vanguardia tecnológica, con el firme propósito de impulsar una industria más inteligente, eficiente y, sobre todo, basada en datos.

A diferencia de su entrega inicial, esta segunda edición, que se realizará del 21 al 22 de mayo en la Universidad Nacional Agraria La Molina, marca una evolución clara hacia la madurez técnica. Mientras que otros encuentros suelen quedarse en la superficie de las tendencias, el CODEa Mining Fest 2026 se sumerge en la operación real.

Las principales diferencias que definen este año incluyen:

• Profundidad técnica: Contenido diseñado para el impacto en la operación diaria, no solo en teorías.
• Especialistas activos: El panel deja de ser exclusivamente académico para integrar a líderes que hoy operan en la industria.
• Mesas redondas estructuradas: Discusiones organizadas específicamente por áreas críticas del negocio.
• Enfoque en integración: Una apuesta decidida por conectar los datos con las operaciones, pilar de la minería moderna.

El ADN de la minería moderna

El evento ha diseñado una agenda que aborda los desafíos que están redefiniendo la productividad y la sostenibilidad del sector. Los asistentes podrán profundizar en ejes como: Operaciones mineras autónomas y digitalización; Transformación digital e innovación; Data-driven mining; Metalurgia y mantenimiento con inteligencia operacional.

Del mismo modo, se abordarán aspectos de Geometalurgia y optimización del valor del recurso y Exploración minera apoyada en analítica avanzada.

Por tal motivo, se celebrarán 6 mesas redondas estratégicas, donde se generarán conversaciones de alto nivel sobre retos y soluciones reales. Estas son Operaciones Autónomas, Innovación Digital, Inteligencia Operacional, Gestión Integrada, Geometalurgia Aplicada y Modelos de Datos.

Detrás de esta iniciativa se encuentra CODEa UNI, organización que se ha consolidado como el referente en la formación de talento para la minería tecnológica peruana. Su aporte no es solo teórico; se centra en la capacitación especializada en herramientas de Machine Learning, Business Intelligence y analítica aplicadas a problemas reales de la operación.

«Nuestro diferencial es la capacidad de traducir tecnología avanzada en herramientas aplicables en campo, permitiendo optimizar procesos y mejorar la toma de decisiones”, señaló Bill Maquin Valladares,CEO & Founder de CODEa UNI.

o   Miles de empresas participan en el sector y generan un movimiento equivalente al 4.1% del PBI nacional

Más de 7,800 empresas proveedoras del sector minero genera ventas cercanas a US$ 10 mil millones, equivalente a alrededor del 4.1% del PBI nacional, lo que refleja el peso estratégico de esta actividad en la economía peruana, sostuvo la Dirección General de Promoción y Sostenibilidad Minera (DGPSM) del Ministerio de Energía y Minas (MINEM).

En el marco del Expocobre 2026, Gaby Julca Cumbicus, titular de la DGPSM, sostuvo que el desafío es seguir impulsando que el crecimiento minero se traduzca en más empleo, más empresa local y mayores oportunidades para nuestras regiones.

En su intervención en el panel “Proveedores y empleabilidad minera y su rol en el desarrollo territorial”, la funcionaria destacó la importancia de fortalecer este sector como una vía directa para impulsar empleo, competitividad y crecimiento en las regiones.

Agregó que los proveedores mineros comprenden a todos los actores económicos que abastecen de bienes y servicios a la actividad minera, desde empresas especializadas en transporte, mantenimiento, maquinaria, ingeniería, seguridad, tecnología y gestión ambiental, hasta pequeños negocios locales, emprendedores, comerciantes, servicios de alimentación, hospedaje y transporte.

Puntualizó que el MINEM viene impulsando acciones orientadas a fortalecer su participación mediante espacios de articulación territorial entre empresas mineras, gobiernos regionales, universidades y emprendedores, además de iniciativas de capacitación, formalización y mejora de estándares para integrarlos competitivamente a la cadena de valor minera.

“Los proveedores mineros no solo suministran equipos, sino que impulsan la tecnología, el conocimiento y la sostenibilidad de la industria minera, posicionándose como un socio indispensable para el crecimiento económico del Perú”, enfatizó finalmente.

· Decisión afecta más de 6,400 hectáreas en Puno y podría sentar un precedente para futuras inversiones extractivas

· Experto en consulta previa, Gustavo Zambrano, señala este precedente como peligroso para nuevas inversiones y resta predictibilidad al terminar tergiversando el derecho a la consulta de su finalidad: dialogar

Lima, mayo de 2026.- Un fallo del Poder Judicial encendió una nueva controversia sobre el futuro de las inversiones mineras en el Perú. El Segundo Juzgado Mixto de Desaguadero anuló siete concesiones mineras en la región Puno —que abarcan más de 6,400 hectáreas— al concluir que fueron otorgadas sin realizar consulta previa a comunidades indígenas aimaras.

La decisión judicial alcanza a las concesiones Kelluyo 01 al 07, otorgadas a la empresa Nueva Energía Metales S.A.C., y responde a una demanda presentada por comunidades de la zona, que alegaron vulneración de derechos fundamentales como el territorio, la participación y la autodeterminación, en el marco del Convenio 169 de la OIT.

El fallo introduce un criterio con potencial impacto nacional: establece que la concesión minera, incluso sin actividad extractiva en marcha, puede generar afectaciones sobre territorios indígenas y, por tanto, requiere consulta previa. Para especialistas, esta interpretación podría modificar la forma en que se otorgan derechos mineros en el país y elevar la judicialización de proyectos.

La decisión también reabre un debate jurídico de alto impacto para el sector. El Tribunal Constitucional ha sostenido en anteriores sentencias que la sola entrega de una concesión minera no activa automáticamente la obligación de realizar consulta previa, al no existir una afectación directa inmediata sobre comunidades indígenas.

“El caso de Puno refleja un problema de fondo: la discusión ya no gira únicamente en torno al cumplimiento de la consulta previa y los derechos de los pueblos indígenas, sino al riesgo de que el debate se polarice entre estar a favor o en contra de la minería. Esto puede generar mayor confrontación social e incertidumbre jurídica, debilitando la posibilidad de construir proyectos sostenibles con diálogo, participación efectiva de las comunidades y reglas claras para la inversión”, señaló Gustavo Zambrano, experto en pueblos indígenas y consulta previa en minería.

El especialista advirtió además que el criterio adoptado por el juzgado de Desaguadero marca una diferencia frente a la línea que había mantenido el TC. “Esto puede abrir nuevas controversias sobre la seguridad jurídica y la predictibilidad para las inversiones en el sector minero”, sostuvo.

La sentencia podría convertirse en un precedente para impulsar nuevas acciones legales contra concesiones vigentes en distintas regiones del país, en momentos en que el Perú busca acelerar inversiones mineras y destrabar proyectos estratégicos.

El juzgado dispuso que cualquier decisión futura sobre estas áreas deberá pasar obligatoriamente por un proceso de consulta previa, reforzando el carácter vinculante de este derecho y dejando sobre la mesa un desafío clave para el Estado: cómo equilibrar la protección de las comunidades indígenas con la estabilidad regulatoria que exige la inversión minera.