Sector
Candidato a la presidencia del Perú, Pedro Castillo, propone nacionalizar yacimientos de gas y minería

Una de las propuestas más resaltantes es la nacionalización o estatización de empresas en caso estas no acepten las nuevas condiciones. El capítulo 3 del plan de gobierno plantea que de “no aceptar las nuevas condiciones de negociación, el Estado peruano debe proceder a la nacionalización del yacimiento en cuestión de los sectores mineros, gasíferos, petroleros, hidroenergéticos, comunicaciones, entre otros”.
Principalmente se plantea que el Estado debe tomar el control total de los tres importantes sectores que generan riqueza inmediata, es decir los sectores mineros, gasíferos y petroleros.
“Los principales yacimientos de la gran y mediana minería como Yanacocha, Antamina, Toromocho, Marcona, Cuajone, Quellaveco, Toquepala, etc., deben ser nacionalizados y pasar descentralizadamente a la administración de los gobiernos regionales, según su jurisdicción. El yacimiento gasífero de Camisea, los pozos petroleros, refinerías y centrales hidroeléctricas, también”, sostiene el partido Perú Libre.
¿Qué implica este proceso? “De manera general una nacionalización implica que el Estado pasa a ser propietario de alguna empresa o actividad productiva”. Castillo también hace referencia a nacionalizar los recursos. Es decir, ya no se entregarán a los privados para que los exploten, sino que se va a ”controlar su explotación, de repente incluso a través de una empresa donde se va a tener participación como Estado”, dice el economista Marcel Ramírez.
Actualmente en la minería al entregarse en concesión el recurso a un privado se permite que el recurso sea de libre disposición de la empresa para su explotación y exportación, “y lo único que recibe el Estado es la tributación de la empresa, es decir los impuestos, y también las regalías”. “Esto no sería suficiente”, es criticado por el plan de gobierno de Castillo, pues “las ganancias que obtienen las transnacionales y algunas grandes nacionales no se invierten en el país, sino en el extranjero”.
Otro de los cambios es en la proporción de reparto de utilidades, donde el 20% iría a la empresa y el 80% al Estado.



Combustible
Waldir Ayasta Mechán es el nuevo ministro de Energía y Minas en reemplazo de Ángelo Alfaro

El nuevo titular del Ministerio de Energía y Minas, Waldir Ayasta Mechán, asumirá una cartera marcada por la crisis energética que viene generando alza de precios en los combustibles por la crisis del gas. Anteriormente fue viceministro de Electricidad.
El Gobierno de José María Balcázar, designó a Waldir Eloy Ayasta Mechán como nuevo titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem) en reemplazo de Ángelo Alfaro, quien renunció a su cargo por estar vinculado en una denuncia por violación sexual.
Ayasta Mechán es ingeniero eléctrico, que asumirá el mando de una cartera con pendientes urgentes por resolver ante la crisis energética que viene generando alza de precios de los combustibles, lo que golpea el bolsillo de los ciudadanos.
El nuevo ministro de Energía y Minas se venía desempeñando, desde el 21 de enero de 2026, como gerente corporativo de Planeamiento y Proyectos de Inversión de la Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electronortemedio S.A.
Perfil
Waldir Ayasta es ingeniero mecánico eléctrico graduado en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo (Lambayeque), con especialización en Alta Dirección Empresarial en el Instituto Tecnológico de Monterrey (México).
Cuenta con 25 años de experiencia en empresas del sector eléctrico como Electronorte, grupo Distriluz, Electronoroeste, Electronorte, Hidrandina y Electrocentro.
Su perfil profesional está basado en conocimiento de negocios y competencias integrales para el desarrollo de organizaciones.
El funcionario también es catedrático de la facultad de ingeniería mecánica y de la escuela de posgrado de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI).

Actualidad
Exdirector de Formalización Minera denuncia cobro de US$30 mil y revela presunta red de corrupción en el MINEM

El exdirector de Formalización Minera, Wilfredo Portilla, denunció públicamente que el congresista Ilich López le habría exigido el pago de US$30 mil para permitirle mantenerse en el cargo. La acusación expone un presunto esquema de cobros ilegales, tráfico de influencias y control político dentro del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), que involucraría a funcionarios, asesores y operadores externos.
Presunto cobro y red de intermediarios
Según Portilla, la exigencia del pago no habría sido directa, sino a través de dos intermediarios —a quienes calificó como “chacales”— identificados como Miguel Álvarez Rojas y Héctor Vilches Otárola.
El exfuncionario sostiene que ambos serían los encargados de gestionar los cobros y presionar a funcionarios dentro del sector, configurando un mecanismo de chantaje para la permanencia en puestos clave.
La denuncia no solo apunta al presunto pago de US$30 mil, sino que abre la posibilidad de un esquema más amplio de comercialización de cargos públicos dentro del aparato estatal.
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Control político sobre el MINEM y cobros por trámites
El reporte describe a Ilich López como un “ministro de facto”, sugiriendo que tendría injerencia directa en decisiones estratégicas y nombramientos dentro del MINEM.
Asimismo, se advierte la existencia de una presunta red interna en la Dirección General de Formalización Minera, donde se estarían cobrando cupos de entre S/ 3,000 y S/ 4,000 por la gestión de trámites vinculados a procesos de formalización.
En este contexto, se menciona a Alberto Arturo Rojas Cortejana como el supuesto “director en la sombra” del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), quien pese a enfrentar investigaciones por manipulación de datos habría sido beneficiado con la prescripción de procesos disciplinarios, en lo que se califica como un “blindaje administrativo”.
Ministro advertido y cuestionamientos al liderazgo político
El caso también salpica al titular del sector, Luis Aldo Bravo de la Cruz, quien —según la denuncia— fue alertado mediante un chat sobre el presunto cobro de US$30 mil. No obstante, en lugar de formalizar una denuncia, habría optado por dialogar con los implicados.
El informe cuestiona además el peso político del ministro dentro del Ejecutivo, recordando que el premier Ernesto Álvarez habría declarado en una entrevista no recordar su nombre, hecho interpretado como reflejo de la fragilidad de su liderazgo en el sector.
Vínculos regionales y empresariales
La denuncia también subraya que varios de los involucrados —congresista, funcionarios y presuntos operadores— tendrían vínculos regionales en Huancayo y lazos académicos en la Universidad Nacional del Centro del Perú.
En particular, se señala que Héctor Vilches sería socio empresarial de Ilich López en una compañía de limpieza y que registra antecedentes por conducir en estado de ebriedad.
Fuente: Condensado Willax TV / Beto a Saber

Combustible
Sindicato de Osinergmin exige destitución de presidente y denuncia encubrimiento en investigaciones

El Sindicato de Empleados de Osinergmin (SIEP) expresó su indignación tras el reportaje de Panorama que reveló una fiesta organizada por el presidente de la entidad, Omar Chambergo Rodríguez, en horario laboral. Los trabajadores exigieron su destitución inmediata, denunciaron encubrimiento en las investigaciones y remarcaron que ellos no participaron en los actos bochornosos atribuidos a la alta dirección.
El sindicato solicitó la salida inmediata de Chambergo Rodríguez y de los funcionarios involucrados, al considerar que sus acciones vulneraron el Código de Ética de la Función Pública, la Ley Servir y los reglamentos internos de seguridad y trabajo. Además, señalaron que podrían configurarse delitos como peculado de uso, aprovechamiento del cargo y omisión de funciones.
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Denuncias desatendidas
El SIEP recordó que, desde mayo, presentaron denuncias formales ante el Órgano de Control Interno, la Procuraduría Pública y otras instancias. Sin embargo, acusan que las autoridades internas se negaron a abrir investigaciones, restringieron el acceso a pruebas y habrían protegido a los responsables, lo que calificaron como un “blindaje” que agrava la crisis de gobernanza en la institución.
Los trabajadores se deslindan
El sindicato enfatizó que los trabajadores de Osinergmin no tienen ninguna responsabilidad en estos hechos, que corresponden únicamente a la alta dirección y plana gerencial. Asimismo, advirtieron que existirían intentos de destinar recursos públicos para contratar estudios y campañas mediáticas orientadas a minimizar o encubrir el escándalo.
Llamado a recuperar la ética institucional
Finalmente, el SIEP pidió que Osinergmin recupere su honor, ética y misión de servicio al país. “¡Basta de blindajes, basta de impunidad!”, señaló el comunicado, subrayando que la ciudadanía merece instituciones serias y transparentes.

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