El presidente ejecutivo de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), David Hernández, rechazó tajantemente que existan irregularidades en el proceso de adquisición de 40 000 cámaras de videovigilancia para instalarlas en 8000 buses del servicio de transporte público regular. El titular de la entidad precisó que dicho proceso aún está en ejecución y que se realiza de manera pública y trasparente.

En diálogo con varios medios televisivos, Hernández Salazar también negó las afirmaciones difundidas en un medio de comunicación sobre supuestos favorecimientos hacia una empresa de propiedad de un ciudadano chino y que recientemente ha sido vinculado con el Poder Ejecutivo. En ese sentido, fue enfático al señalar que aún no existe adjudicación concluida.

“En este momento ni siquiera hay contrato, ni postulantes cerrados”, afirmó antes de reiterar que esta adquisición se desarrolla de manera pública conforme a los mecanismos establecidos por la normativa.

“Nosotros tenemos los procesos institucionales debidamente transparentados. Incluso las visitas institucionales se registran. Queremos deslindar tajantemente con estas especulaciones”, señaló.

Con relación a los cambios en las bases del contrato, Hernández señaló que hubo una ampliación del plazo para la entrega de las cámaras que surgen a raíz de las consultas realizadas por los mismos postores. “Se han hecho modificaciones antes y seguramente se harán más durante el proceso”, precisó. Luego estimó que, de no haber más cambios, el proceso de adjudicación concluiría antes de mes.

Finalmente, el presidente de la ATU reafirmó su compromiso con la transparencia y que la entidad que dirige está comprometida con la integridad en todos sus niveles.

En el marco del estado de emergencia iniciado el pasado 22 de octubre y como miembro del comité de fiscalización, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) realizó un operativo de verificación y control nocturno en el distrito de Miraflores donde se enviaron al depósito a 16 vehículos informales.

El operativo contó con el apoyo de la Policía de Tránsito y la Municipalidad de Miraflores, desarrollándose en avenidas como Larco, Pardo, Benavides, Arequipa y Petit Thouars donde también se identificaron cinco vehículos informales (cuatro taxis y una cúster) que suman un total de 311 850 soles.

«Entre las unidades reincidentes, se intervino una custer con 24 multas por informalidad que supera los 258 000 soles en multas y que además cuenta con más de 35 años de antigüedad. Este vehículo ya ha sido enviado a un depósito de la institución y acabará siendo chatarreado», señaló Luis Rivera, subdirector de fiscalización de la ATU.

La totalidad de las unidades intervenidas no contaban con la autorización de la ATU para brindar el servicio del transporte de pasajeros, pero además se corroboro que tres no tenían Seguro Obligatorio Contra Accidentes de Tránsito (SOAT) y otras ocho sin Certificado de Inspección Técnica Vehicular(CITV). Asimismo, cuatro conductores no tenían brevete.

Con estas acciones, la ATU reitera su compromiso permanente en velar por un transporte seguro y confiable para Lima y el Callao.

La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) sancionó a la empresa Centro de Inspecciones Técnico Vehiculares Revisiones Vehiculares del Sur E.I.R.L., con la paralización inmediata y la restricción para emitir certificados e informes de inspección técnica vehicular por un periodo de 45 días calendario.

La intervención fue ejecutada por la Unidad Desconcentrada de Lima de la Sutran, tras verificarse el incumplimiento reiterado de la normativa vigente durante las inspecciones, situación que representa un grave riesgo para la seguridad vial al permitir que vehículos no aptos circulen por las carreteras.

El establecimiento intervenido está ubicado en la avenida Quilca N.° 455, urbanización San Alfonso y Santa Irene, en el Callao. De acuerdo con la Sutran, la empresa acumulaba múltiples faltas administrativas, siendo la más reciente determinante para la aplicación de esta medida correctiva.

De esta manera la entidad continúa con su trabajo preventivo en los establecimientos que prestan servicios complementarios a los conductores y transportistas con el objetivo de promover el cumplimiento de los procedimientos de acuerdo a ley.