La agudización de la escasez de combustible en Bolivia ha dado surgimiento a un mercado paralelo de diésel y gasolina que se comercializa a través de redes sociales, a casi el doble del precio oficial. Según publicaciones encontradas en Facebook, ambos carburantes se ofrecen en bidones de 20 litros a cinco bolivianos por litro, cuando su precio oficial es 3,72 (gasolina) y 3,74 (diésel) por litro, equivalentes 0,53 centavos de dólar. En estas publicaciones se observa que se vende en bidones de 20 litros y turriles de 200, e incluso se ofrece llevar a domicilio.

En las carreteras del área rural el precio es aún mayor. Según el testimonio de Manuel Arias, una persona que realizó un viaje de trabajo de Santa Cruz (este) a Oruro (oeste), en un vehículo privado, el 8 de noviembre y retornó diez días después, el litro de carburante en bidón oscila entre 15 y 18 bolivianos, casi cinco veces su valor. Los conductores que van por carretera muchas veces no tienen otra opción, ante la imposibilidad de cargar en estaciones de servicio.

“A la ida tuvimos que cargar 30 litros a 15 bolivianos el litro, al volver estaba más caro pagamos 16 bolivianos por litro”, explica. “Los vendedores están sobre la carretera, a veces junto a un puesto de empanadas o de fruta y ponen su letrero de que hay gasolina”, relata. Los bidones, según su testimonio, están en maleteras o camiones, tapados como una manta y “se encuentra en todo el camino”.

En Bolivia está prohibida la reventa de combustible y es considerada una infracción grave. Sin embargo, existen regulaciones para empresas o industrias que necesitan almacenar combustible para actividades específicas, quienes deben solicitar permisos especiales a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), encargada de realizar controlares para evitar el acopio, transporte, comercialización y compra ilícita de combustibles. Infobae intentó comunicarse con la ANH para consultar sobre este tema, pero no se obtuvo respuesta hasta la publicación de la nota.

El diésel y la gasolina son productos subvencionados y su precio es significativamente menor al precio internacional. Para varios analistas económicos, este es uno de los motivos de fondo del desabastecimiento ya que representa uno de los mayores gastos públicos (en 2023 se destinaron 2000 millones de dólares) y el país enfrenta una crisis económica que limita sus transacciones en dólares. Por otro lado, se han creado redes de venta ilegal en las fronteras que representan una pérdida de 600 millones de dólares al año, según datos del Gobierno. A este escenario se suma la baja producción local.

Desde hace varios meses que Bolivia enfrenta periodos de escasez de combustible, un problema que se ha agravado en el último mes. El Gobierno sostiene que los bloqueos realizados entre el 14 de octubre y el 6 de noviembre por seguidores de Evo Morales ha afectado la logística de distribución de cisternas, lo que ha provocado filas de vehículos de una longitud nunca antes vista en Bolivia.

Sin embargo, tras el levantamiento de los bloqueos la escasez persiste. Si bien el aumento del suministro de gasolina es evidente, la provisión de diésel aún es insuficiente y golpea con mayor fuerza a los sectores productivos y de transporte. Para paliar la crisis en lo inmediato, el Gobierno ha aprobado una ley que permite la importación y comercialización privada de combustible durante un año, lo que supone un giro en su política estatista en materia de hidrocarburos.

La subvención, sin embargo, se mantendrá. El presidente Luis Arce justificó la escasez de las últimas semanas, pidió “paciencia” y prometió que en un plazo de diez días el asunto estaría resuelto. Ese plazo se cumple mañana.

Fuente: Infobae

Hace diez años, en 2014, Bolivia era un ejemplo para Latinoamérica. Especialmente para el progresismo interesado en los buenos modales con el mundo financiero. El 12 de octubre de ese año, Evo Morales era reelecto por el 61,3% de los votos, obteniendo mayorías legislativas envidiables. En medio de dudas por sus intenciones socializantes, había llegado a la presidencia en enero de 2006. Sin embargo, en aquel 2014 mostraba, orondo, que no solo era reelecto, sino que tenía a los mercados bajo su dominio. Una semana antes de las elecciones, su entonces ministro de Economía, Luis Arce, colocaba deuda en los mercados financieros internacionales por unos US$ 400 millones y pagaba una tasa del 3,7% anual. Una de las más bajas del continente. Mostraba ante el mundo que se podía ser bolivariano, hablar de revoluciones y hasta nacionalizar campos y empresas, e igual conseguir dólares baratos. Todo era posible por un dato irreductible: Bolivia exportaba 6.624 millones de dólares en metros cúbicos de gas natural, rompiendo un récord histórico y generando reservas para el Banco Central de Bolivia por un acumulado de US$ 15.200 millones. Otro récord. Todo era esperanza. Se hablaba de un Evo eterno y de una nación que podía dar, por fin, un paso adelante. En definitiva, había dos compradores de ese gas que no podían fallar: Argentina y Brasil. Al primer país, siempre en emergencia energética, se le había vendido cada año de urgencia impostergable gas natural a precio más alto que el del mercado, por unos US$ 22 mil millones.

La Bolivia de diez años después no cumplió ese mandato histórico inevitable. Una crisis interminable entre el ahora presidente, Luis Arce, y Evo Morales paraliza al oficialista Movimiento al Socialismo y amenaza con asonadas militares y civiles. A favor y en contra de cada uno. Todo esto, además de causas judiciales cruzadas donde se habla de corrupción, traición a la patria y abuso de menores. En 2023, las exportaciones de ese país llegaron a los 2.058 millones de dólares (69% menos que diez años antes), con reservas en el Banco Central de Bolivia en US$ 1.905 millones (87,5% por debajo de 2014). ¿Qué pasó en Bolivia? Simplemente, se acabó el gas. Simplemente, porque no hubo reinversión. Ni pública ni privada. Ni latinoamericana ni de fuera de la Patria Grande. Y no porque el sistema bolivariano lo haya impedido. A Bolivia se le caen las reservas, y el riesgo de invertir en el rubro en medio de semejante crisis política y económica, hace inviable el desembarco.

Muy cerca, hay una opción más atractiva: Vaca Muerta. Argentina está frente a la oportunidad de convertirse en el principal polo exportador de gas a la región, desplazando a Bolivia y transformándose en el primordial proveedor del combustible al gigante económico de la comarca: Brasil. Solo habría que elegir la vía: a través de los mismos ductos ya instalados en Bolivia, a través de Paraguay gracias a inversiones privadas de ese país o desde territorio argentino a partir de un nuevo gasoducto que conecte ambos países a través de Uruguayana. O una combinación de los tres. Es un proyecto que tendrá que definirse en los próximos años. Lo cierto es que Argentina dejará de importar gas de Bolivia y con esto se ahorrará desde 2025 entre US$ 4 mil y 5 mil millones anuales.

Algo de esto fue mencionado por el empresario Damián Mindlin, presidente de Sacde. Dijo el lunes pasado que el país daba “fin a un hecho sin sentido. La Argentina importó 20 mil millones de dólares de gas boliviano en los últimos veinte años, cuando podíamos abastecer el norte con el gas de Vaca Muerta, con trabajo argentino, con inversiones en nuestro país y sin dilapidar divisas”.

Mindlin se refería a la inauguración de la reversión del Gasoducto del Norte con las obras del Gasoducto de Integración Federal Tío Pujio-La Carlota, que une el Gasoducto del Centro con el Gasoducto del Norte, y que comenzó a inyectar gas de Vaca Muerta hacia el norte del país. Con esto se pudo revertir el sentido del flujo del gas desde Bolivia hacia provincias como Córdoba, Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja y Tucumán. Y que, además, podrá darle energía a la explotación argentina de litio en Salta y Jujuy. La obra de Sacde (Grupo Mindlin) y Techint incluyó la construcción de un gasoducto de 122,8 km de 36 pulgadas de diámetro, entre La Carlota y Tío Pujio, para conectar los gasoductos Centro-Oeste y Norte, y dos ampliaciones (loops) entre Tío Pujio y Ferreira de 64 km, con cañerías de 30 pulgadas de diámetro. Demandó una inversión de US$ 740 millones, de los cuales US$ 40 millones fueron financiados por un préstamo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe; con lo cual el país aportó, solo, unos 200 millones de dólares. Los que probablemente hayan sido los únicos dólares de todo el primer año de Javier Milei destinados a la obra pública. El próximo año probablemente le abrirá a la Argentina la puerta al millonario negocio de envío de gas natural a Brasil. Esto, solo si las obras continúan. Sin embargo, para este destino no hay dinero programado en el proyecto de Presupuesto 2025. Por lo que se sabe, para esta y otras ideas, el Gobierno se niega a destinar fondos, ya que se considera que este tipo de cuestiones no son responsabilidad del Estado, sino del sector privado. Creen dentro del gabinete que las obras correspondientes al transporte de gas natural desde Vaca Muerta a cualquier destino deben ser financiadas por los privados interesados. Y que el mercado financiero voluntario local e internacional está hoy en condiciones de aportar créditos a tasa razonable como para acelerar estos proyectos. La idea oficial es que el resto de los ductos se concreten con la aplicación de la iniciativa pública-privada, a la chilena. Esto es, que el privado aporte la inversión y reciba una rentabilidad directa sobre la obra, cobrada a los beneficiarios. En este caso, las constructoras civiles trazarían e instrumentarían los gasoductos y oleoductos, para que luego las petroleras que utilizarán la estructura cobren por su uso. Se daría una curiosidad. Dado que las principales constructoras civiles del país y las petroleras son las mismas empresas, los que las ejecuten y los que utilicen los ductos podrían ser los mismos grupos empresarios.

Mientras tanto, es tiempo de presentación de resultados de la actividad del tercer trimestre del año en las empresas energéticas vinculadas a Vaca Muerta. Y se confirma que se están rompiendo nuevos récords. Informó el viernes YPF que, durante el tercer trimestre, la producción de petróleo shale promedió los 126 mil barriles por día, lo que implica un crecimiento del 36% respecto al mismo período del año anterior y un 11% respecto al segundo trimestre de este año; y que representa el 49% de la producción de petróleo total de YPF. La petrolera es además ya la principal exportadora de petróleo del país y su acción ronda los US$ 28. Esto quiere decir que la compañía vale más de US$ 12 mil millones, precio superior al momento de la reestatización de la petrolera durante el gobierno de Cristina Kirchner.

También Pampa Energía mostró números y hay una actividad un 8% superior que un año atrás. Cifras similares preparan para presentar en sociedad Pan American Energy y el grupo Techint. En Vaca Muerta están también presentes las argentinas Pluspetrol y Vista, que rompe récords en Wall Street. Entre las extranjeras están Shell, Total, Chevron, Exxon, Petronas, Dow, Wintershall y Harbour Energy. Todas en su mejor momento en el país. La semana próxima podría definirse quién será el socio de YPF en la planta de GNL en las costas patagónicas de Río Negro, ante la sospecha de que los malayos de Petronas podrían retirarse del proyecto.

Hasta los precios internacionales ayudan. Con el panorama poselección de Donald Trump, y empujados además por el conflicto en Israel, los precios del petróleo y el gas continúan en ascenso.

Todo marcha con viento a favor. Solo queda que la clase política tome conciencia sobre la seriedad del asunto. Y de la necesidad de no repetir la historia de Bolivia. Hay tiempo. Se afirma que hay Vaca Muerta por treinta años más.

En los días previos y durante la planificación del Día D (6 de junio de 1944), el primer ministro británico Winston Churchill estaba ofuscado porque no podía convencer al presidente de EE.UU., Franklin Delano Roosevelt, de su estrategia sobre cómo llegar a la orilla francesa del Mar del Norte. El inglés pensaba en un gran desembarco, a todo o nada. El norteamericano era más conservador, y especulaba con un largo bombardeo constante, antes de llevar a sus tropas al territorio dominado por los alemanes. Churchill, quejoso, lanzó una frase que quedaría en la historia: “Siempre es sabio mirar adelante, pero difícil es mirar más lejos de lo que tus ojos pueden alcanzar”.

Fuente: Infobae

El Ministerio de Energía publicó el borrador del decreto que anuncia un racionamiento programado de gas natural en Colombia, que se llevará a cabo del 31 de octubre al 4 de noviembre de 2024. Esta medida busca asegurar el funcionamiento de las plantas térmicas que generan energía eléctrica para la región del Caribe, debido a la parada obligatoria de la planta regasificadora de Cartagena para mantenimiento.

El racionamiento se ha establecido en diferentes niveles para cada día: 84,6 GBTUD para el 31 de octubre y el 1 de noviembre, 75,7 GBTUD para el 2 de noviembre, 60,3 GBTUD para el 3 de noviembre y 72,4 GBTUD para el 4 de noviembre. Esta medida es necesaria para garantizar la continuidad del servicio público de energía eléctrica en el área Caribe 2, parte del Sistema Interconectado Nacional (SIN), mediante el uso de plantas térmicas que operan con gas natural, conforme a los requerimientos del Centro Nacional de Despacho (CND).

El Consejo Nacional de Operación de Gas (CNOGas) será responsable de realizar los balances necesarios para obtener el gas natural que se destinará a la generación térmica de seguridad en el área Caribe 2. Esta gestión ocurre dentro de las obligaciones de energía firme (OEF) del cargo por confiabilidad, según lo estipulado en la Resolución CREG 071 de 2006.

“La cantidad de gas negociada para la generación térmica de seguridad del área Caribe 2 será descontada del requerimiento de racionamiento programado definido en el artículo 1 de la presente resolución, y será este valor la cantidad de gas natural neto para efectuar la asignación de orden de prioridad del artículo 3 de la presente resolución. Articulo 3. Orden de prioridad de atención de la demanda”, se lee en el documento.

El orden de prioridad para la atención de la demanda de gas natural durante el racionamiento se ha fijado de acuerdo con el Decreto 1073 de 2015. En primer lugar, se atenderá la demanda esencial, que incluye el gas necesario para la operación de las estaciones de compresión del Sistema Nacional de Transporte (SNT), usuarios residenciales y pequeños usuarios comerciales, entre otros. En segundo lugar, se atenderá la demanda no esencial con contratos vigentes y garantía de suministro sin interrupciones. Finalmente, se atenderán las exportaciones pactadas en firme.

“Conforme a lo previsto en el articulo 2.2.2.2.1 del Decreto 1073 de 2015 fíjese la atención de la demanda en el siguiente orden de prioridad.: 1. En primer lugar, será atendida la demanda esencial, la cual comprende: i) la demanda de gas natural para la operación de las estaciones de compresión del SNT, ii) la demanda de gas natural de usuarios residenciales y pequeños usuarios comerciales inmersos en la red de distribución, iii) la demanda de GNCV, y iv) la demanda de gas natural de las refinerías, excluyendo aquella con destino a autogeneración de energía eléctrica que pueda ser reemplazada con energía del sistema interconectado nacional, en el orden establecido por el artículo 2.2.2.2.1. (sic) del Decreto 1073 de 2015. 2. En segundo lugar, será atendida la demanda no esencial que cuente con contratos vigentes y registrados en el gestor del mercado de gas natural con garantía de suministro sin interrupciones establecidos en la regulación aplicable, en cualquiera de sus modalidades”, añade el borrador del texto.

Esta decisión se da en medio de las facultades legales del Ministerio de Minas y Energía, que busca garantizar la calidad y disposición continua del gas combustible como un servicio público esencial, tal como lo establece la Ley 142 de 1994. La medida también responde a lo estipulado en la Ley 401 de 1997, que permite al Gobierno nacional intervenir en situaciones de emergencia para asegurar el abastecimiento mínimo de la demanda.

“El gas natural a asignar o que sea obtenido por las plantas térmicas mediante el mecanismo de priorización del artículo 3º de la presente Resolución, no podrá comercializarse a un precio superior al que fue contratado por parte de los productores comercializadores”, finaliza el decreto.

Fuente: Infobae