Trabajadores advierten que más de 2,000 obras paralizadas y miles de puestos de trabajo dependen de decisiones políticas urgentes.

La Confederación de Trabajadores de Construcción Civil (Conatracc) lanzó un enérgico llamado a todos los candidatos presidenciales de cara a las elecciones generales del próximo 12 de abril, exigiendo que presenten propuestas concretas y viables para el sector.

El gremio pidió que las ofertas electorales estén sustentadas en planes reales, con una agenda social clara y soluciones sostenibles, especialmente orientadas a la generación de empleo formal, en sectores estratégicos como la construcción, minería, hidrocarburos.

Según un comunicado de la Conatracc, resulta urgente implementar una política viable de infraestructura que permita destrabar más de 2,000 obras públicas paralizadas desde hace entre cinco y diez años.

De acuerdo con cifras de la Contraloría General de la República, estas obras representan una inversión superior a los S/ 30,000 millones, recursos que permanecen inmovilizados y sin impacto económico.

El gremio advirtió que la reactivación de estos proyectos permitiría generar más de 60,000 puestos de trabajo directos y formales, sin contar el empleo indirecto que se activaría en diversas cadenas productivas.

Asimismo, Conatracc cuestionó que, pese a la paralización de obras, las empresas constructoras continúan registrando altas utilidades.

Detalló que, del costo directo de una obra, las entidades otorgan 10 % de utilidades y 15 % por gastos generales, lo que suma un 25 % depositado directamente a las empresas.

A ello se suma que los materiales de construcción, como acero, cemento, agregados y acabados, fueron actualizados según el tipo de cambio real del dólar, permitiendo que los empresarios sigan obteniendo millonarias ganancias.

Que acabe de corrupción
El presidente de la Conatracc, Augusto Ramos Dolmos, exigió además la desburocratización y erradicación de la corrupción enquistada en diversas entidades del Estado.

Mencionó específicamente a Sedapal y a los ministerios, señalando que deben agilizar la aprobación de proyectos de agua, alcantarillado, carreteras, hospitales, colegios y electrificación.

“Debe acabarse que un pueblo, en su lucha por el agua, tenga que esperar entre 13 y 20 años para que un proyecto de saneamiento recién entre a licitación”, sostuvo.

El dirigente afirmó que una gestión más eficiente permitiría crear más de 100,000 nuevos puestos de trabajo en el país.

Finalmente, Ramos Dolmos cuestionó los mínimos incrementos salariales otorgados a los obreros del sector.

Indicó que para el 2025 se aprobó un aumento de apenas S/ 0.35 diarios, y para el 2026 solo S/ 1.00 diario, montos que calificó como insuficientes.

Por ello, anunció que exigirán a los candidatos presidenciales un compromiso firme para sincerar los salarios devaluados desde las décadas de los 80 y 90.

El gremio plantea que los trabajadores de construcción civil accedan al 10 % de las utilidades de cada obra, como un fondo intangible, en beneficio directo de obreros y obreras del sector.

o Acción se realizó en cumplimiento del Convenio Específico de Cooperación entre las autoridades regionales y locales y la Compañía Minera Crespo.

Con el objetivo de fortalecer la gobernabilidad territorial, el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) continúa impulsando acciones estratégicas para atender las principales demandas de la población y contribuir al desarrollo sostenible en las localidades donde se desarrollan actividades mineras.

En el marco de este trabajo, gracias a la gestión impulsada por la Oficina General de Gestión Social (OGGS) del MINEM liderada por Miguel Murillo, la empresa minera Crespo hizo la entrega de equipos móviles para fortalecer los servicios de seguridad ciudadana y atenciones de salud en el Centro Poblado de Arcata, distrito de Cayarani, provincia y región de Arequipa.

Esta acción se realizó en cumplimiento de los acuerdos suscritos en el Convenio Específico de Cooperación entre la Municipalidad Distrital de Cayarani, la Municipalidad del Centro Poblado de Arcata y la Compañía Minera Crespo, bajo la facilitación de la OGGS del MINEM, en su rol de promover el diálogo y la articulación entre el Estado, la empresa privada y la sociedad civil.

La flota asignada al centro poblado, consta de una ambulancia tipo II, totalmente equipada para el transporte asistido y atención de emergencias, así como dos camionetas y una motocicleta, con el objetivo central fortalecer los servicios de seguridad ciudadana y optimizar la capacidad de respuesta ante emergencias de salud en beneficio directo de la población local.

Durante el proceso, especialistas de la OGGS brindaron acompañamiento técnico y social, promoviendo espacios de diálogo enmarcados en la convivencia armoniosa y la paz social, fortaleciendo la confianza entre las partes y la construcción de consensos sostenibles, en el marco de una minería moderna y responsable.

El MINEM reafirma su compromiso de promover la articulación y el diálogo transparente a fin de contribuir al desarrollo territorial y la mejora de la calidad de vida de la población.

En el marco del Foro “GNL: El futuro del transporte en el Perú”, organizado por la Cámara de Comercio de Trujillo, expertos destacan al Gas Natural Licuado como la energía clave para acelerar la transición del transporte en el Perú.

En un escenario marcado por la volatilidad de los combustibles tradicionales, el Gas Natural Licuado (GNL) se posiciona como una de las alternativas más competitivas para el transporte de carga pesada en el país. Así lo señaló Frank Panduro, especialista de GNL de Solgas durante el “Foro GNL: El futuro del transporte en el Perú”, quien destacó que el uso de GNL permite reducir hasta 40% los costos de combustible frente al diésel, generando ahorros directos para las flotas de transporte

Según el estudio comparativo, el costo por kilómetro recorrido de un tractor a diésel alcanza los USD 0.50, mientras que con GNL se reduce a USD 0.37, incluyendo mantenimiento, lo que representa un 25% menos por kilómetro. En una operación promedio de 10,000 kilómetros mensuales, este diferencial se traduce en un ahorro anual de más de USD 15,000 por unidad.

“El GNL es hoy la alternativa más sólida para que el transporte pesado sea más competitivo. Permite ahorros inmediatos en combustible y brinda una mayor estabilidad frente a la volatilidad del diésel, algo fundamental para que las empresas puedan planificar sus costos a largo plazo”, señaló Panduro.

Esta ventaja se confirma también en el análisis de costo total de propiedad. En una flota de 30 tractocamiones evaluados a cinco años, el costo total de operación con GNL asciende a USD 7.55 millones, frente a USD 9.13 millones con diésel, lo que representa un ahorro superior a USD 1.5 millones (17.3%), a pesar de una inversión inicial ligeramente mayor.

Además de los beneficios económicos, el GNL ofrece ventajas ambientales y operativas. Permite reducir hasta en 30% las emisiones de CO2, eliminar el material particulado y el uso de la urea y recorrer hasta 2,000 kilómetros por tanque, mejorando la eficiencia logística. También contribuye a un mayor control del suministro, evitando pérdidas y robos de combustible.

“La transición energética del transporte en el Perú no puede esperar. El GNL es una solución disponible hoy, que combina eficiencia económica con sostenibilidad ambiental y que permite a las flotas dar un paso concreto hacia un modelo de movilidad más limpio, moderno y alineado a los compromisos de sostenibilidad del país”, concluyó el especialista de Solgas.

Infraestructura para consolidar el GNL en el transporte

Para que el GNL pueda escalar como una solución real para el transporte pesado en el Perú, es clave contar con una red de abastecimiento que garantice continuidad, cobertura y seguridad operativa a nivel nacional. Hoy, el desarrollo de infraestructura se vuelve un factor decisivo para que más flotas puedan migrar desde combustibles tradicionales hacia alternativas más limpias y eficientes, sin comprometer su operación ni su competitividad.

En este contexto, Solgas viene construyendo el corredor más importante del país que entrará en operación desde este año, y estará conformado por doce estaciones estratégicamente ubicadas a lo largo del territorio nacional. Este hito permitirá fortalecer la cobertura existente y marcar un avance significativo en la conectividad energética que requieren sectores como el transporte pesado, la minería y la gran industria.