Sector
Nuevos conflictos sociales se desarrollaron en el país entre octubre y noviembre

La Defensoría del Pueblo informó que se han reportado 7 nuevos conflictos hasta el mes de setiembre, que se suman a los 198 conflictos ya registrados (142 activos y 56 latentes). Además, La institución precisa que 129 son de carácter socioambiental, 17 de carácter comunal, 12 por asuntos de gobierno nacional, 12 por asuntos de gobierno local, 9 por asuntos de gobierno regional, 8 por carácter laboral, 6 por demarcación territorial y 5 por otros asuntos.
Siete nuevos conflictos sociales en setiembre
En Huanta (Ayacucho), los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma provocaron un nuevo conflicto por diversos reclamos en la reforma estudiantil.
En el distrito de Huachocolpa (Huancavelica), los comuneros solicitan a la minera Kolpa S.A. la renegociación del contrato de servidumbre del 2016 por el uso de sus terrenos, debido a que la empresa habría excedido en el uso del área de paso y habría afectado los pastizales de la zona.
En Huánuco, organizaciones sociales y sindicales demandan al Gobierno Regional de Huánuco la construcción del nuevo hospital de Tingo María, la construcción del puente alterno sobre el río Huallaga, la instalación de un puente modular en el sector La Muyuna, la implementación de las plantas generadoras de oxígeno medicinal en todas las provincias, el mantenimiento de los centros educativos ante el posible inicio de las clases presenciales, obras de agua y desagüe en en la provincia de Ambo, entre otras.
En el distrito de San José de Quero, provincia de Concepción (Junín), los pobladores del sector Chala Alta, reclaman presunta contaminación ambiental y el incumplimiento de convenios y acuerdos suscritos con la empresa Minera de Mármol S.A.
En el distrito de Río Tambo, provincia de Satipo (Junín), la Central Asháninka demanda al GORE dejar sin efecto la Ordenanza Regional Nº 345-GRJ/DREJ que rechaza la educación presencial en los tres niveles de educación básica regular en el ámbito de la UGEL Río Tambo, la restitución de personal médico y asistencial asignado a los establecimientos de salud de la Microrred de Salud de Puerto Ocopa, la culminación de la obra “Pequeño Sistema Eléctrico de Betania – Electrificación de 8 localidades de la Cuenca del Río Tambo” y la construcción del mini Hospital de Puerto Ocopa o el mejoramiento de los servicios de salud de Puerto Ocopa.
En el distrito de Oyón (Lima), los pobladores demandan a la Compañía Minera Buenaventura S.A.A. el cumplimiento de los compromisos suscritos en el 2012 y 2018.
En Ayabaca (Piura), los pobladores demandan al Gobierno Regional el mejoramiento de los servicios de agua y saneamiento, la ejecución de obras de carreteras y la instalación de una planta de oxígeno.
Nuevos conflictos sociales en octubre y noviembre
La Defensoría del Pueblo ya advertía desde el mes de septiembre el desarrollo de un conflicto social en el distrito de Aquia, provincia de Bolognesi (Áncash), qué provocó el cese de actividades de la minera Antamina, por lo que fue necesaria la presencia del ejecutivo este martes para iniciar la mesa de diálogo.
El último fin de semana los Frentes de Defensa de las provincias de Lucanas, Parinacochas y Páucar del Sara Sara (Ayacucho) incendiaron las instalaciones de la empresa minera aurífera Apumayo para ser escuchados por autoridades del ejecutivo ante la contaminación que se estaría generando en las cabeceras de Cuenca Hídrica del Sur de la región Ayacucho.
Durante octubre también se activó el conflicto social en la provincia de Cotabambas (Apurímac) y en Chumbivilcas (Cusco) contra la minera MMG Las Bambas. Los pobladores solicitaban mejorar la distribución del canon minero y la revisión de las condiciones sociales como parte de la responsabilidad social de la empresa.
Días antes, en Cusco, los pobladores de corredor minero en Espinar acataron un paro e incluso pedían salida del expremier Guido Bellido. Según los manifestantes, existe un total desconocimiento de la agenda indígena campesina por parte del Ejecutivo que se sentía vulnerada por la minera Antapaccay.
En Puno, los transportistas de servicio urbano bloquearon diferentes calles, parques y salidas a los terminales zonales e interregionales, con el objetivo de rechazar el incremento constante de los precios de los combustibles.
En tanto, en Piura más de 300 agricultores del distrito de San Miguel de El Faique y Canchaque (provincia de Huancabamba), damnificados por el deslizamiento y huaico ocurrido el 17 de marzo debido a lluvias fuertes, protestaron porque, aseguran, han pasado ocho meses y aún no son indemnizados.
En Huancavelica, pobladores de las comunidades campesinas de San Pedro de Ocobamba, Ayamarca y Tibillo del distrito de Córdova, provincia de Huaytará, protestan contra la minera Antapite. Ellos denuncian la contaminación con plomo en las aguas del río que consumen hace veinticinco años, mientras que, la empresa minera consume aguas cristalinas de un reservorio que realizó FONCODES para las comunidades.
Otro de los casos más sonados es el «paro amazónico» en Loreto contra la empresa estatal Petroperú, lo cual ha llevado a paralizar las operaciones en la Estación 5 del Oleoducto Norperuano. Además, piden el cierre de los lotes petroleros 95, 8, 192, 67.
Por último, el «paro cocalero» que bloqueo la carretera Interoceánica en Puno y Madre de Dios, dejó grandes pérdidas para los transportistas. Los agricultores pedían el cese de los operativos contra los cultivos ilegales de hoja de coca.
En octubre y noviembre se registraron al menos 9 conflictos, muchos de ellos advertidos por la Defensoría del Pueblo, mientras otros cobraban fuerza ante el silencio del Ejecutivo.
Solo en setiembre la mayor cantidad de conflictos sociales que se desarrollan en una sola región fueron en Loreto (28 casos), Cusco (21casos) y Áncash (16 casos).


Sector
MINEM fortalece acciones para avanzar en medidas de remediación ambiental y diálogo social en Áncash

o A través de OGGS, participa en mesas técnicas para impulsar acciones sostenibles en beneficio de la población.
El ministro de Energía y Minas, Waldir Ayasta Mechán, se reunió con el congresista Elías Varas para abordar las acciones que el sector viene ejecutando en la región de Áncash, a través del Viceministerio de Minas y la Oficina General de Gestión Social (OGGS), en el marco de la política de desarrollo sostenible del sector minero.
El titular del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) afirmó que su gestión viene impulsando acciones orientadas a fortalecer el diálogo social, promover una gestión ambiental responsable y generar mejores condiciones para el desarrollo de las poblaciones ubicadas en las zonas de influencia minera en la región.
A su turno, la viceministra de Minas, Mayra Figueroa, informó que el MINEM viene participando en las sesiones de la Mesa de Trabajo Multisectorial liderada por el Gobierno Regional de Áncash, coordinando con las entidades y actores vinculados en torno a la identificación de los posibles impactos ambientales asociados a la actividad minera en Huarmey.
Añadió que este análisis permitirá identificar responsabilidades y definir las medidas de remediación ambiental que correspondan, las cuales podrán ser ejecutadas por el Estado o por el sector privado, según las competencias determinadas.
En materia de gestión hídrica, la jefa de la OGGS, Fabiola Huallpa, señaló que el MINEM viene facilitando los espacios de diálogo entre la empresa minera Barrick y los Comités de Usuarios de Agua (CUA) de Atupa y Antahuran, con el objetivo de alcanzar consensos respecto al volumen de agua que sería otorgado como compensación por el uso del manantial Yarcok.
Los participantes destacaron la importancia de impulsar proyectos estratégicos con impacto directo en la población, como la construcción de plantas de tratamiento de agua con sistemas ablandadores, que permitan mejorar la potabilidad del recurso hídrico en zonas con tierras mineralizadas por causas naturales o actividades extractivas.
El MINEM reafirma el compromiso de continuar promoviendo un trabajo técnico y articulado con los gobiernos subnacionales y poderes del Estado, que contribuya a una gestión eficiente y al desarrollo de proyectos en beneficio de la mejora de la calidad de vida de las familias en la región.

Combustible
Waldir Ayasta Mechán es el nuevo ministro de Energía y Minas en reemplazo de Ángelo Alfaro

El nuevo titular del Ministerio de Energía y Minas, Waldir Ayasta Mechán, asumirá una cartera marcada por la crisis energética que viene generando alza de precios en los combustibles por la crisis del gas. Anteriormente fue viceministro de Electricidad.
El Gobierno de José María Balcázar, designó a Waldir Eloy Ayasta Mechán como nuevo titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem) en reemplazo de Ángelo Alfaro, quien renunció a su cargo por estar vinculado en una denuncia por violación sexual.
Ayasta Mechán es ingeniero eléctrico, que asumirá el mando de una cartera con pendientes urgentes por resolver ante la crisis energética que viene generando alza de precios de los combustibles, lo que golpea el bolsillo de los ciudadanos.
El nuevo ministro de Energía y Minas se venía desempeñando, desde el 21 de enero de 2026, como gerente corporativo de Planeamiento y Proyectos de Inversión de la Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electronortemedio S.A.
Perfil
Waldir Ayasta es ingeniero mecánico eléctrico graduado en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo (Lambayeque), con especialización en Alta Dirección Empresarial en el Instituto Tecnológico de Monterrey (México).
Cuenta con 25 años de experiencia en empresas del sector eléctrico como Electronorte, grupo Distriluz, Electronoroeste, Electronorte, Hidrandina y Electrocentro.
Su perfil profesional está basado en conocimiento de negocios y competencias integrales para el desarrollo de organizaciones.
El funcionario también es catedrático de la facultad de ingeniería mecánica y de la escuela de posgrado de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI).

Actualidad
Exdirector de Formalización Minera denuncia cobro de US$30 mil y revela presunta red de corrupción en el MINEM

El exdirector de Formalización Minera, Wilfredo Portilla, denunció públicamente que el congresista Ilich López le habría exigido el pago de US$30 mil para permitirle mantenerse en el cargo. La acusación expone un presunto esquema de cobros ilegales, tráfico de influencias y control político dentro del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), que involucraría a funcionarios, asesores y operadores externos.
Presunto cobro y red de intermediarios
Según Portilla, la exigencia del pago no habría sido directa, sino a través de dos intermediarios —a quienes calificó como “chacales”— identificados como Miguel Álvarez Rojas y Héctor Vilches Otárola.
El exfuncionario sostiene que ambos serían los encargados de gestionar los cobros y presionar a funcionarios dentro del sector, configurando un mecanismo de chantaje para la permanencia en puestos clave.
La denuncia no solo apunta al presunto pago de US$30 mil, sino que abre la posibilidad de un esquema más amplio de comercialización de cargos públicos dentro del aparato estatal.
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Control político sobre el MINEM y cobros por trámites
El reporte describe a Ilich López como un “ministro de facto”, sugiriendo que tendría injerencia directa en decisiones estratégicas y nombramientos dentro del MINEM.
Asimismo, se advierte la existencia de una presunta red interna en la Dirección General de Formalización Minera, donde se estarían cobrando cupos de entre S/ 3,000 y S/ 4,000 por la gestión de trámites vinculados a procesos de formalización.
En este contexto, se menciona a Alberto Arturo Rojas Cortejana como el supuesto “director en la sombra” del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), quien pese a enfrentar investigaciones por manipulación de datos habría sido beneficiado con la prescripción de procesos disciplinarios, en lo que se califica como un “blindaje administrativo”.
Ministro advertido y cuestionamientos al liderazgo político
El caso también salpica al titular del sector, Luis Aldo Bravo de la Cruz, quien —según la denuncia— fue alertado mediante un chat sobre el presunto cobro de US$30 mil. No obstante, en lugar de formalizar una denuncia, habría optado por dialogar con los implicados.
El informe cuestiona además el peso político del ministro dentro del Ejecutivo, recordando que el premier Ernesto Álvarez habría declarado en una entrevista no recordar su nombre, hecho interpretado como reflejo de la fragilidad de su liderazgo en el sector.
Vínculos regionales y empresariales
La denuncia también subraya que varios de los involucrados —congresista, funcionarios y presuntos operadores— tendrían vínculos regionales en Huancayo y lazos académicos en la Universidad Nacional del Centro del Perú.
En particular, se señala que Héctor Vilches sería socio empresarial de Ilich López en una compañía de limpieza y que registra antecedentes por conducir en estado de ebriedad.
Fuente: Condensado Willax TV / Beto a Saber

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