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Petroperú: Congreso impulsa ley para que petroleras privadas paguen menos regalías

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Petroperú expresó su disconformidad por el PL N.º 804/2021-CR, impulsado por el congresista Carlos Alva de Acción Popular, que busca modificar artículos de la Ley Orgánica de Hidrocarburos y extender, “contra los intereses de la población”, los vínculos contractuales sin concurso previo.

Mediante un documento, Petroperú aclaró su posición corporativa ante el proyecto de ley retroactivo y describió una intentona para darle una década más de contrato y extender de 30 a 40 años los acuerdos de explotación de hidrocarburos en el país. Vale precisar que, desde octubre de 2023 hasta mayo de 2028, hay seis contratos de lotes por vencer ubicados en Talara.

“Cuando el dictamen añade que la fase de explotación podrá extenderse por plazos sucesivos de 20 años cada vez, hasta el límite económico del Área de Contrato, lo que está diciendo es que los contratos de explotación privados pueden durar hasta que el recurso extraído del suelo se agote”, remitió.

Es decir, los acuerdos pasan a tener una duración tan larga como el de las concesiones, “con la diferencia de que las concesiones son revisables por el Estado conforme al rendimiento”, explicó Petroperú. En cambio, estos contratos privados (de licencia) son intangibles en el marco de la actual Constitución y no pueden ser revisados por el Estado, salvo cuando terminen.

«En realidad, lo que está proponiendo es otorgar un régimen de casi perpetuidad a los contratistas privados sobre los hidrocarburos por el tiempo que dure el recurso, lo que no tiene antecedentes en el Perú ni en ninguna legislación democrática extranjera”, rebatió la petrolera.

“Viene a ser una suerte de expropiación a la inversa a favor de los privados, los que podrían permanecer en el control del recurso indefinidamente”, agregó.

Por ello, Petroperú cuestionó que, si desde el Congreso se busca “homologar” los contratos, podría pensarse en un mecanismo inverso bajo el criterio de condición más favorable para la nación: homologar, por ejemplo, en 30 años o buscar un punto intermedio para todos los hidrocarburos que podría ser 35 años, como era antes.

Congreso coacciona con lobbies

A nivel internacional, la tendencia es que los contratistas “requieran más plazos de explotación para poder recuperar las inversiones de riesgo” efectuadas durante la fase de exploración “es de tinte lobista”, aseguró Petroperú.

“Es conocido que a nivel internacional las grandes contratistas presionan para generar la sensación de que la ‘tendencia’ es a dar mayores privilegios a las contratistas. Los gobiernos que caen en el juego pierden”, subrayó el documento.

En cambio, Petroperú sostuvo que aquellos gobiernos que hacen respetar la soberanía del Estado “mejoran los ingresos para sus países”, así como el acceso de la población a los “recursos a precios accesibles”. En este sentido, añadió, el argumento de que, si no se les da garantías de renovación, los contratistas no tienen incentivos para invertir y la producción de petróleo declinará «tiene características de coacción privada».

“Si las contratistas quieren que se les renueve los contratos deberían esmerarse en mostrar resultados de inversión y beneficios para el país, y no esperar que las leyes les sigan dando privilegios especiales”, precisó.

Menos regalías por explotar petróleo

La segunda disposición complementaria final del PL N.º 804/2021-CR aborda la participación de Petroperú en los contratos renegociados. En el proyecto de ley original se hablaba de 25% de participación de la estatal en el accionariado.

Sin embargo, el dictamen propone ahora que, dentro de los “cinco días hábiles siguientes a la fecha de suscripción del nuevo contrato”, el contratista deberá proponer a la empresa Petroperú su incorporación en el contrato como socio partícipe, según los porcentajes de participación que acuerden”.

La petrolera estatal opinó que su participación quedaría librada a la negociación con las empresas, además sería en calidad de “socio partícipe”, no como accionista mayoritario. Es decir, mientras la iniciativa le da seguridades a los contratistas privados, su participación “queda incierta y en condición subordinada”.

“A las contratistas privadas les convendrá tener a Petroperú como socio minoritario porque con eso el pago de regalías que hacen, que en promedio es actualmente del 25%, bajaría al 5%, de acuerdo con el DS N.º 017-2003-EM. En este extremo, el dictamen es igualmente nocivo para los intereses del país”, denunció.

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Actualidad

Exdirector de Formalización Minera denuncia cobro de US$30 mil y revela presunta red de corrupción en el MINEM

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El exdirector de Formalización Minera, Wilfredo Portilla, denunció públicamente que el congresista Ilich López le habría exigido el pago de US$30 mil para permitirle mantenerse en el cargo. La acusación expone un presunto esquema de cobros ilegales, tráfico de influencias y control político dentro del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), que involucraría a funcionarios, asesores y operadores externos.

Presunto cobro y red de intermediarios

Según Portilla, la exigencia del pago no habría sido directa, sino a través de dos intermediarios —a quienes calificó como “chacales”— identificados como Miguel Álvarez Rojas y Héctor Vilches Otárola.

El exfuncionario sostiene que ambos serían los encargados de gestionar los cobros y presionar a funcionarios dentro del sector, configurando un mecanismo de chantaje para la permanencia en puestos clave.

La denuncia no solo apunta al presunto pago de US$30 mil, sino que abre la posibilidad de un esquema más amplio de comercialización de cargos públicos dentro del aparato estatal.

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Control político sobre el MINEM y cobros por trámites

El reporte describe a Ilich López como un “ministro de facto”, sugiriendo que tendría injerencia directa en decisiones estratégicas y nombramientos dentro del MINEM.

Asimismo, se advierte la existencia de una presunta red interna en la Dirección General de Formalización Minera, donde se estarían cobrando cupos de entre S/ 3,000 y S/ 4,000 por la gestión de trámites vinculados a procesos de formalización.

En este contexto, se menciona a Alberto Arturo Rojas Cortejana como el supuesto “director en la sombra” del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), quien pese a enfrentar investigaciones por manipulación de datos habría sido beneficiado con la prescripción de procesos disciplinarios, en lo que se califica como un “blindaje administrativo”.

Ministro advertido y cuestionamientos al liderazgo político

El caso también salpica al titular del sector, Luis Aldo Bravo de la Cruz, quien —según la denuncia— fue alertado mediante un chat sobre el presunto cobro de US$30 mil. No obstante, en lugar de formalizar una denuncia, habría optado por dialogar con los implicados.

El informe cuestiona además el peso político del ministro dentro del Ejecutivo, recordando que el premier Ernesto Álvarez habría declarado en una entrevista no recordar su nombre, hecho interpretado como reflejo de la fragilidad de su liderazgo en el sector.

Vínculos regionales y empresariales

La denuncia también subraya que varios de los involucrados —congresista, funcionarios y presuntos operadores— tendrían vínculos regionales en Huancayo y lazos académicos en la Universidad Nacional del Centro del Perú.

En particular, se señala que Héctor Vilches sería socio empresarial de Ilich López en una compañía de limpieza y que registra antecedentes por conducir en estado de ebriedad.

Fuente: Condensado Willax TV / Beto a Saber

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Combustible

Sindicato de Osinergmin exige destitución de presidente y denuncia encubrimiento en investigaciones

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El Sindicato de Empleados de Osinergmin (SIEP) expresó su indignación tras el reportaje de Panorama que reveló una fiesta organizada por el presidente de la entidad, Omar Chambergo Rodríguez, en horario laboral. Los trabajadores exigieron su destitución inmediata, denunciaron encubrimiento en las investigaciones y remarcaron que ellos no participaron en los actos bochornosos atribuidos a la alta dirección.

El sindicato solicitó la salida inmediata de Chambergo Rodríguez y de los funcionarios involucrados, al considerar que sus acciones vulneraron el Código de Ética de la Función Pública, la Ley Servir y los reglamentos internos de seguridad y trabajo. Además, señalaron que podrían configurarse delitos como peculado de uso, aprovechamiento del cargo y omisión de funciones.

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Denuncias desatendidas

El SIEP recordó que, desde mayo, presentaron denuncias formales ante el Órgano de Control Interno, la Procuraduría Pública y otras instancias. Sin embargo, acusan que las autoridades internas se negaron a abrir investigaciones, restringieron el acceso a pruebas y habrían protegido a los responsables, lo que calificaron como un “blindaje” que agrava la crisis de gobernanza en la institución.

Los trabajadores se deslindan

El sindicato enfatizó que los trabajadores de Osinergmin no tienen ninguna responsabilidad en estos hechos, que corresponden únicamente a la alta dirección y plana gerencial. Asimismo, advirtieron que existirían intentos de destinar recursos públicos para contratar estudios y campañas mediáticas orientadas a minimizar o encubrir el escándalo.

Llamado a recuperar la ética institucional

Finalmente, el SIEP pidió que Osinergmin recupere su honor, ética y misión de servicio al país. “¡Basta de blindajes, basta de impunidad!”, señaló el comunicado, subrayando que la ciudadanía merece instituciones serias y transparentes.

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Energía

Congresista pide destitución de titular del Osinergmin y Contraloría inicia indagación por fiesta en horario laboral [VIDEO]

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La congresista Patricia Chirinos Venegas envió un oficio al presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, en el que exige la destitución inmediata de Omar Chambergo Rodríguez, presidente de Osinergmin. La parlamentaria expresó su rechazo tras el reportaje difundido por el programa Panorama, donde se evidenció la realización de una fiesta de cumpleaños en pleno horario laboral, con consumo de licor, bocadillos y participación de altos funcionarios de la institución.

Chirinos sostuvo que este hecho no solo constituye una falta ética, sino que podría configurar delitos como peculado de uso y omisión de funciones, al haberse empleado bienes públicos e instalaciones estatales para fines particulares. “Mantenerlo en funciones sería un insulto al país, una señal de complicidad y un aval a la impunidad y la corrupción”, advirtió en su comunicación.

Investigación de Contraloría

Por su parte, la Contraloría General de la República informó, mediante oficio enviado a Omar Chambergo Rodríguez, que ha dispuesto el inicio de un Servicio Relacionado de Recopilación de Información respecto a la “celebración de cumpleaños en horario laboral del 29 de abril de 2025”.

El órgano de control designó a dos profesionales encargados de la recopilación: Graciela Esperanza Solís Marín como jefa de equipo y Richard Vicente Merani Turpo como integrante. En el documento, se solicita al presidente de Osinergmin brindar todas las facilidades necesarias para el desarrollo de las indagaciones.

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