Sector
Petroperú: Congreso impulsa ley para que petroleras privadas paguen menos regalías

Petroperú expresó su disconformidad por el PL N.º 804/2021-CR, impulsado por el congresista Carlos Alva de Acción Popular, que busca modificar artículos de la Ley Orgánica de Hidrocarburos y extender, “contra los intereses de la población”, los vínculos contractuales sin concurso previo.
Mediante un documento, Petroperú aclaró su posición corporativa ante el proyecto de ley retroactivo y describió una intentona para darle una década más de contrato y extender de 30 a 40 años los acuerdos de explotación de hidrocarburos en el país. Vale precisar que, desde octubre de 2023 hasta mayo de 2028, hay seis contratos de lotes por vencer ubicados en Talara.
“Cuando el dictamen añade que la fase de explotación podrá extenderse por plazos sucesivos de 20 años cada vez, hasta el límite económico del Área de Contrato, lo que está diciendo es que los contratos de explotación privados pueden durar hasta que el recurso extraído del suelo se agote”, remitió.
Es decir, los acuerdos pasan a tener una duración tan larga como el de las concesiones, “con la diferencia de que las concesiones son revisables por el Estado conforme al rendimiento”, explicó Petroperú. En cambio, estos contratos privados (de licencia) son intangibles en el marco de la actual Constitución y no pueden ser revisados por el Estado, salvo cuando terminen.
«En realidad, lo que está proponiendo es otorgar un régimen de casi perpetuidad a los contratistas privados sobre los hidrocarburos por el tiempo que dure el recurso, lo que no tiene antecedentes en el Perú ni en ninguna legislación democrática extranjera”, rebatió la petrolera.
“Viene a ser una suerte de expropiación a la inversa a favor de los privados, los que podrían permanecer en el control del recurso indefinidamente”, agregó.
Por ello, Petroperú cuestionó que, si desde el Congreso se busca “homologar” los contratos, podría pensarse en un mecanismo inverso bajo el criterio de condición más favorable para la nación: homologar, por ejemplo, en 30 años o buscar un punto intermedio para todos los hidrocarburos que podría ser 35 años, como era antes.
Congreso coacciona con lobbies
A nivel internacional, la tendencia es que los contratistas “requieran más plazos de explotación para poder recuperar las inversiones de riesgo” efectuadas durante la fase de exploración “es de tinte lobista”, aseguró Petroperú.
“Es conocido que a nivel internacional las grandes contratistas presionan para generar la sensación de que la ‘tendencia’ es a dar mayores privilegios a las contratistas. Los gobiernos que caen en el juego pierden”, subrayó el documento.
En cambio, Petroperú sostuvo que aquellos gobiernos que hacen respetar la soberanía del Estado “mejoran los ingresos para sus países”, así como el acceso de la población a los “recursos a precios accesibles”. En este sentido, añadió, el argumento de que, si no se les da garantías de renovación, los contratistas no tienen incentivos para invertir y la producción de petróleo declinará «tiene características de coacción privada».
“Si las contratistas quieren que se les renueve los contratos deberían esmerarse en mostrar resultados de inversión y beneficios para el país, y no esperar que las leyes les sigan dando privilegios especiales”, precisó.
Menos regalías por explotar petróleo
La segunda disposición complementaria final del PL N.º 804/2021-CR aborda la participación de Petroperú en los contratos renegociados. En el proyecto de ley original se hablaba de 25% de participación de la estatal en el accionariado.
Sin embargo, el dictamen propone ahora que, dentro de los “cinco días hábiles siguientes a la fecha de suscripción del nuevo contrato”, el contratista deberá proponer a la empresa Petroperú su incorporación en el contrato como socio partícipe, según los porcentajes de participación que acuerden”.
La petrolera estatal opinó que su participación quedaría librada a la negociación con las empresas, además sería en calidad de “socio partícipe”, no como accionista mayoritario. Es decir, mientras la iniciativa le da seguridades a los contratistas privados, su participación “queda incierta y en condición subordinada”.
“A las contratistas privadas les convendrá tener a Petroperú como socio minoritario porque con eso el pago de regalías que hacen, que en promedio es actualmente del 25%, bajaría al 5%, de acuerdo con el DS N.º 017-2003-EM. En este extremo, el dictamen es igualmente nocivo para los intereses del país”, denunció.
Sector
MINEM fortalece acciones para avanzar en medidas de remediación ambiental y diálogo social en Áncash

o A través de OGGS, participa en mesas técnicas para impulsar acciones sostenibles en beneficio de la población.
El ministro de Energía y Minas, Waldir Ayasta Mechán, se reunió con el congresista Elías Varas para abordar las acciones que el sector viene ejecutando en la región de Áncash, a través del Viceministerio de Minas y la Oficina General de Gestión Social (OGGS), en el marco de la política de desarrollo sostenible del sector minero.
El titular del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) afirmó que su gestión viene impulsando acciones orientadas a fortalecer el diálogo social, promover una gestión ambiental responsable y generar mejores condiciones para el desarrollo de las poblaciones ubicadas en las zonas de influencia minera en la región.
A su turno, la viceministra de Minas, Mayra Figueroa, informó que el MINEM viene participando en las sesiones de la Mesa de Trabajo Multisectorial liderada por el Gobierno Regional de Áncash, coordinando con las entidades y actores vinculados en torno a la identificación de los posibles impactos ambientales asociados a la actividad minera en Huarmey.
Añadió que este análisis permitirá identificar responsabilidades y definir las medidas de remediación ambiental que correspondan, las cuales podrán ser ejecutadas por el Estado o por el sector privado, según las competencias determinadas.
En materia de gestión hídrica, la jefa de la OGGS, Fabiola Huallpa, señaló que el MINEM viene facilitando los espacios de diálogo entre la empresa minera Barrick y los Comités de Usuarios de Agua (CUA) de Atupa y Antahuran, con el objetivo de alcanzar consensos respecto al volumen de agua que sería otorgado como compensación por el uso del manantial Yarcok.
Los participantes destacaron la importancia de impulsar proyectos estratégicos con impacto directo en la población, como la construcción de plantas de tratamiento de agua con sistemas ablandadores, que permitan mejorar la potabilidad del recurso hídrico en zonas con tierras mineralizadas por causas naturales o actividades extractivas.
El MINEM reafirma el compromiso de continuar promoviendo un trabajo técnico y articulado con los gobiernos subnacionales y poderes del Estado, que contribuya a una gestión eficiente y al desarrollo de proyectos en beneficio de la mejora de la calidad de vida de las familias en la región.

Combustible
Waldir Ayasta Mechán es el nuevo ministro de Energía y Minas en reemplazo de Ángelo Alfaro

El nuevo titular del Ministerio de Energía y Minas, Waldir Ayasta Mechán, asumirá una cartera marcada por la crisis energética que viene generando alza de precios en los combustibles por la crisis del gas. Anteriormente fue viceministro de Electricidad.
El Gobierno de José María Balcázar, designó a Waldir Eloy Ayasta Mechán como nuevo titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem) en reemplazo de Ángelo Alfaro, quien renunció a su cargo por estar vinculado en una denuncia por violación sexual.
Ayasta Mechán es ingeniero eléctrico, que asumirá el mando de una cartera con pendientes urgentes por resolver ante la crisis energética que viene generando alza de precios de los combustibles, lo que golpea el bolsillo de los ciudadanos.
El nuevo ministro de Energía y Minas se venía desempeñando, desde el 21 de enero de 2026, como gerente corporativo de Planeamiento y Proyectos de Inversión de la Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electronortemedio S.A.
Perfil
Waldir Ayasta es ingeniero mecánico eléctrico graduado en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo (Lambayeque), con especialización en Alta Dirección Empresarial en el Instituto Tecnológico de Monterrey (México).
Cuenta con 25 años de experiencia en empresas del sector eléctrico como Electronorte, grupo Distriluz, Electronoroeste, Electronorte, Hidrandina y Electrocentro.
Su perfil profesional está basado en conocimiento de negocios y competencias integrales para el desarrollo de organizaciones.
El funcionario también es catedrático de la facultad de ingeniería mecánica y de la escuela de posgrado de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI).

Actualidad
Exdirector de Formalización Minera denuncia cobro de US$30 mil y revela presunta red de corrupción en el MINEM

El exdirector de Formalización Minera, Wilfredo Portilla, denunció públicamente que el congresista Ilich López le habría exigido el pago de US$30 mil para permitirle mantenerse en el cargo. La acusación expone un presunto esquema de cobros ilegales, tráfico de influencias y control político dentro del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), que involucraría a funcionarios, asesores y operadores externos.
Presunto cobro y red de intermediarios
Según Portilla, la exigencia del pago no habría sido directa, sino a través de dos intermediarios —a quienes calificó como “chacales”— identificados como Miguel Álvarez Rojas y Héctor Vilches Otárola.
El exfuncionario sostiene que ambos serían los encargados de gestionar los cobros y presionar a funcionarios dentro del sector, configurando un mecanismo de chantaje para la permanencia en puestos clave.
La denuncia no solo apunta al presunto pago de US$30 mil, sino que abre la posibilidad de un esquema más amplio de comercialización de cargos públicos dentro del aparato estatal.
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Control político sobre el MINEM y cobros por trámites
El reporte describe a Ilich López como un “ministro de facto”, sugiriendo que tendría injerencia directa en decisiones estratégicas y nombramientos dentro del MINEM.
Asimismo, se advierte la existencia de una presunta red interna en la Dirección General de Formalización Minera, donde se estarían cobrando cupos de entre S/ 3,000 y S/ 4,000 por la gestión de trámites vinculados a procesos de formalización.
En este contexto, se menciona a Alberto Arturo Rojas Cortejana como el supuesto “director en la sombra” del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), quien pese a enfrentar investigaciones por manipulación de datos habría sido beneficiado con la prescripción de procesos disciplinarios, en lo que se califica como un “blindaje administrativo”.
Ministro advertido y cuestionamientos al liderazgo político
El caso también salpica al titular del sector, Luis Aldo Bravo de la Cruz, quien —según la denuncia— fue alertado mediante un chat sobre el presunto cobro de US$30 mil. No obstante, en lugar de formalizar una denuncia, habría optado por dialogar con los implicados.
El informe cuestiona además el peso político del ministro dentro del Ejecutivo, recordando que el premier Ernesto Álvarez habría declarado en una entrevista no recordar su nombre, hecho interpretado como reflejo de la fragilidad de su liderazgo en el sector.
Vínculos regionales y empresariales
La denuncia también subraya que varios de los involucrados —congresista, funcionarios y presuntos operadores— tendrían vínculos regionales en Huancayo y lazos académicos en la Universidad Nacional del Centro del Perú.
En particular, se señala que Héctor Vilches sería socio empresarial de Ilich López en una compañía de limpieza y que registra antecedentes por conducir en estado de ebriedad.
Fuente: Condensado Willax TV / Beto a Saber

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