Combustible
Sindicatos exigen derogar el DU 010-2025 pese a anuncios del gobierno sobre Petroperú

A pesar de los anuncios realizados por el Ministerio de Energía y Minas (Minem) y los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas de Petróleos del Perú el lunes 16 de marzo de 2026, el Frente de Sindicatos de Trabajadores Petroleros de Petroperú (FSTPP) reafirma su exigencia: la derogatoria inmediata del Decreto de Urgencia 010-2025.
Para la organización sindical, las medidas anunciadas por el Ejecutivo —orientadas a respaldar financieramente a Petroperú, mejorar su liquidez y asegurar la continuidad operativa— resultan claramente insuficientes frente a los riesgos estructurales que introduce el decreto. Si bien se contemplan mecanismos de apoyo estatal, reorganización administrativa y acciones para optimizar la gestión, estas disposiciones no abordan el problema de fondo, que según los trabajadores radica en el propio contenido del DU 010-2025.
Desde la perspectiva sindical, el decreto no solo compromete la gestión y viabilidad de la empresa, sino que además presenta serios indicios de inconstitucionalidad. Esta preocupación se ve reforzada por la demanda presentada por la Defensoría del Pueblo ante el Tribunal Constitucional, lo que, a juicio de los sindicatos, evidencia que no es posible sostener ninguna política de fortalecimiento empresarial sobre una base jurídica cuestionada.
En esa línea, los trabajadores también cuestionan lo que consideran una “doble vara” en el tratamiento económico entre empresas públicas y privadas. Señalan que mientras el apoyo estatal a Petroperú suele calificarse como un “salvavidas” —sugiriendo un gasto perdido o un rescate a la ineficiencia—, los beneficios otorgados al sector privado son presentados como “incentivos” o “fomento”, aun cuando impliquen importantes recursos públicos. Para los sindicatos, esta diferencia en el lenguaje refleja una narrativa que desvaloriza la inversión estatal en activos estratégicos.
Asimismo, remarcan que, a diferencia de lo que ocurre con empresas privadas, cualquier utilidad generada por Petroperú —especialmente tras la modernización de la Refinería de Talara— retorna íntegramente al Estado y, por tanto, al financiamiento de servicios públicos como salud, educación e infraestructura. En contraste, sostienen que los beneficios derivados de subsidios o exoneraciones tributarias a privados quedan en manos de sus accionistas, sin un retorno directo equivalente para el erario nacional.
Otro aspecto crítico señalado es la distribución del riesgo. Según advierten, diversos proyectos privados operan bajo esquemas que incluyen garantías soberanas, donde el Estado asume pérdidas en caso de fracaso, mientras que las ganancias se privatizan si el proyecto tiene éxito. Bajo ese marco, consideran contradictorio que a Petroperú se le exija operar con criterios estrictos de rentabilidad privada, mientras enfrenta limitaciones políticas y burocráticas que no afectan a sus competidores.

Del mismo modo, el FSTPP destaca la diferencia entre inversión en activos y gasto tributario. La inversión en infraestructura como la Nueva Refinería de Talara, indican, se traduce en activos físicos y capacidad productiva que pertenecen al país. En cambio, las exoneraciones tributarias representan ingresos que el Estado deja de percibir de manera recurrente, generando un impacto fiscal significativo que, según diversas estimaciones, puede superar ampliamente los montos destinados a la empresa estatal.
Asimismo, uno de los puntos más críticos señalados por los trabajadores es el riesgo de que el decreto facilite el “malbarateo” de los principales activos de Petroperú. En su análisis, advierten que la norma abre la puerta a procesos que podrían derivar en la cesión o privatización encubierta de infraestructura estratégica, debilitando el rol de la empresa como actor clave en el sector energético nacional.
A ello se suma el rol estratégico que cumple Petroperú en el abastecimiento de combustible en zonas donde la inversión privada no llega por falta de rentabilidad, como regiones de la selva y zonas altoandinas. En ese sentido, los sindicatos subrayan que el Estado no solo actúa como agente económico, sino como garante del acceso a servicios esenciales en todo el territorio.
Bajo esta lectura, los anuncios del Ejecutivo y las decisiones de la Junta General de Accionistas no logran disipar las preocupaciones de fondo. Para el FSTPP, cualquier medida de apoyo económico o administrativo pierde eficacia si no se elimina previamente el marco normativo que, según sostienen, amenaza la integridad institucional y patrimonial de la empresa.
La reunión sostenida con el congresista Carlos Zeballos refuerza esta línea de acción política. Ambas partes han coincidido en la necesidad de impulsar la derogatoria del DU 010-2025 desde el ámbito legislativo, consolidando un frente que busca frenar lo que consideran una política perjudicial para los intereses nacionales. En esa misma línea, se recuerda que el actual Presidente de la República, José María Balcázar, figura como coautor de uno de los proyectos de ley que plantean la derogación de dicha norma.
En conclusión, los sindicatos de Petroperú mantienen una posición firme: los anuncios del Gobierno son insuficientes mientras el Decreto de Urgencia 010-2025 continúe vigente. Sostienen que la solución no pasa únicamente por medidas financieras, sino por garantizar un marco legal legítimo, transparente y alineado con la defensa del patrimonio estatal. En ese contexto, advierten que el cuestionamiento constante a la inversión pública en la empresa podría responder a una narrativa orientada a debilitar su valor y justificar su eventual transferencia a bajo costo. Por ello, el Frente de Sindicatos de Trabajadores Petroleros de Petroperú reiteran su demanda central: la derogación inmediata del DU como condición indispensable para asegurar la viabilidad y el futuro de Petroperú.

Combustible
Paralización de lotes petroleros genera pérdida de más de 60 mil barriles por día para la producción nacional

Especialista enfatiza que la producción nacional podría ser hasta 70% mayor que la actual. Cuestionó las elevadas regalías, la falta de incentivos a la inversión y la paralización de miles de pozos con potencial productivo.
La producción petrolera peruana atraviesa uno de sus momentos más complejos de las últimas décadas. Así lo afirmó Carlos Gonzales, gerente general de Enerconsult y miembro del Comité Consultivo de PERÚ ENERGÍA, quien alertó que el país produce actualmente entre 35000 y 40000 barriles diarios de petróleo, pese a contar con lotes que podrían elevar esa cifra hasta los 60000 barriles por día, debido a que campos como el Lote 192, el Lote 64 y otros activos ubicados en la selva norte y Talara permanecen paralizados a pesar de contar con reservas y capacidad de producción.
Para Gonzales, la caída de la producción responde a una combinación de factores. Entre ellos, la declinación natural de los campos maduros, la falta de exploración para descubrir nuevas reservas, la ausencia de incentivos para recuperar pozos económicamente marginales y una política petrolera que, en los últimos años, no ha logrado promover nuevas inversiones.
“Si se hubiera gestionado adecuadamente la adjudicación y continuidad de los lotes petroleros, no estaríamos en la situación actual”, sostuvo.
Uno de los aspectos más críticos señalados por el especialista es el régimen de regalías. Gonzales recordó que en Perú existen más de 5000 pozos cerrados o abandonados temporalmente, de los cuales aproximadamente 4500 se encuentran en Talara. Muchos de ellos, explicó, no pueden volver a producir debido a que enfrentan regalías de entre 30% y 50%, porcentajes que terminan elevando significativamente los costos de operación. “La regalía forma parte del costo de producción. Cuando es demasiado alta, los proyectos dejan de ser económicamente viables”, afirmó.
El gerente general de Enerconsult también cuestionó los largos plazos regulatorios que enfrenta la industria. Según indicó, la aprobación de permisos ambientales y sociales puede extenderse entre seis y siete años antes de que un proyecto exploratorio llegue a convertirse en una operación productiva. Asimismo, advirtió que los contratos petroleros carecen de mecanismos adecuados para garantizar la continuidad de las inversiones, situación que desalienta a los operadores cuando se aproxima el vencimiento de sus concesiones. A ello se suma, según señaló, una débil institucionalidad y una alta rotación de autoridades vinculadas al sector.
Otro dato que preocupa al especialista es la creciente dependencia energética del país. Gonzales recordó que Perú cuenta con reservas superiores a los 300 millones de barriles de petróleo, pero produce apenas entre 35000 y 40000 barriles diarios frente a un consumo
cercano a los 300000 barriles por día. Esto significa que la producción nacional cubre solo una fracción de la demanda interna, obligando al país a depender cada vez más de las importaciones para abastecer su mercado. Estos y otros desafíos serán analizados este 17 y 18 de junio en PERÚ ENERGÍA, el principal encuentro de líderes empresariales, autoridades, especialistas e inversionistas del sector energético peruano. El evento se ha consolidado como una plataforma de diálogo para abordar los retos que enfrenta la industria y promover propuestas orientadas a fortalecer la seguridad energética, impulsar nuevas inversiones y mejorar la competitividad del país en un contexto de transición energética.
Como integrante del Comité Consultivo de PERÚ ENERGÍA, Carlos Gonzales participará en el panel dedicado a la situación del sector petrolero peruano, donde compartirá su visión sobre las reformas necesarias para recuperar la producción nacional y aprovechar el potencial hidrocarburífero del país. En un escenario marcado por la necesidad de garantizar el abastecimiento energético y atraer capitales de largo plazo, el debate sobre el futuro del petróleo en Perú se vuelve más relevante que nunca.

Combustible
Planta de Ventas Pucallpa continúa atendiendo con total normalidad

Ante diversas informaciones difundidas sobre un posible riesgo de desabastecimiento de combustible en la Región Ucayali, precisamos lo siguiente:
1. La Planta de Ventas Pucallpa viene operando con normalidad, manteniendo un ritmo constante de despacho y un inventario adecuado para atender la demanda de los clientes, conforme a lo programado.
2. Cabe mencionar que las operaciones logísticas de transporte de combustibles hacia Pucallpa mantienen condiciones óptimas de tránsito, permitiendo la atención oportuna de las cisternas y el flujo continuo de despachos.
3. Petroperú reafirma su compromiso con el abastecimiento de combustibles de calidad en la región y en todas sus operaciones a nivel nacional. Asimismo, agradece la confianza de sus clientes y de la ciudadanía en general.

Combustible
Puno: Intervienen camiones que transportaban combustible presuntamente de procedencia ilegal

Agentes del Área de Policía Fiscal Juliaca, en coordinación con las unidades especializadas de inteligencia, personal policial de la comisaria Lampa y de Carreteras, ejecutó un operativo en el sector del puente Calapuja, distrito del mismo nombre, logrando la intervención de vehículos que presuntamente trasladaban combustible de procedencia ilegal.
Durante el operativo policial, el personal interviniente detectó dos vehículos de carga que transportaban contenedores con combustible diesel-petróleo. Al solicitar la documentación, los ocupantes no habrían acreditado la procedencia legal de la mercadería, motivo por el cual se procedió con la intervención y las diligencias respectivas conforme a ley.
Bloqueo para rescate
Durante el traslado de las unidades intervenidas hacia la ciudad de Juliaca, un grupo de personas y vehículos habrían intentado obstaculizar el procedimiento policial mediante el bloqueo de la vía y agresiones contra el personal PNP, ocasionando daños materiales a los patrulleros policiales. Ante esta situación, se realizaron intervenciones adicionales con apoyo de unidades policiales de la jurisdicción.

Las autoridades decomisaron 36 contenedores con 36,000 galones de diesel petróleo, tres vehículos intervenidos e incautados, seis personas detenidas para las diligencias, equipos celulares y otros elementos de interés incautados. La mercadería está valorizada en S/ 270,000 y vehículos valorizados aproximadamente en S/ 310,000
De acuerdo a las diligencias, las personas intervenidas vienen siendo investigadas por la presunta comisión de delitos aduaneros, así como por presuntos actos de obstrucción y violencia contra la autoridad.

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