A pesar de los anuncios realizados por el Ministerio de Energía y Minas (Minem) y los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas de Petróleos del Perú el lunes 16 de marzo de 2026, el Frente de Sindicatos de Trabajadores Petroleros de Petroperú (FSTPP) reafirma su exigencia: la derogatoria inmediata del Decreto de Urgencia 010-2025.

Para la organización sindical, las medidas anunciadas por el Ejecutivo —orientadas a respaldar financieramente a Petroperú, mejorar su liquidez y asegurar la continuidad operativa— resultan claramente insuficientes frente a los riesgos estructurales que introduce el decreto. Si bien se contemplan mecanismos de apoyo estatal, reorganización administrativa y acciones para optimizar la gestión, estas disposiciones no abordan el problema de fondo, que según los trabajadores radica en el propio contenido del DU 010-2025.

Desde la perspectiva sindical, el decreto no solo compromete la gestión y viabilidad de la empresa, sino que además presenta serios indicios de inconstitucionalidad. Esta preocupación se ve reforzada por la demanda presentada por la Defensoría del Pueblo ante el Tribunal Constitucional, lo que, a juicio de los sindicatos, evidencia que no es posible sostener ninguna política de fortalecimiento empresarial sobre una base jurídica cuestionada.

En esa línea, los trabajadores también cuestionan lo que consideran una “doble vara” en el tratamiento económico entre empresas públicas y privadas. Señalan que mientras el apoyo estatal a Petroperú suele calificarse como un “salvavidas” —sugiriendo un gasto perdido o un rescate a la ineficiencia—, los beneficios otorgados al sector privado son presentados como “incentivos” o “fomento”, aun cuando impliquen importantes recursos públicos. Para los sindicatos, esta diferencia en el lenguaje refleja una narrativa que desvaloriza la inversión estatal en activos estratégicos.

Asimismo, remarcan que, a diferencia de lo que ocurre con empresas privadas, cualquier utilidad generada por Petroperú —especialmente tras la modernización de la Refinería de Talara— retorna íntegramente al Estado y, por tanto, al financiamiento de servicios públicos como salud, educación e infraestructura. En contraste, sostienen que los beneficios derivados de subsidios o exoneraciones tributarias a privados quedan en manos de sus accionistas, sin un retorno directo equivalente para el erario nacional.

Otro aspecto crítico señalado es la distribución del riesgo. Según advierten, diversos proyectos privados operan bajo esquemas que incluyen garantías soberanas, donde el Estado asume pérdidas en caso de fracaso, mientras que las ganancias se privatizan si el proyecto tiene éxito. Bajo ese marco, consideran contradictorio que a Petroperú se le exija operar con criterios estrictos de rentabilidad privada, mientras enfrenta limitaciones políticas y burocráticas que no afectan a sus competidores.

Del mismo modo, el FSTPP destaca la diferencia entre inversión en activos y gasto tributario. La inversión en infraestructura como la Nueva Refinería de Talara, indican, se traduce en activos físicos y capacidad productiva que pertenecen al país. En cambio, las exoneraciones tributarias representan ingresos que el Estado deja de percibir de manera recurrente, generando un impacto fiscal significativo que, según diversas estimaciones, puede superar ampliamente los montos destinados a la empresa estatal.

Asimismo, uno de los puntos más críticos señalados por los trabajadores es el riesgo de que el decreto facilite el “malbarateo” de los principales activos de Petroperú. En su análisis, advierten que la norma abre la puerta a procesos que podrían derivar en la cesión o privatización encubierta de infraestructura estratégica, debilitando el rol de la empresa como actor clave en el sector energético nacional.

A ello se suma el rol estratégico que cumple Petroperú en el abastecimiento de combustible en zonas donde la inversión privada no llega por falta de rentabilidad, como regiones de la selva y zonas altoandinas. En ese sentido, los sindicatos subrayan que el Estado no solo actúa como agente económico, sino como garante del acceso a servicios esenciales en todo el territorio.

Bajo esta lectura, los anuncios del Ejecutivo y las decisiones de la Junta General de Accionistas no logran disipar las preocupaciones de fondo. Para el FSTPP, cualquier medida de apoyo económico o administrativo pierde eficacia si no se elimina previamente el marco normativo que, según sostienen, amenaza la integridad institucional y patrimonial de la empresa.

La reunión sostenida con el congresista Carlos Zeballos refuerza esta línea de acción política. Ambas partes han coincidido en la necesidad de impulsar la derogatoria del DU 010-2025 desde el ámbito legislativo, consolidando un frente que busca frenar lo que consideran una política perjudicial para los intereses nacionales. En esa misma línea, se recuerda que el actual Presidente de la República, José María Balcázar, figura como coautor de uno de los proyectos de ley que plantean la derogación de dicha norma.

En conclusión, los sindicatos de Petroperú mantienen una posición firme: los anuncios del Gobierno son insuficientes mientras el Decreto de Urgencia 010-2025 continúe vigente. Sostienen que la solución no pasa únicamente por medidas financieras, sino por garantizar un marco legal legítimo, transparente y alineado con la defensa del patrimonio estatal. En ese contexto, advierten que el cuestionamiento constante a la inversión pública en la empresa podría responder a una narrativa orientada a debilitar su valor y justificar su eventual transferencia a bajo costo. Por ello, el Frente de Sindicatos de Trabajadores Petroleros de Petroperú reiteran su demanda central: la derogación inmediata del DU como condición indispensable para asegurar la viabilidad y el futuro de Petroperú.