Hidrocarburos
Petroperú debe entrar en insolvencia de inmediato

Ante la debacle financiera y operativa Petroperú, en especial de su endeudamiento que llega a US$ 4,458 millones, monto agravado por la nueva refinería de Talara cuyos costos han terminado de hundir a la empresa petrolera del Estado, no hay otra salida que su declaratoria en insolvencia por la incapacidad de sus obligaciones de pago.
Es lo que plantea el experto en temas energéticos, César Gutiérrez Peña, también ex presidente de Petroperú entre los años 2006 y 2008, para quien el fisco no puede seguir solventando sus crecientes déficits con el argumento del peligro del desabastecimiento de combustibles en el país y el consiguiente aumento de precios.
Es obvio entonces que la responsabilidad política tiene que recaer, en primer lugar, en el ministro de Energía y Minas, Óscar Vera Gargurevich, y, en paralelo, en otros funcionarios que detallaremos líneas abajo, en especial el ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, quien le sigue dando cuerda al festín que a continuación detallaremos.
Y es que la deuda de largo plazo de la citada empresa llega en efecto a la suma de US$ 4,458 que se subdivide en 1,000 millones en bonos de vencimiento al 2023, además de 2000 millones en bonos de vencimiento al 2047 y un monto de 1,458 millones de dólares para Talara con garantía de la Agencia Española de Crédito a la Exportación (CESCE).
Solo en este último ítem de CESCE, referido al pago de intereses anuales de bonos, más la amortización e intereses de créditos avalados por dicha agencia, llegan a 369 millones de dólares hasta el 2032.
Con el añadido que los desembolsos efectuados para la refinería de Talara, llamada por muchos técnicos “elefante blanco”, es de US$ 6,218 millones.
Peticiones de salvataje
Esta realidad, según quienes conocen los estados financieros revisados por la permisiva consultora Arthur D. Little y otra menos conocida, estos nos permiten asegurar que el agravamiento de la crisis de Petroperú obliga a que sus ejecutivos estén solicitando una y otra vez peticiones de salvataje para convertir sus adeudos en aportes de capital.
Aportes que desde el punto de vista técnico no son otra cosa que un despilfarro de recursos que pone en evidencia su incapacidad para cumplir con sus obligaciones y mantener la continuidad de la cadena de pagos respecto del Tesoro Público y de una comunidad financiera internacional que ha rebajado su calidad crediticia desde octubre del año pasado.
La historia en el último tramo de esta crisis de Petroperú se vio en mayo del año pasado cuando el gobierno de Pedro Castillo desembolsó en favor de la firma estatal un crédito de US$ 750 millones, con el argumento recurrente de garantizar el abastecimiento de combustible en el país.
No se cumplió y pronto la petrolera solicitó a Economía y Finanzas que ese adeudo se convierta “en aporte de capital” porque obviamente ella carecía de liquidez, por lo que, entre otros problemas, se afectaron los trabajos de exploración de nuevas reservas.
Una segunda operación de salvataje tuvo lugar en octubre de 2022 por un monto de US$ 1,466 millones de moneda verde, siempre con el argumento de la necesidad del abastecimiento de combustible y evitar una espiral alcista. Otro argumento es que Petroperú llega a donde nadie llega, pero este nuevo salvataje o aporte de capital adicional ya era demasiado.
Por Plinio Esquinarila

Hidrocarburos
Petroperú y ProInversión trabajan de manera conjunta en gestión financiera [COMUNICADO]

Con relación a la implementación de las medidas extraordinarias y mecanismos financieros dictados por el Ejecutivo para afianzar la estabilidad energética del país, Petroperú y ProInversión comunican a la opinión pública, al mercado y a los actores del sector lo siguiente:
1. Gestión Fiduciaria y Transparencia Absoluta: En estricto cumplimiento del Decreto de Urgencia N.° 003-2026, Petroperú reafirma su respaldo total a que todos los mecanismos financieros, fideicomisos y recursos generados bajo este marco normativo sean estructurados y administrados directamente por ProInversión. Este modelo de gobernanza corporativa garantiza al país y a los acreedores la total trazabilidad, eficiencia y uso estrictamente técnico de los fondos.
2. Prioridad: Abastecimiento Nacional. Los fondos gestionados bajo la rectoría de ProInversión tienen una finalidad ineludible vinculada a asegurar la compra de crudo, sostener la cadena logística a nivel nacional y evitar cualquier riesgo de desabastecimiento de combustibles que afecte a la población y a los sectores productivos.
3. Colaboración Operativa Inmediata: Para asegurar la rápida ejecución de estos mecanismos, la Alta Dirección y el Directorio de Petroperú, como socios estratégicos, asumen el compromiso público de optimizar los procesos internos y facilitar de manera inmediata toda la información y soporte operativo que ProInversión requiera.
4. Reorganización en Marcha: Esta estrategia de financiamiento transparente y blindada se alinea con los objetivos del plan de promoción y reorganización patrimonial en curso. En este contexto, Petroperú, en su condición de empresa estratégica del Estado, continúa orientando sus acciones al fortalecimiento de la cadena de abastecimiento energético del país, asegurando la continuidad operativa y el suministro oportuno a nivel nacional, reforzando el buen gobierno corporativo y consolidando la sostenibilidad financiera de la empresa. Por su parte, ProInversión ejerce su rol como entidad técnica responsable de la conducción del proceso, en un marco de independencia de funciones y respeto de las competencias de cada institución.
5. Ambas instituciones reafirman que el proceso es eminentemente técnico, no político, y está orientado a devolverle la autosostenibilidad a Petroperú protegiendo la seguridad energética del Perú.

Gas Natural
Condor Energy acelera proyecto gasífero en Tumbes

La australiana Condor Energy dio un paso clave para el desarrollo de hidrocarburos costa afuera en el norte del país al solicitar la conversión de su acuerdo técnico en un Contrato de Licencia formal ante Perupetro, luego de consolidar el 100% de participación en el proyecto ubicado en el mar de Tumbes.
Condor Energy presentó ante Perupetro la solicitud para convertir el área LXXXVI (TEA 86) en un Contrato de Licencia, mecanismo que le permitiría iniciar una nueva etapa orientada a la exploración y eventual desarrollo de recursos de gas natural e hidrocarburos offshore.
La empresa tomó esta decisión tras adquirir el 20% de participación que mantenía Jaguar Exploration, quedando como titular único del proyecto y fortaleciendo su posición para atraer nuevos socios e inversionistas.
Potencial gasífero y proyección para el norte del país
El bloque se ubica frente a la costa de Tumbes, en profundidades que van entre 50 y 1,500 metros, donde estudios técnicos identificaron más de 20 zonas con potencial hidrocarburífero.
Dentro del área destaca el campo gasífero Piedra Redonda, que registra recursos estimados de 1,003 billones de pies cúbicos de gas natural y que, de concretarse las siguientes fases regulatorias y exploratorias, podría convertirse en una nueva fuente de abastecimiento energético para el país.
Según estimaciones vinculadas al proyecto, una eventual producción de gas natural podría iniciar en aproximadamente cuatro años, sujeto a aprobaciones regulatorias, perforación exploratoria y desarrollo de infraestructura.
Proyecto apunta a atraer inversión y nuevos socios
La compañía señaló que haber consolidado el 100% del proyecto le otorga mayor flexibilidad para avanzar en negociaciones estratégicas con actores del sector energético.
De aprobarse el Contrato de Licencia, se establecerá un marco de largo plazo para ejecutar campañas de perforación, asegurar financiamiento y avanzar hacia una posible etapa de producción comercial en la cuenca de Tumbes.

Hidrocarburos
Senace aprobó 5 modificaciones del Estudio de Impacto Ambiental del Gasoducto Sur Peruano

Senace aprobó en Cusco 182 expedientes que representan más de US$ 5 848 millones en inversiones sostenibles que contribuirán a obras en beneficio de la población, en minería, hidrocarburos, electricidad, transportes, agricultura y residuos sólidos, sectores estratégicos para la economía de la región.
Entre los principales proyectos figuran 3 Estudios de Impacto Ambiental detallados (EIA-d) de grandes proyectos: Lote 58, Línea de transmisión para la conexión de la C.H. San Gabán III al SEIN y Línea de transmisión 220 kV Tintaya Nueva – Pumiri y subestaciones asociadas.
Asimismo, 5 modificaciones de EIA-d (MEIA-d): Gasoducto Sur Peruano – Estación Echarate, Línea de transmisión 220 kV Machupicchu – Tintaya, Línea de conducción de gas Cashiriari 1 – Planta Malvinas – Lote 88, Antapaccay – Integración Coroccohuayco y unidad minera Constancia.
Recibieron certificación ambiental 126 Informes Técnicos Sustentatorios, necesarios para modificaciones o ampliaciones en proyectos que generan impactos ambientales no significativos o que incorporan mejoras tecnológicas. Otros instrumentos adicionales permitirán la construcción de caminos vecinales y plantas de tratamiento, en beneficio de la población.
Todo ello con participación de la ciudadanía, mediante 61 talleres participativos y 21 audiencias públicas que involucraron a más de 5 200 ciudadanos.
Ruta Regional
Las cifras se difundieron en la “Ruta Regional” del Senace que llegó entre el 12 y 14 de mayo al Cusco y convocó a titulares de proyectos, consultoras ambientales, universidades, colegios profesionales y ciudadanía, para entregar información sobre la certificación ambiental.
La presidenta ejecutiva del Senace, Silvia Cuba Castillo, lideró las jornadas donde se presentaron las herramientas digitales de la entidad, como el Chatbot IA de BIANCA, el Portal de Uso Compartido de Línea Base, el Portal de Criterios Técnicos de Evaluación Ambiental y el renovado Registro Nacional de Consultoras Ambientales (RNCA).
Sobre el Senace
El Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) es un organismo público técnico especializado, adscrito al Ministerio del Ambiente, que evalúa la viabilidad ambiental de los grandes proyectos de inversión del país, con solidez técnica y participación ciudadana efectiva.

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