La presidenta del Comité Sectorial de Hidrocarburos de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), María Julia Aybar Solís, señaló hoy que las empresas de su sector prevén un ambiente favorable para la inversión privada, ante la nueva gestión gubernamental próxima a iniciarse.

Refirió que han revisado el plan de gobierno para los próximos cinco años de Keiko Fujimori, el cual es positivo para atraer más inversiones.

“Nosotros hemos podido revisar el plan de gobierno y nos parece que tiene una política de mantener un marco constitucional y legal que nos permite a nosotros ver con muy buena disposición el tema de desarrollo de nuestro sector en lo que respecta a inversión privada”, declaró a la Agencia Andina.

“Creemos que eso es muy importante porque da un marco de estabilidad y genera este ambiente favorable para continuar mejorando el sector hidrocarburos”, agregó.

Asimismo, indicó que el plan de gobierno “es un primer paso” y por ello se necesitan otros elementos importantes, como el tener una política clara para el desarrollo del sector hidrocarburos.

Ánimos para invertir

De otro lado, la titular del Comité Sectorial de Hidrocarburos del gremio minero energético señaló que sus empresas asociadas siguen “totalmente comprometidas con el país”.

“Es un sector que requiere inversiones y un marco de competitividad de largo plazo, eso es algo esencial”, subrayó.

En ese sentido, indicó que se necesita tener un marco de la Ley Orgánica de Hidrocarburos que establezca los principios de estabilidad de largo plazo, a fin de establecer contratos con plazos que permitan recuperar las costosas inversiones que se realizan y un sistema de regalías competitivo, a fin que la inversión privada sea rentable y al mismo tiempo genere ingresos para el Estado.

Indicó que es necesario invertir en exploración a fin de descubrir nuevas reservas que permitan reponer las que se vienen consumiendo a fin de asegurar el abastecimiento de la demanda de petróleo y gas en el país.

Medidas

Entre las medidas necesarias para impulsar la inversión en su sector, Aybar Solís, señaló que aparte de contar con una política clara de desarrollo del sector, se requiere simplificar los procedimientos burocráticos.

“Que nos permita ser más competitivos y poder desarrollar estos proyectos en plazos razonables. Hoy hacer un proyecto de inversión en el sector puede tomar cinco, seis hasta 10 años”, subrayó.

Refirió que el proyecto del Lote 58, desde su descubrimiento hasta su producción, tardó 10 años.

“Eso no es posible. Porque nos está restando competitividad respecto de los hidrocarburos en otros países”, dijo.

Asimismo, enfatizó la importancia de fortalecer las entidades que regulan el sector de hidrocarburos, como el Ministerio de Energía y Minas (Minem), el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) y Perupetro.

Aybar Solís, señaló que la inversión extranjera en el sector hidrocarburos está poniendo atención en Sudamérica, en países como Venezuela, Colombia y Brasil.

“Ahí nosotros tenemos que dar las señales necesarias para que también nos miren”, puntualizó.

Para la Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH), la nueva etapa que inicia el país debe estar marcada por una transición ordenada y democrática, así como por el fortalecimiento de la estabilidad política e institucional, condiciones indispensables para recuperar la confianza, atraer inversiones y avanzar en las reformas necesarias para impulsar la seguridad energética y el desarrollo económico.

En ese contexto, la SPH planteó que el próximo gobierno impulse una hoja de ruta para reactivar la exploración de hidrocarburos, fortalecer la seguridad energética del país, recuperar la inversión privada y ampliar el acceso a energía competitiva en más regiones. Actualmente, más de 2,5 millones de hogares y cerca de 350 mil vehículos utilizan gas natural diariamente, lo que evidencia la importancia de seguir impulsando su desarrollo y masificación.

De acuerdo con el gremio, el Perú requiere una agenda integral que reconozca el rol estratégico del gas, el petróleo y la exploración responsable como parte de una política pública orientada a garantizar abastecimiento, competitividad, empleo y desarrollo territorial.

“Sin una política energética clara, el país seguirá expuesto a contingencias, dependencia de importaciones y pérdida de competitividad. El próximo gobierno tiene la oportunidad de construir una hoja de ruta seria, técnica y de largo plazo para asegurar energía suficiente y sostenible para los peruanos”, señaló Felipe Cantuarias, presidente de la SPH.

Prioridades

La SPH propuso cuatro prioridades para ordenar esta agenda. La primera es reactivar la exploración de hidrocarburos para reponer reservas y reducir la exposición del país a la volatilidad internacional. La segunda es fortalecer la seguridad energética con planificación, infraestructura, permisos oportunos y mecanismos que permitan anticipar riesgos. La tercera es recuperar la inversión mediante reglas claras y estabilidad jurídica. La cuarta es acelerar la masificación del gas natural, especialmente en regiones donde este recurso aún no llega a hogares, transporte, comercios e industrias.

El gremio recordó que el gas natural ya cumple un rol clave en la economía peruana: aporta cerca del 40% de la generación eléctrica del país y ha permitido mejorar la competitividad de hogares, pymes, industrias y transporte. Sin embargo, aún existen 14 regiones sin acceso a este recurso, por lo que cerrar esa brecha debe ser una prioridad nacional.

En materia de exploración e inversión, la SPH advirtió que el país enfrenta señales que requieren atención urgente. El Perú cuenta con 18 cuencas con potenciales reservas de hidrocarburos, pero solo 5 están activas; además, los contratos de exploración pasaron de 41 en 2015 a 5 en 2024, y en 2025 no se registraron pozos exploratorios. Para el gremio, este escenario evidencia la necesidad de devolver predictibilidad al sector y convertir el potencial energético en inversión, canon, regalías y desarrollo regional.

El Sindicato de Trabajadores Administrativos de Petro-Perú (STAPP) expresó preocupación por la información difundida por el diario El Comercio, la cual pone en evidencia que la estatal habría arreglado las cifras de sus estados financieros del 2025 para minimizar sus pérdidas.

Y es que una auditoría desarrollada por PwC reveló que Petro-Perú no perdió US$468 millones en el 2025, como informó inicialmente, sino US$601 millones.

Es más, la firma auditora dijo haber hallado una incorrección material grave, debida a “fraude o error”, la cual podría influir en las decisiones económicas de la empresa, y atribuyó la responsabilidad a la gerencia.

Al respecto, STAPP solicitó que se disponga una evaluación interna transparente y se determinen las responsabilidades que correspondan, implementando medidas correctivas inmediatas, pero respetando el debido proceso.

Esto, a fin de fortalecer el control interno, la transparencia financiera, la gestión de contingencias y la toma de decisiones basada en criterios técnicos.

“Nuestra organización sindical observa que se habría producido una evaluación deficiente por parte de las áreas responsables, lo que habría impedido que la empresa adoptase, en su momento, decisiones de menor impacto económico”, dijo el sindicato.

Remarcó que no es aceptable que omisiones, retrasos o deficiencias de gestión terminen generando mayores costos para Petro-Perú o agravando su situación económica y financiera.

En esa línea, exigió que los funcionarios responsables actúen con mayor diligencia, eficiencia y eficacia, debido a que “sus actos impactan directamente en el patrimonio de la empresa, su sostenibilidad, su imagen institucional y el cumplimiento de sus obligaciones laborales, contractuales y financieras”.

Del mismo modo, rechazó que se pretenda trasladar a los trabajadores las consecuencias de decisiones que corresponden a niveles directivos y gerenciales.

“Los trabajadores sostienen diariamente las funciones de soporte, control, logística, gestión, operación y continuidad empresarial; por ello, no pueden ser responsabilizados por errores u omisiones de quienes tienen a su cargo la conducción de la empresa”, manifestó STAPP. Fuente. El Comercio